Luchar para obtener justicia mientras combatimos la crisis climática

Publicado originalmente el 9 de octubre de 2019:

En el 1987, la comisión de justicia racial de la Iglesia Unida de Cristo comisionó uno de los primeros estudios sobre desechos peligrosos en las comunidades de color. Unos años después—exactamente 28 años este mes— los delegados a la Primera Asamblea Nacional de Liderazgo Ambiental para las Personas de Color adoptaron 17 principios de justicia ambiental. Pero años después, el gobierno federal no ha cumplido con la visión que estos líderes pioneros diseñaron, ni con sus responsabilidades con las comunidades a las que representan.

Desde vecindarios predominantemente afroamericanos en Detroit hasta las comunidades Navajo en el suroeste hasta el “Callejón del Cáncer” en Louisiana, la contaminación industrial se ha concentrado en las comunidades de bajos ingresos durante décadas. Estas son comunidades que el gobierno federal ha clasificado tácitamente como las llamadas “zonas de sacrificio”. No solo se trata de la pobreza sino que también se trata de la raza. Un estudio influyente encontró que la familias afroamericanas tienen más probabilidad de vivir en vecindarios con mayores concentraciones de contaminación del aire que las familias blancas, incluso cuando tienen el mismo ingreso o más. Un estudio más reciente encontró que, aunque los blancos causan en gran medida la contaminación del aire, los afroamericanos y latinos tienen más probabilidades de respirarlo. Como era de esperarse, estos grupos también experimentan tasas más altas de asma infantil. Y muchas más comunidades minoritarias y de bajos ingresos están expuestas a toxinas en su agua, incluyendo plomo y productos químicos del escurrimiento industrial y agrícola.

RACISMO AMBIENTAL A TRAVÉS DE LOS ESTADOS UNIDOS

Fuente: Radio Michigan (para datos de Detroit, MI); Departamento de Salud Pública de California (para datos del condado de Los Angeles, CA); Coral Davenport & Campbell Robertson, "Resettling the First American ‘Climate Refugees,’” New York Times (2 de mayo de 2016) (para datos de Isle de Jean Charles, LA).

Y estos estudios no relatan toda la historia. Mientras he viajado por el país, también he escuchado varias historias personales. En Detroit, me reuní con miembros de la comunidad que fueron diagnosticados con cáncer relacionado con la exposición a toxinas después de años de vivir a la sombra de una refinería de petróleo masiva. En New Hampshire hablé con madres que luchan por agua potable que esté libre de químicos dañinos, como de las sustancias polifluoroalquiladas (PFAS, por sus siglas en inglés) que pueden causar efectos perjudiciales a la salud de sus hijos. En Carolina del sur, escuché las historias de las comunidades costeras más vulnerables que enfrentan las mayores amenazas, no solo por el aumento del nivel del mar sino por un siglo de contaminadores industriales. En West Virginia, vi las consecuencias que tuvo el abandono de la industria del carbón sobre las comunidades que hicieron ricos a los accionistas y ejecutivos: pensiones robadas, mineros envenenados y tierra y agua destrozada.

No llegamos a esta situación por accidente. Nuestra crisis de injusticia ambiental es el resultado de décadas de discriminación y racismo ambiental en comunidades que han sido ignoradas por demasiado tiempo. Es el resultado de múltiples decisiones que han puesto las ganancias corporativas antes del bienestar del pueblo mientras que nuestro gobierno se hace de la vista larga. Es inaceptable y debe cambiar.

La justicia no puede ser una preocupación secundaria: debe ser el objetivo principal de nuestra respuesta al cambio climático. El “Green New Deal” nos compromete a una transición justa para todas la comunidades y todos los trabajadores. Pero no crearemos justicia verdadera con solo limpiar vecindarios contaminados y ajustar algunas regulaciones en la Agencia de Protección Ambiental (o EPA, por sus siglas en inglés). También debemos priorizar a las comunidades que han experimentado una desinversión histórica en toda su gama de necesidades: viviendas asequibles, mejor infraestructura, buenas escuelas, acceso a la atención médica y buenos empleos. Necesitamos comunidades más fuertes y resistentes que estén preparadas con los recursos adecuados para resistir los impactos del cambio climático. Necesitamos grandes cambios dirigidos por miembros de las comunidades más impactadas.

NINGUNA COMUNIDAD DEBE QUEDAR ATRÁS 

Las mismas comunidades que han soportado el impacto de la contaminación industrial, son las primeras que sufren las consecuencias del cambio climático. Por eso, los líderes de la comunidad local organizan la lucha para responsabilizar a los contaminadores y combatir los efectos de la crisis climática. En el área del código postal 48217 de Detroit, por ejemplo, los miembros de la comunidad que viven en medio de la contaminación industrial me comentaron de qué maneras se han unido para identificar fugas en las refinerías e informar a sus vecinos. En Alabama y Mississippi, me reuní con residentes de vecindarios anteriormente afectados que me hablaron sobre su lucha contra la contaminación del agua potable causada por sistemas inadecuados del alcantarillado municipal. Las naciones tribales que han sido desproporcionadamente afectadas por el racismo ambiental y los efectos del cambio climático, están liderando el camino en estrategias de adaptación y resistencia climática y en el apoyo a ecosistemas saludables. El gobierno federal debe hacer más para apoyar y elevar los esfuerzos de estas y otras comunidades. Así es cómo podemos cumplir esto:

• Rediseñar los mapas para crear equidad ambiental. Actualmente la EPA diseña los mapas de las comunidades basado en indicadores ambientales y demográficos, pero el gobierno federal puede esforzarse más para identificar comunidades en riesgo. Necesitamos un esfuerzo riguroso interagencial para identificar las desigualdades que se han acumulado en la salud y las vulnerabilidades climáticas para crear una referencia cruzada con estos datos y otros indicadores de la salud socioeconómica. Usaremos estos datos para ajustar las reglas usadas para otorgar permisos bajo las autoridades del “Clean Air and Clean Water Act” y así  considerar mejor los impactos acumulativos y coincidentes de la contaminación. También publicaremos estos datos en línea para ayudar a las comunidades a monitorear el bienestar de su propia salud.

• Implementar revisiones enfocadas en la equidad para inversiones climáticas. Identificar las comunidades en riesgo es solo el primer paso. El “Green New Deal” invertirá billones de dólares para transformar la forma en que obtenemos y usamos energía. El gobierno debe priorizar estos recursos para asistir a las comunidades vulnerables y remediar injusticias. Mi amigo, el gobernador Jay Inslee, nos retó a financiar primero a las comunidades más vulnerables como lo hicieron Nueva York y California que ya han aprobado leyes para dirigir fondos específicamente a las comunidades más impactadas. El gobierno federal debería hacer lo mismo. Asignaré un tercio de mi inversión a mi propuesta climática para las comunidades más vulnerables, un compromiso que canalizará al menos $1 billón en estas áreas durante la próxima década.

• Fortalecer las herramientas para mitigar los daños ambientales. Firmado en el año 1970, la Ley de Política Ambiental Nacional (NEPA, por sus siglas en inglés) provee muchas de nuestras protecciones ambientales existentes. Pero aunque el cambio climático ha dejado en claro que debemos eliminar nuestra dependencia de los combustibles fósiles, la Administración Trump ha tratado de debilitar NEPA con el objetivo de acelerar aún más los proyectos de infraestructura de combustibles fósiles. Al mismo tiempo, la administración Trump a actuado para devaluar y restar importancia en la consideración de los impactos climáticos en todas las decisiones federales. Esto es completamente inaceptable ante la emergencia climática que enfrenta nuestro planeta. Como presidenta, ordenare que todas las agencias federales consideren los impactos climáticos en sus procesos de permisos y reglamentación. Medidas para combatir el cambio climático deben ser integradas en todo lo que hace el gobierno federal. Pero también necesitamos un estándar que requiera que el gobierno haga más que simplemente "evaluar" el impacto ambiental de los proyectos propuestos; necesitamos mitigar completamente los impactos negativos que se están causando.

Más allá de esto, la administración Warren trabajará para dar a las personas una mayor participación en lo que sucede en sus comunidades. Con demasiada frecuencia hoy en día, los planes locales se descartan o se ignoran. Y cuando las naciones tribales estén involucradas, los proyectos no deben continuar a menos que los desarrolladores hayan obtenido el consentimiento libre, previo e informado de los gobiernos tribales afectados. Usaré todo el poder de mi autoridad ejecutiva bajo NEPA para proteger a estas comunidades y darles voz en el proceso. Y lucharé por mejorar la ley para reflejar las realidades de la crisis climática que estamos viviendo hoy.

• Crear riqueza en las comunidades más impactadas. Personas de color tienen más probabilidades de vivir en vecindarios más vulnerables a los riesgos del cambio climático o donde son sujetos a peligros ambientales como la contaminación. Esto no es una coincidencia, es una consecuencia de políticas racistas sobre vivienda y de segregación oficialmente sancionada que denegó a las personas de color la oportunidad a crear riqueza calidad y la opción de escoger el mejor vecindario para sus familias. Luego, estas mismas comunidades fueron víctimas de las peores hipotecas antes de la crisis financiera, mientras el gobierno lo ignoró. Mi plan de vivienda incluye un programa de asistencia para el pago inicial, el primero de su tipo que brinda subsidios a largo plazo a los residentes de las comunidades afectadas por la política conocida como “redlining” para que puedan comprar sus casas en el vecindario de su elección y comenzar a crear riqueza y revertir el daño causado. Brinda asistencia a los propietarios de viviendas en estas comunidades que aún deben más de lo que valen sus casas, lo que puede usarse para preservar sus hogares y revitalizar sus comunidades. Estas comunidades deberían tener la oportunidad de liderarnos en la lucha contra el clima y tener acceso a las oportunidades económicas creadas por el sector de energía limpia. Con las inversiones adecuadas y con una planificación dirigida por la comunidad, podemos elevar a las comunidades que han visto represión y racismo, encaminándolos hacia un futuro más prometedor.

• Expandir el cuidado de salud. Las personas de las comunidades más impactadas sufren desproporcionadamente de varios tipos de cáncer y de otras enfermedades particularmente asociadas con la contaminación ambiental. Haciendo la situación más difícil; estas personas son menos probables de tener acceso al cuidado de salud de buena calidad. Bajo el plan de Medicare para todos, el acceso a la atención médica de alta calidad a un bajo precio será asequible para todos, permitiendo que comunidades menos favorecidas reciban servicios de emergencia. Además de proporcionar cobertura de salud de alta calidad para todos, el sistema de Medicare para todos simplifica y hace más fácil que el gobierno federal pueda responder rápidamente con atención médica a las comunidades afectadas por desastres ambientales cuando ocurran.

• Investigaciones conducidas equitativamente. Por años hemos invertido en estrategias con un amplio enfoque dirigido a asistir a todas las personas, pero siempre dejan a las comunidades de color atrás. La justicia verdadera requiere estrategias centradas en los desafíos que enfrentan los individuos de las comunidades más afectadas. He propuesto una inversión histórica de $400 mil millones en la investigación y desarrollo de la energía limpia. Utilizaremos esta financiación para investigar las intervenciones basadas en lugares específicos y dirigidas a las comunidades que necesitan más asistencia.

Exposición a la contaminación por grupo (2003-2015)

NINGÚN TRABAJADOR DEBE QUEDAR ATRÁS

La crisis climática afecta a todos pero también representa una oportunidad única en esta generación: crear millones de empleos estadounidenses bien remunerados en energía limpia y renovable, infraestructura y manufactura; dar rienda suelta a lo mejor de la innovación y la creatividad estadounidense; reconstruir nuestros sindicatos y crear progreso real y justicia para los trabajadores y confrontar directamente la desigualdad racial y económica incrustada en nuestra economía de combustibles fósiles.

El reto que tenemos antes nosotros es enorme y exige que todos actuemos. Requerirá modificaciones masivas a la infraestructura de nuestra nación y a nuestra base de producción. También se requiere un reajuste en nuestro enfoque económico para asegurar que las comunidades de color y otras que han sido sistemáticamente perjudicadas por nuestra economía de combustibles fósiles no se queden rezagadas durante la transición a la energía limpia.

Pero también es una oportunidad. Necesitaremos millones de trabajadores: Personas con habilidades para construir y fabricar en diferentes industrias, contratistas calificados y experimentados para planificar y ejecutar grandes proyectos de construccion e ingenieria, y programas de capacitación y aprendizaje laboral para asegurar un suministro continuo de trabajadores calificados y disponibles. Este puede ser un gran momento de unidad nacional con un propósito común de vidas transformadas para mejorar. Pero no podemos tener éxito en nuestra lucha contra el cambio climático a menos que todos los trabajadores que cuentan con habilidades para ayudar cumplir este objetivo estén involucrados en el proceso.

Tampoco vamos a poder combatir el cambio climático con una economía de bajo salarios.

Los trabajadores no deberían estar forzados a tomar una decisión imposible entre empleos de la industria de combustibles fósiles con salarios y beneficios superiores o puestos de trabajo de economía verde donde los salarios son más bajos. Durante mucho tiempo, ha habido una tensión entre la transición hacia una economía verde y la creación de buenos trabajos sindicales para la clase media. Bajo la administración Warren vamos a desarrollar estos proyectos: la creación de buenos puestos de trabajo a través de inversiones en una economía limpia junto con mejor protección para los trabajadores. Por ejemplo, mi plan llamado “Green Manufacturing” hace un compromiso de adquisición de $1.5 billones para la manufactura nacional dependiendo de compañías que ofrezcan salarios justos, licencia familiar y médica remunerada, prácticas de programación equitativas y derechos de negociación colectiva. Del mismo modo, mi plan de energía 100% limpia requerirá la modernización de los edificios de nuestra nación, la reingeniería de la red eléctrica y la adaptación de nuestra base de producción, creando buenos empleos sindicales, con salarios vigentes determinados a través de negociaciones colectivas para millones de trabajadores calificados y con experiencia.

Nuestro compromiso con el “Green New Deal” es un compromiso para obtener un mejor futuro para los trabajadores de nuestro país.

Y comienza con un compromiso real con los trabajadores y la persona que está sentada en la Casa Blanca. Yo lucharé por tu trabajo, tu familia y tu comunidad tanto como por la mía. Pero hay mucho más que podemos hacer para cuidar a los trabajadores estadounidenses antes, durante y después de esta transición. Estas son algunas maneras de cómo podemos empezar:

• Cumpliremos nuestros compromisos con los trabajadores de combustible fósil. Los mineros del carbón, trabajadores en plataformas petrolíferas, constructores de oleoductos y otros trabajadores que han sacrificado bastante para construir la infraestructura que impulsó la economía estadounidense durante el siglo veinte. En agradecimiento, ellos merecen más que turismo y si esperamos volver a contar con ellos y sus habilidades para reingeniar el país, debemos proveerles un buen salario por el trabajo que necesitamos que realicen. Estoy comprometida a proporcionar capacitaciones de trabajo y la garantía de salarios y beneficios para trabajadores que están en transición a nuevas industrias. Y para estadounidenses que no desean buscar un nuevo empleo y solo quieren jubilarse con dignidad, aseguraremos seguridad financiera, incluyendo pensiones prometidas y beneficios de jubilación temprana.

• Defender las pensiones, beneficios y una jubilación decente para los  trabajadores. Juntos aseguraremos que tanto los empleadores, como nuestro gobierno, cumplan con las promesas que hicieron a los trabajadores de la industria de combustibles fósiles. He luchado por años para proteger las pensiones y beneficios de salud para los mineros del carbón jubilados y continuaré luchando para mantener la solvencia de planes de pensiones de múltiples empleadores. Como presidenta, protegeré los beneficios que los trabajadores de combustible fósil han ganado. Mi plan para empoderar a los trabajadores estadounidenses se compromete a defender las pensiones, reconociendo el valor de pensiones con beneficios determinados y promover la aprobación del “Butch-Lewis Act” para crear un programa de préstamos para planes de pensiones con mayores dificultades financieras en el país. Igualmente mi plan del Seguro Social aumentaría los beneficios por $200 al mes para cada beneficiario, sacando a casi 5 millones de personas mayores de la pobreza y ampliando los beneficios para los trabajadores con discapacidades y sus familias.

• Crear comités conjuntos de seguridad y salud. En el 2016, más de 50,000 trabajadores murieron a causa de enfermedades relacionadas con el trabajo. Y desde el comienzo de su administración, Trump ha revocado las reglas y regulaciones que limitan la exposición a ciertos productos químicos y requisitos en torno a las inspecciones de seguridad de las instalaciones, poniendo en peligro aún más a los trabajadores y a las comunidades que los rodean. Cuando trabajadores tienen el poder de mantenerse a salvo, sus comunidades están más seguras. La administración Warren restablecerá las reglas y regulaciones de seguridad laboral que Trump eliminó y trabajará para exigir a las grandes empresas que creen comités conjuntos de seguridad industrial y salud con representación de los trabajadores y las comunidades afectadas.

• Obligar a las compañías de combustibles fósiles a cumplir con sus obligaciones. Como cuestión de justicia, debemos reforzar las leyes relacionadas a la bancarrota para evitar que las compañías de carbón y otros combustibles fósiles evadan su responsabilidad con sus trabajadores y con las comunidades que han contaminado. En el Senado, he luchado para mejorar la situación de las pensiones y los beneficios de los trabajadores del carbón de empresas que se han ido a la bancarrota. Como presidenta, trabajaré con el Congreso para aprobar legislación para que se hagan realidad estos cambios.

Y como parte de nuestro compromiso, debemos cuidar a todos los trabajadores, incluyendo a los que fueron afectados hace décadas por la economía de los combustibles fósiles. Aunque el “New Deal” de Franklin D. Roosevelt es la inspiración para esta movilización a gran escala del gobierno federal para vencer la crisis climática, no fue perfecto. La verdad es que con demasiada frecuencia, muchas agencias y políticas del “New Deal” estaban contaminadas por el racismo estructural. Y como la desindustrialización condujo a una desinversión prolongada, las comunidades de color fueron frecuentemente las primeras en perder trabajos y los primeros lugares donde los políticos pensaron en arrojar los desechos de las industrias desaparecidas. Ahora existe un riesgo real de que las comunidades pobres que dependen de los combustibles de carbono tengan que cargar los costos de la lucha contra el cambio climático. Debemos tener cuidado de no repetir las fallas y limitaciones del “New Deal” original a medida que implementemos el “Green New Deal” y hagamos la transición de nuestra economía a energía 100% limpia. Necesitamos construir una economía que funcione para todos los estadounidenses para que nadie se quede atrás.

PRIORIZAR LA JUSTICIA AMBIENTAL A NIVELES MÁS ALTOS

Mientras trabajamos para implementar el “Green New Deal” nuestro compromiso con la justicia ambiental no se puede aplazar. Debe ser un esfuerzo primordial en nuestra lucha contra el cambio climático. Esto significa que debemos estructurar nuestras agencias gubernamentales para asegurar la priorización de las comunidades en primera línea y cercanas cuando se implemente una transición justa. Esto asegura que las comunidades más vulnerables tengan voz y puedan ser representadas en el proceso de decisiones que les afectan y de que tengan acceso directo a la Casa Blanca. Esto se ejecutará de la siguiente manera:

• Elevar la justicia ambiental en la Casa Blanca. Transformaré el Consejo de Calidad Ambiental en un Consejo de Acción Climática con un mandato más amplio, que incluye hacer la justicia ambiental una prioridad tanto para el desarrollo de políticas como para la implementación de políticas. Actualizaré la orden ejecutiva del año 1994 que ordenó a las agencias federales hacer que el logro de la justicia ambiental sea parte de sus misiones y revitalizaré el consejo interagencial, a nivel de gabinete, sobre la justicia ambiental. Comisiónaremos al Consejo Asesor Nacional de Justicia Ambiental para informar directamente a la Casa Blanca, presentando las voces de los líderes comunitarios de primera línea a un nivel más alto. Y llevaré a estos líderes a la Casa Blanca a una cumbre de justicia ambiental dentro de mis primeros 100 días a cargo, para honrar el trabajo de activistas que han estado en esta lucha por décadas y para escuchar ideas sobre cómo podemos progresar. Para garantizar la implementación de las políticas, mi administración convocará al Consejo Asesor Nacional de Justicia Ambiental de manera regular para escuchar directamente de las comunidades más afectadas.

• Empoderar a la EPA para apoyar a las comunidades de primera línea. La administración Trump ha propuesto recortes dramáticos a la EPA, incluyendo su oficina de Derechos Civiles, y amenazó con eliminar por completo la Oficina de Justicia Ambiental de la EPA. Restauraré y haré crecer de forma conjunta estas oficinas, incluyendo ampliar los programas de pequeñas subvenciones de la Justicia Ambiental y la Acción Comunitaria para un Medio Ambiente Renovado (o CARE por sus siglas en inglés). Condicionaremos estos fondos de subvención competitivos al desarrollo de planes de justicia ambiental a nivel estatal y local asegurándonos que las oficinas regionales de la EPA permanezcan abiertas para brindar apoyo y desarrollo. Históricamente, la Oficina de Derechos Civiles de la EPA ha rechazado nueve de cada diez casos presentados para su revisión. Bajo la administración Warren, buscaremos agresivamente casos de discriminación ambiental donde sea que ocurran.

• Reforzar a la CDC para que desempeñen un papel más importante en la justicia ambiental. Los vínculos entre la contaminación industrial y los resultados negativos para la salud pública son claros. La administración Warren financiará completamente los programas de salud ambiental del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), como la prevención de envenenamiento por plomo en la infancia y las investigaciones de salud de la comunidad. También proporcionaremos subvenciones adicionales para investigaciones independientes sobre los efectos a la salud.

• Disminuir la influencia de la industria petrolera. Las grandes corporaciones manipulan el sistema para que trabajen por sí mismas, explotan e influyen en el proceso regulatorio y posicionan a los representantes de la industria en puestos de autoridad y para la toma de decisiones dentro de las agencias. Mi plan para terminar con la corrupción en Washington cerraría la puerta giratoria entre la industria y el gobierno, reduciendo la capacidad de la industria para influir en el proceso regulatorio y asegurando que las reglas promulgadas por nuestras agencias ambientales reflejen las necesidades de las comunidades y no de la industria de los combustibles fósiles.

El DERECHO A ENERGÍA ASEQUIBLE Y AGUA LIMPIA

Casi un tercio de hogares estadounidenses tienen que luchar para pagar sus recibos de luz. Las familias indígenas, afroamericanas y latinas tienen menos probabilidad de tener una fuente de electricidad o energía segura.  Los que rentan también suelen estar en desventaja ya que los propietarios de sus viviendas no están dispuestos a invertir en mantenimiento de edificios para hacerlos más seguros, ni en impermeabilización o energía más asequible. La implementación de energía limpia es desigual a través de diferentes razas, incluso después de considerar la diferencia en los ingresos. Tengo un plan para que los Estados Unidos  cambie al uso de energía 100% limpia y renovable con cero emisiones de generación de electricidad antes del año 2035. Pero la justicia de energia tiene que ser una parte esencial de nuestra transición a energía limpia: Esto significa lo siguiente:

• Controlar los altos costos de energía. Las familias de bajos ingresos, particularmente las que se encuentran en áreas rurales, están gastando la mayor parte de sus ingresos en pagos de energía. A menudo esto es el resultado de un mantenimiento de impermeabilización inadecuado en casas móviles o viejas ante la falta de actualización para que sean energéticamente eficientes. Estoy comprometida a alcanzar el reto del gobernador Inslee de modernizar el 4% de edificios en los Estados Unidos anualmente para aumentar la eficiencia de energía y comenzar esta iniciativa nacional dándole prioridad a las comunidades más afectadas. Adicionalmente mi plan de vivienda incluye más de $10 mil millones en programas de subsidios competitivos para comunidades que inviertan en viviendas asequibles y bien ubicadas. Son fondos que pueden ser utilizados para la modernización e impermeabilizacion de casas, infraestructura y escuelas. También dirige fondos adicionales a los gobiernos tribales, a las comunidades rurales y jurisdicciones con alta población minoritaria donde muchos propietarios todavía están sufriendo con las consecuencias de la crisis económica del año 2008. La modernización de energía puede ser una gran fuente de trabajos sostenibles y me comprometo a asegurar que estos sean buenos trabajos con protección federal completa y con el derecho a sindicalizarse.

• Apoyar el poder comunitario. Las cooperativas de energía, propiedad del consumidor (muchas de las cuales se establecieron para electrificar áreas rurales durante el “New Deal”) proveen servicios a aproximadamente 42 millones de personas en todo el país. Mientras algunas cooperativas están comenzando a hacer una transición de sus activos a recursos de energía renovable, demasiadas están atrapadas en contratos a largo plazo que las hacen dependientes del carbón y otros combustibles contaminantes para su energía. Para acelerar la transición hacia la energía limpia, mi administración ofrecerá asistencia para cancelar la deuda y reestructurar los préstamos para ayudar a las cooperativas a salir de los contratos de carbón a largo plazo y proporcionar financiamiento adicional a bajo costo o sin costo para la generación y proyectos de transmisión de electricidad sin carbón a través del programa de Servicios Públicos Rurales. Trabajaré con el Congreso para extender y ampliar bonos de energía limpia que permitirá a grupos comunitarios y organizaciones no lucrativas que no tienen ingresos de impuestos a tener acceso a iniciativas de energía limpia. También proveerá apoyo dedicado a las cuatro administraciones de poder mercadotecnia: el “Tennessee Valley Authority” y el “Appalachian Regional Commission” para ayudarles a construir activos públicos y despachar energía limpia para ayudar a las comunidades en la transición de combustibles fósiles. Acelerando la transición hacia energía limpia  reducirá las emisiones de carbón, limpiara nuestro aire y bajará los costos de servicios para consumidores en las áreas rurales.

• Proteger los patrimonios locales. Las comunidades que planifican proyectos de energía grandes tienen derecho a recibir una parte de los beneficios. Pero frecuentemente, a las compañías grandes de energía se les otorgan millones de dólares en subsidios de impuestos para que se ubiquen en una área específica sin hacer ningún compromiso correspondiente con la comunidad. Los acuerdos de beneficios comunitarios pueden ayudar a resolver desequilibrios de poder entre desarrolladores de proyectos y las comunidades de bajos ingresos estableciendo estándares laborales, ambientales y transparentes antes que los proyectos empiezen. Creará subsidios federales adicionales o beneficios de impuestos para proyectos grandes de servicios contingente con los acuerdos de beneficios comunitarios que deben incluir requisitos para salarios prevalecientes y derechos de negociación colectiva. Insistiré en una disposición de recuperación si una empresa no mantiene su parte del acuerdo. Si los desarrolladores trabajan con las comunidades para garantizar que todos se beneficien del desarrollo de energía limpia, podremos reducir nuestras emisiones más rápido.

Es simple: el acceso a agua limpia es un derecho humano básico. La calidad del agua es un problema en las comunidades urbanas y rurales. Por ejemplo, en las zonas rurales el desagüe hacia ríos y arroyos por parte de la industria agrícola ha envenenado el agua potable local. En las zonas urbanas, la falta de inversión en infraestructura ha dado como resultado que el plomo y otros venenos se filtren en los viejos sistemas de agua de la comunidad. Necesitamos tomar medidas para proteger nuestra agua potable. Lo podemos lograr de la siguiente manera:

• Invertir en los sistemas públicos de agua de nuestra nación. El agua de los Estados Unidos es un activo público y debe ser propiedad de y para el público. La administración Warren pondrá fin a décadas de desinversión y privatización del sistema de agua de nuestra nación: Nuestro gobierno en todos los niveles debe invertir en agua potable segura y asequible para todos nosotros.

• Aumentar y hacer cumplir los estándares de calidad del agua. Nuestro gobierno debe exigir estrictas normas para garantizar que agua limpia sea disponible para todos los estadounidenses. Restauraré la regla del agua de la era de Obama que protegía nuestros lagos, ríos, arroyos y el agua potable que proveen. También necesitamos un estándar fuerte y seguro de agua potable a nivel nacional que incluye PFAS y otros productos químicos. La administración Warren hará cumplir plenamente los estándares de la Ley de Agua Potable Segura para todos los sistemas públicos de agua. Regularé firmemente los productos químicos que ingresan a nuestro suministros de agua, incluso mediante la designación de PFAS como sustancia peligrosa.

• Financiar el acceso a agua limpia. Nuestro desafío de agua potable va más allá del plomo y más allá de Flint y Newark. Para responder, la administración Warren se comprometerá a capitalizar completamente el Fondo Rotatorio del Estado del Agua Potable y el Fondo Rotatorio del Estado del Agua Limpia para renovar la infraestructura del agua antigua y apoyar las operaciones para el mantenimiento del tratamiento del agua, priorizando a las comunidades más afectadas por una infraestructura de agua inadecuada. En las zonas rurales, aumentaré los fondos para el Programa de gestión de conservación a $15 mil millones anuales, capacitando a las familias de agricultores para ayudar a minimizar la escorrentía agrícola que daña los pozos locales y los sistemas de agua. Para abordar el problema del plomo específicamente, estableceremos un programa de subsidio de reducción de plomo con un enfoque en las escuelas y guarderías y nos comprometemos a eliminar el plomo en todos los edificios federales. Proporcionaremos un Crédito Fiscal de Seguridad del Plomo para que los propietarios inviertan en tratamiento. La administración Warren también financiará completamente IDEA y otros programas de apoyo que ayudarán a los niños con problemas de desarrollo por resultado de la exposición al plomo.

PROTEGER A LOS MÁS VULNERABLES DURANTE LOS DESASTRES CLIMÁTICOS

En el 2018, las tres catástrofes ambientales más costosas del mundo ocurrieron en los Estados Unidos. Y si bien cualquier comunidad puede verse afectada por un huracán, una inundación, un clima extremo o un incendio, el impacto de este tipo de desastres es particularmente devastador para las comunidades de bajos ingresos, las personas con discapacidad y las personas de color. Por ejemplo, cuando el huracán María azotó la isla de Puerto Rico, décadas de racismo y negligencia se multiplicaron por la incapacidad del gobierno para prepararse y la respuesta racista de Trump después del desastre, lo que resultó en la muerte de al menos 3,000 puertorriqueños y daños a largo plazo a muchos más. Mientras luchamos contra el cambio climático, también debemos prepararnos para sus impactos: crear resistencia no solo en algunas comunidades, sino en todas partes. Así es cómo podemos comenzar a hacer esto:

• Invertir en mitigacion previa al desastre. Por cada dólar invertido en mitigación, el gobierno y las comunidades ahorran $6 en total. La administración Trump ha propuesto recortes abruptos al Programa de Mitigación Preventiva para Desastres de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés) abandonando las comunidades justo cuando el riesgo de desastres relacionados con el clima están aumentando. Como presidenta, invertiré en programas que ayuden a las comunidades vulnerables a desarrollar más fortaleza quintuplicando los fondos de este programa.

• Mejorar la preparación para eventos de inundación. Cuando visité Pacific Junction en Iowa, vi escenas de devastación: Cosechas de la temporada arruinadas, autos totalmente estancados y el agua que alcanzó 7 y 8 pies de altura dentro de los hogares. Y muchos residentes de Pacific Junction viven con miedo de que esto vuelva a suceder próximo año. Los gobiernos locales dependen de los mapas de riesgo de inundación  proporcionados por FEMA, pero algunos de estos mapas no han sido actualizados en décadas. En mi primer término como presidenta, ordenare a FEMA actualizar los mapas de riesgo de inundación con datos predictivos, priorizando e incluyendo las comunidades más vulnerables en este proceso. Elevaremos los estándares para nuevas construcciones, incluso al establecer el Estándar Federal de Gestión de Riesgos e Inundación. Y haremos que sea más fácil para los residentes vulnerables mudarse de propiedades propensas a inundaciones, incluyendo mediante la compra de estas a los propietarios de bajos ingresos por un valor que les permita reubicarse y luego derribaremos estas propiedades propensas a inundaciones y de esta manera todos quedarán protegidos.

• Mitigar el riesgo de incendios forestales. También debemos invertir en mejorar la creación de mapas de incendios y programas de prevención. Bajo la administración Warren, mejoraremos drásticamente la creación de mapas y prevención de incendios, al invertir en modelos más avanzados enfocándonos en ayudar a los más vulnerables; Incorporando no solo el riesgo de incendios sino también demografías comunitarias. Priorizaremos estos datos para invertir en la administración de las tierras particularmente con las comunidades en riesgo. Así también apoyaremos la reforestación, reduciendo el riesgo de incendios y creando empleos al mismo tiempo. Adicionalmente, invertiremos en tecnología de microrredes para poder desconectar la electricidad en áreas de alto riesgo cuando se requiera sin tener que interrumpir la fuente de energía para el resto de la comunidad. Como presidenta, colaboraré con los gobiernos tribales en las prácticas de gestión de la tierra para reducir los incendios forestales, incluso mediante la incorporación de prácticas ecológicas tradicionales y la exploración de la gestión conjunta y el retorno de los recursos públicos a la protección indígena siempre y cuando sea posible.

• Dar prioridad a las poblaciones en riesgo al planificar las respuestas a desastres. Cuando el incendio más mortal en la historia de California azotó a la ciudad de Paradise el noviembre pasado, la mayoría de las víctimas tenían una discapacidad o eran de la tercera edad. Las personas con discapacidad enfrentan mayores dificultades en la asistencia de evacuación y en el acceso a la atención médica crítica. Para las personas sin hogar, los desastres agravan los desafíos existentes en materia de vivienda y salud. Y el miedo a una deportación puede disuadir a las personas indocumentadas de contactar a los servicios de emergencia para obtener ayuda para evacuar o ir a un refugio de emergencia. Como presidenta, fortaleceré las reglas para exigir planes de respuesta inmediata a desastres para defender los derechos de las poblaciones vulnerables. En mi plan de inmigración, estoy comprometida a establecer estrictas directrices para proteger las locaciones sensibles que incluyen los refugios de emergencia. También desarrollaremos las mejores prácticas al nivel federal para ayudar a gobiernos estatales y locales a establecer planes para las comunidades en riesgo, incluso medidas para condiciones climáticas. Además requeriremos que los servicios de evacuación sean accesibles para  personas discapacitadas. Durante emergencias, trabajaremos para asegurar que la información importante sea compartida de manera que refleje las diferentes necesidades de las personas con discapacidades al igual que las comunidades en riesgo: Como repartir información en lengua de signos americano (ASL, por sus siglas en inglés), braille y otros idiomas que son prominentes en la comunidad. Estableceremos una Comisión Nacional de Desastres y Derechos para Discapacitados, asegurando que la inversión federal por desastres cumpla con la Ley para Personas con Discapacidades (ADA, por sus siglas en inglés) y apoyaremos a las personas con discapacidades en la planificación de desastres. Nos aseguraremos que las personas continúen con acceso a los servicios de atención médica en caso que tengan que abandonar su comunidad o si hay una interrupción en la atención. Y nos aseguraremos que haya un número suficiente de especialistas en discapacidades en los equipos estatales de gestión de emergencias y en el cuerpo de respuesta a desastres de FEMA.

• Asegurar una recuperación justa y equitativa. Como consecuencia del Huracán Katrina, estafadores y especuladores de desastres se beneficiaron del sufrimiento de muchas personas para hacer dinero fácilmente. Y después de que George W. Bush suspendió la Ley Davis-Bacon, facilitó el camino para que los contratistas les pagaran salarios más bajos a los trabajadores y muchas veces bajo condiciones peligrosas, especialmente para los trabajadores inmigrantes y de bajos ingresos. Como presidenta, impondré fuertes reglas para asegurar que los dólares de los impuestos federales se destinen a la recuperación de las comunidades, no para llenar los bolsillos de los contratistas. Debemos mantener estándares altos y proteger a los trabajadores incluso cuando ocurre un desastre.

Los estudios muestran que los blancos y los adinerados reciben más ayuda federal por desastre, a pesar que son más capaces de soportar financieramente un desastre.

Esto es particularmente cierto cuando se trata de la vivienda. Los programas de FEMA están diseñados para proteger a los propietarios de viviendas, incluso cuando la vivienda se ha vuelto más difícil de conseguir para una mayor parte de estadounidenses. Como presidenta, reformaré la asistencia de vivienda después de un desastre para mejor proteger a los inquilinos, incluyendo el compromiso de un mínimo de reemplazo individual por cualquier vivienda asequible, subsidiada por el gobierno, dañada, y así mejor proteger a las familias de bajos ingresos. Trabajaré con el Congreso para enmendar la Ley Stafford para lograr que los fondos de subvenciones sean más flexibles y que permitan que las familias y las comunidades se puedan reconstruir de formas más resistentes. Estableceremos un programa competitivo de subvenciones, basado en el plan piloto posterior a Sandy “Rebuild by Design”, para ofrecer a los gobiernos estatales y locales la oportunidad de competir por fondos adicionales para proyectos creativos de resiliencia.

Bajo la administración Warren, monitoreamos la recuperación después de los desastres para brindar ayuda a gobiernos estatales y locales y entender mejor las consecuencias a largo plazo y la efectividad de las diferentes estrategias de recuperación. Esto incluirá como enfrentar la gentrificación climática, para garantizar la recuperación equitativa para todas las comunidades. Nos centraremos en el derecho al retorno de las personas que han sido desplazadas durante un desastre y le daremos prioridad a las comunidades más vulnerables en su retorno o reubicación. Aunque la reubicación debería ser el último recurso, cuando ocurra debemos mejorar el nivel de vida y mantener a las comunidades juntas siempre que sea posible.

RESPONSABILIZAR A LOS CONTAMINADORES

En Manchester, Texas, el daño del huracán Harvey no fue aparente hasta después de que pasó la tormenta, cuando un olor espeso y químico comenzó a flotar en la comunidad mayoritariamente latina, que está rodeada por casi 30 refinerías y plantas químicas. Una falla en un petrolero había liberado 1,188 libras de benceno en el aire, una de al menos cien fugas que ocurrieron en el área después de Harvey. Pero debido a que los reguladores habían apagado los monitores que miden la calidad del aire y sustancias tóxicas en anticipación a la tormenta, las fugas pasaron desapercibidas y la comunidad no estuvo informada.

VALORES MEDIOS DE CONCENTRACIÓN TÓXICA DEL VECINDARIO POR CATEGORÍA DE RAZA E INGRESOS (2000)

Fuente: Liam Downey & Brian Hawkins, “Race, Income, and Environmental Inequality in the United States,” Sociological Perspectives (diciembre de 2008).

Esto nunca debería haberse permitido. Pero Manchester también está sujeto a un promedio de 484,000 libras de fugas químicas tóxicas por año. Esto no es solo una tragedia, es un ultraje. Debemos responsabilizar a los contaminadores por su papel en el daño continuo y sistémico de las comunidades vulnerables. Como presidenta, utilizaré toda mi autoridad para responsabilizar a las empresas por su papel en la crisis climática. Así es cómo podemos lograr esto:

• Usar todas las herramientas de supervisión del gobierno federal. La administración Warren alentará a la EPA y al Departamento de Justicia a presionar a las compañías contaminantes, particularmente en casos de discriminación ambiental. Necesitamos consecuencias reales para los contaminadores corporativos que infrinjan nuestras leyes ambientales. Esto significa fuertes multas, que invertiremos en las comunidades afectadas. Bajo mi Ley de Responsabilidad Ejecutiva Corporativa, presionaremos con sanciones penales a los ejecutivos cuando sus compañías lastimen a las personas por negligencia criminal.

• Utilizar el poder de las cortes. Gracias a una decisión de la Corte Suprema, compañías a menudo no enfrentan las consecuencias, incluso cuando sus operaciones causan daños a miles de víctimas cada año. Trabajaré con el Congreso para crear un derecho privado de acción por el daño ambiental hecho a nivel federal, permitiendo a las personas y comunidades afectadas por la discriminación ambiental que puedan levantar demandas por daños y responsabilizar a los contaminadores corporativos.

• Restituir el impuesto de residuos relacionado a los sitios “Superfund”. Quedan más de 1,300 lugares clasificados como sitios “Superfund” en todo el país, muchos dentro o cerca de las comunidades vulnerables. Las limpias de desechos tóxicos fueron financiadas originalmente por una serie de impuestos especiales a las industrias petroleras y químicas. Pero gracias a las corporaciones petroleras y otros cabilderos de la industria, cuando esa autoridad fiscal expiró en el año 1995 nunca se renovó. Los contaminadores deben pagar las consecuencias de sus acciones y no dejar que las comunidades tengan que lidiar con ello. Trabajaré con el Congreso para restablecer y después triplicar este impuesto, generando los ingresos necesarios para remediar los daños causados.

• Responsabilizar a la industria financiera por su papel en la crisis climática. Las instituciones financieras y la industria de seguros suscriben y financian inversiones en combustibles fósiles en todo el mundo y pueden desempeñar un papel clave para detener la crisis climática. A principios de este año, la compañía Chubb se convirtió en la primera aseguradora de los Estados Unidos comprometiéndose a dejar de asegurar los proyectos de carbón, un desarrollo bienvenido. Desafortunadamente, muchos bancos y aseguradoras parecen moverse en la dirección opuesta. De hecho, desde que se firmó el Acuerdo de París, los bancos estadounidenses como JPMorgan Chase, Wells Fargo, Citigroup y Bank of America han aumentado sus inversiones en combustibles fósiles. Y hay evidencia de que los grandes bancos están replicando una táctica que emplearon por primera vez antes del colapso del 2008: Protegiéndose de las pérdidas climáticas al vender las hipotecas que corren mayor riesgo por los impactos climáticos a Fannie Mae y Freddie Mac para transferir la carga de sus cuentas a los contribuyentes.

• Para acelerar la transición a la energía limpia, mi Ley de Divulgación del Riesgo Climático requerirá que los bancos y otras compañías divulguen sus emisiones de gases de efecto invernadero y valoren su exposición al riesgo climático en sus valoraciones, aumentando la conciencia pública sobre cuán dependiente es nuestra economía a los combustibles fósiles. Bajo la administración Warren ya no se les permitirá trasladar esa carga al resto de nosotros.