Mejorar nuestras viviendas militares

Publicado originalmente el 26 de abril de 2019:

En una base militar tras otra alrededor del país, familias militares estuvieron sonando la alarma sobre sus condiciones de vida—mohos tóxicos, pintura con plomo, cableados defectuosos, infestaciones de ratas. Techos se derrumbaron. Cuartos se llenaron de moho. Los niños se estaban enfermando. Y cuando las familias reportaron sus preocupaciones a sus comandantes, fueron recibidos con un absoluto desinterés—o peor. Por la manera en que los contratos de vivienda están escritos, hay poco que el comandante de la base local puede hacer.

A mediados de la década de los 90, el Departamento de Defensa concluyó que la mayoría de las 300,000 viviendas que les pertenecían y operaban en las bases  necesitaban trabajos de renovación tras décadas de negligencia. El único problema era que no tenían los fondos para pagar por la modernización de las viviendas. Para reducir costos y acelerar las renovaciones, el Pentágono propuso la privatización—y le ofreció a desarrolladores privados considerables garantías de préstamo y otros incentivos para hacerse cargo del portfolio de las viviendas.

Fue un buen trato—para los desarrolladores  privados. En los últimos 20 años, un puñado de empresas han tomado control de más del 99% de las viviendas familiares militares. Cada mes, el gobierno federal les paga el alquiler sacado directamente del sueldo de cada miembro del ejército, en conjunto con varios bonos  y comisiones. El riesgo es bajo — y las ganancias son gigantescas. 

Pero este sistema terminó siendo un pésimo trato para las familias militares. Con un enfoque en pagos a corto plazo, los desarrolladores  privados fracasaron en invertir y mantener las propiedades que se les encomendaron. Por su parte, el Pentágono descuidó conducir cualquier supervisión significativa, en cambio les pagaron repetidamente bonos por rendimiento a pesar de las  quejas sistemáticas. Como resultado, nuestras familias militares han sido dejadas solas a sufrir las consecuencias.

Eso termina ahora. Hoy estoy desplegando  un plan para mejorar nuestras viviendas militares, proteger a las familias de abuso, y hacer que los desarrolladores privados rindan cuentas por las promesas que les hicieron a quienes sirvieron a nuestro país.

Hacer rendir cuentas a los desarrolladores privados—y a los oficiales del Pentágono que debieron supervisarlos.

Empecemos con algo simple: si un desarrollador no cumple con los términos del acuerdo de mantener las propiedades en condiciones habitables para nuestras familias militares, no deberíamos premiarlos con bonos u otros incentivos. De hecho, requeriré que la Secretaría de Defensa estandarice los arrendamientos en todo el servicio militar y que revise cada contrato de vivienda existente en busca de violaciones antes de que comience el proceso de renovación. 

Bajo mi propuesta, cada base tendrá una oficina de viviendas atendida por defensores de los miembros del servicio militar—no por allegados a los contratistas privados. Esa oficina tendrá una autoridad independiente para inspeccionar las viviendas en la base para asegurar que sean seguras, limpias, y que cumplan con todos los requisitos estatales y locales.

El Pentágono publicará un reporte anual con los detalles financieros del manejo de los contratos de las viviendas. Y los desarrolladores privados tendrán la obligación de publicar una declaración anual financiera, equivalente al formulario 10-K, detallando sus rendimientos financieros.

Y una cosa más: bajo mi plan, será ilegal para cada oficial de defensa de alto rango—o cualquier miembro del Congreso que los supervise—beneficiarse al invertir en las compañías desarrolladoras encargadas de las viviendas militares antes de llegar al Pentágono.

Proteger a los inquilinos militares del abuso, y proveer respaldo  a las familias que fueron afectadas. 

Bajo mi propuesta, lo inquilinos militares obtendrán una “carta de derechos”, por escrito, cuando se muden a las viviendas. El primero de esos derechos es que las familias puedan retener pagos a los propietarios que no cumplan las reglas. En segundo lugar, si las reparaciones o la remediación son necesarios la orden de reparación no puede ser cerrada hasta que el miembro del ejército la apruebe. Y si la reubicación es requerida durante los arreglos, el propietario debe pagarla también—y en el peor de los casos, los miembros del servicio militar deberían poder reubicarse  fuera de la base sin penalización.

Debería haber una encuesta de satisfacción residencial estandarizada a lo largo de todos los servicios y debería ser conducida independientemente de los proveedores de viviendas, y una base de datos consolidada para las quejas de los residentes. El resultado de ambos deberá ser público, así cada familia militar puede tomar una decisión informada acerca de dónde vivir cuando se muden.

Los efectos de vivir en hogares deficientes  pueden ser duraderos. Mi plan le requerirá al Departamento de Defensa a establecer un registro de salud para los miembros del ejército y sus familias, y monitorear las condiciones médicas adquiridas a causa de vivir en hogares inseguros. Donde la ciencia muestre que las condiciones médicas fueron causadas por el ambiente en el que viven, debemos establecer la presunción de una discapacidad causada por el servicio militar para que los miembros del ejército puedan recibir atención médica continua aún cuando dejen el ejército. Además, creo que deberíamos proveer cuidado médico de por vida para dependientes que sufren de condiciones médicas por el resultado de vivir en viviendas militares deficientes. 

Mis tres hermanos sirvieron en el ejército, así que yo entiendo la responsabilidad que le debemos a nuestros miembros del ejército, nuestros veteranos, y a sus familias. El sacrificio que hacen—  traslados constantes, despliegues recurrentes—es enorme. Lidiar con este tema no debería ser complicado. No importa donde estén físicamente, lo menos que le debemos a nuestro personal del ejército es vivienda segura y económica. El no poder proveer  viviendas adecuadas impacta la moral y afecta negativamente la retención y buena disposición. Más aún, es una violación de la confianza que se le debe a quienes se ofrecen como voluntarios para defender a nuestro país.