Asegurando los derechos y la igualdad de la comunidad LGBTQ+

Publicado originalmente el 10 de octubre de 2019:

Cincuenta años después de que dos mujeres transgénero de color, Marsha P. Johnson y Sylvia Rivera ayudaron a liderar los “Stonewall Riots”, el movimiento de los derechos de la comunidad LGBTQ+ ha logrado pasos increíbles hacia la igualdad y la justicia para todos. En el año 1993, Minnesota fue el primer estado en prohibir la discriminación contra las personas transgénero. En el 2003, la Corte Suprema dictaminó en el caso “Lawrence v. Texas” que las leyes que criminalizan las relaciones del mismo género son inconstitucionales. En el 2004, Massachusetts se convirtió en el primer estado en legalizar la igualdad matrimonial y en el 2015 la Corte Suprema también lo aprobó en todo el país. Pero 50 años después de Stonewall, la verdadera igualdad todavía está lejos para las personas LGBTQ+.

Una de cada cuatro personas LGBTQ+ reporta haber experimentado discriminación por su orientación sexual o identidad de género en el transcurso de solo un año. Casi una de cada tres personas transgénero que visitaron el consultorio de un proveedor de atención médica en el 2017 fueron rechazadas debido a su identidad de género. Más de la mitad de los estudiantes LGBTQ+ reportan sentirse inseguros en la escuela debido a su orientación sexual y casi la mitad reportan sentirse inseguros debido a su expresión de género. Los jóvenes queer o trans tienen entre dos a cuatro veces más probabilidades de no tener hogar, en gran parte debido al rechazo familiar. Las personas LGBTQ+, especialmente las personas transgénero de color, tienen probabilidades desproporcionadas de ser encarceladas y experimentar altos niveles de abuso policial. Las personas transgénero afroamericanas, indígenas y latinas tienen más del triple de probabilidades de vivir en la pobreza que la población estadounidense en general. Y al menos 21 mujeres trans afroamericanas han sido asesinadas en 2019. Esta crisis exige acción.

El progreso que hemos logrado a través de mucho esfuerzo está bajo ataque. Esta semana la Corte Suprema escuchó tres nuevos casos: Altitude Express Inc. v. Zarda, Bostock v. Clayton County y R.G. y G.R. Harris Funeral Homes v. EEOC, que amenazan con revertir los derechos LGBTQ+, y permitir a los empleadores despedir a los trabajadores debido a su orientación sexual o identidad de género. Ahora que el presidente Trump ha designado a dos nuevos jueces, Brett Kavanaugh y Neil Gorsuch, la Corte Suprema podría retroceder los derechos LGBTQ+ por años.

Hay mucho en riesgo y la gente tiene miedo. Pase lo que pase en la Corte Suprema, necesitamos una presidenta que eleve las voces de todas las personas LGBTQ+, que enfrente la discriminación y que defienda sus derechos. Como presidenta lucharé a su lado, porque nadie debería sentirse inseguro o sin poder por quien es o a quien ama.

Igualdad de justicia bajo la ley

Primero lucharé para aprobar la Ley de Igualdad para garantizar explícitamente que ninguna persona LGBTQ+ en los Estados Unidos enfrente discriminación por ser la persona quien es o a quién ama. Hoy en día, la ley federal todavía no prohíbe expresamente despedir a una persona transgénero debido a su identidad de género. Ni prohíbe desalojar a una persona bisexual porque su pareja del mismo sexo se muda a vivir con ellos, ni tampoco prohíbe deliberadamente llamar  a un estudiante no binario por su pronombre equivocado dentro del aula. No debe haber ninguna duda de que los estadounidenses LGBTQ+ tienen los mismos derechos ante la ley. Es por eso que soy una co-patrocinadora original de la Ley de Igualdad, que enmendará las leyes de derechos civiles existentes para prohibir explícitamente la discriminación basada en la orientación sexual y la identidad de género en el trabajo, la vivienda, la atención médica, la educación, el alojamiento público, el crédito, la selección del jurado y todos los servicios financiados por el gobierno federal. Y si los republicanos del Senado ponen el partidismo antes de proteger estos derechos, terminaré con el filibuster para que logremos aprobar legislación crítica como la Ley de Igualdad.

También debemos prevenir la utilización de la religión para discriminar y lastimar a personas LGBTQ+. La libertad de escoger tu religión es un valor estadounidense principal. Pero la administración Trump está usando el lenguaje de la religión como un arma, entregando a agencias federales, contratistas gubernamentales y organizaciones que reciben subvenciones, licencia para discriminar en contra de personas LGBTQ+, mientras claman que pueden discriminar por razones religiosas. La libertad de religión no debe ser usada para proteger la intolerancia. Como presidenta, lucharé para aprobar la Ley de No Hacer Daño para devolver la Ley de Restauración de la Libertad Religiosa a su objetivo original de proteger a las minorías y aclarar aún más que está ley no se pueda utilizar para discriminar a las personas LGBTQ+.

Pero no podemos esperar hasta que el Congreso actúe. En mis primeros 100 días como presidenta, usaré cada herramienta legal que tenemos para asegurar que personas LGBTQ+ puedan vivir libres de discriminación. Restauraremos y fortaleceremos protecciones cruciales de la era de Obama que la Administración Trump destruyó. También tomaremos medidas para ampliar afirmativamente las protecciones contra la discriminación LGBTQ+ a través de la regulación y la acción ejecutiva. Esto incluye terminar con las prácticas de la Administración de Seguridad del Transporte (TSA, por sus siglas en inglés) que discriminan a las personas transgénero. También, significa acabar con exenciones religiosas demasiado amplias que permiten la discriminación y limitar las excepciones del Título IX que permiten a los colegios y universidades suspender a estudiantes por ser LGBTQ+.

Mi administración también creará una condición de no discriminación LGBTQ+ para las subvenciones federales. En el año 2014, el Presidente Obama estableció una orden ejecutiva revolucionaria que prohibía a contratistas y subcontratistas discriminar a sus empleados LGBTQ+. Elaboraré sobre este legado, requiriendo a las organizaciones que reciben subvenciones federales a que tengan una política clara de no discriminación, que prohíba la discriminación en contra de las personas LGBTQ+ a quienes sirven. Adicionalmente, mi administración asegurará que las organizaciones que reciben subvenciones federales, especialmente organizaciones comunitarias, tengan acceso a entrenamiento y asistencia técnica para que puedan cumplir con esto satisfactoriamente.

Aumentaré la aplicación federal de estas leyes y las investigaciones sobre la discriminación anti-LGBTQ+ para que estos derechos formen parte de la experiencia vivida de las personas LGBTQ+. En el 2017, El Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD, por sus siglas en inglés) proceso menos del 5% de quejas discriminatorias que recibió. La Comisión para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo (EEOC, por sus siglas en inglés) tomó en promedio un año y medio para resolver una queja federal. Nadie debería esperar años para que se hagan cumplir sus derechos. Mi administración hará que la investigación de quejas de discriminación anti-LGBTQ+ sea una prioridad desde el primer día.

También ampliaré las investigaciones de derechos civiles para mejor entender la discriminación anti-LGBTQ+. Solo una pequeña fracción de las quejas de discriminación son reportadas al gobierno, y muchas de las personas que hablan sufren represalias . Sabemos que las investigaciones funcionan. Cuando los defensores de los derechos de la comunidad transgénero hicieron que investigadores de derechos civiles llamaran a albergues para personas sin hogar para investigar la discriminación, descubrieron que solo el 30% de estos centros estaban dispuestos a proporcionar a las mujeres transgénero un colocamiento adecuado. El gobierno federal debería estar haciendo estas mismas investigaciones para identificar servicios públicos, empresas, lugares de empleo y más que discriminan a las personas LGBTQ+. Y cuando los programas de investigaciones descubran discriminación, debemos responsabilizar a los culpables mediante la recaudación de sanciones civiles. Estas sanciones se utilizarán para crear un fondo de subvenciones comunitarias para ayudar a las organizaciones comunitarias queer y trans que tienen personal y recursos limitados a tener mejor acceso a los fondos y recursos federales.

Finalmente, mientras la Corte Suprema amenaza con darles a los empleadores un pase gratuito para discriminar a los trabajadores LGBTQ+, me comprometo a nominar jueces que puedan defender, en lugar de amenazar, los derechos LGBTQ+.

RESPALDAR A LA JUVENTUD LGBTQ+ Y A SUS FAMILIAS

La juventud lesbiana, gay y bisexual son casi cinco veces más probables de intentar suicidarse en comparación a sus compañeros heterosexuales. El diez por ciento de las personas transgénero de entre 18 y 25 años reportaron haber intentado suicidarse en el último año. Las personas jóvenes LGBTQ + tienen más probabilidades de tener un problema de salud mental. Los jóvenes queer que provienen de familias que los han rechazado tienen probabilidad 8 veces más alta de intentar suicidarse que aquellos que experimentan poco o ningún rechazo familiar. Como presidenta, lucharé para asegurar que cada joven LGBTQ + sea tratado con dignidad, justicia y amor en el hogar y en la escuela.

Esto comienza prohibiendo la discriminación contra la orientación sexual y la identidad de género en nuestras agencias de adopción y en el sistema de bienestar infantil. Esto significa poner fin a la discriminación en contra de las familias del mismo sexo que desean participar en el programa foster o de adopción  así como las discriminación en contra de los jóvenes LGBTQ + que pertenecen al sistema de foster. Lo único que debería importar es si los padres pueden proporcionar un hogar seguro y amoroso para sus hijos.

También debemos instituir una prohibición nacional de la terapia de conversión. Esta práctica cruel ha sido ampliamente desacreditada y ha lastimado a cientos de miles de personas. Como presidenta, me aseguraré que no se gaste dinero federal para apoyar la terapia de conversión y tomaré medidas ejecutivas para acabar con la terapia de conversión para menores LGBTQ+.

También haré más fácil cambiar documentos de identificación para que reflejen la identidad de género de esa persona. Muchas personas transgénero y no binario pueden enfrentar rechazo o una situación peligrosa cuando presentan sus documentos de identificación que no concuerdan con su identidad de género. Como presidenta, haré más fácil que estadounidenses transgénero puedan cambiar su acta de nacimiento, pasaporte y otros documentos de identificación. También apoyo la inclusión de una tercer opción de género para reconocer a estadounidenses no binario.

Tenemos que asegurar ambientes escolares seguros para estudiantes LGBTQ+. En el 2017 más de la mitad de los estudiantes LGBTQ+ reportaron sentirse inseguros en la escuela debido a su orientación sexual y más del 70% de los estudiantes LGBTQ+ reportaron ser abusados verbalmente o que fueron víctimas de “bullying”. Como consecuencia, más de un tercio de los estudiantes LGBTQ+ faltaron a la escuela el mes anterior porque se sintieron inseguros o incómodos.

Como presidenta, lucharé para asegurar que todos los estudiantes LGBTQ+ tengan las mismas oportunidades para prosperar. Comenzaré por modificar la Ley de Educación Primaria y Secundaria (ESEA, por sus siglas en inglés) para requerir que los distritos escolares adopten códigos de conducta que prohíban específicamente el “bullying” y el acoso sobre la orientación sexual o identidad de género. Adicionalmente dirigiré al Departamento de Educación a restablecer leyes federales que protejan los derechos de los estudiantes transgénero que la administración Trump derogó. Y haré claro que las leyes civiles federales prohíben actos de discriminación anti-LGBTQ+ como códigos de vestimenta discriminatoria, la prohibición de escritos o diálogos pertinentes a temas LGBTQ+ en el aula y el castigar a estudiantes que lleven una pareja del mismo sexo a eventos escolares.

También tendremos que aumentar el número de proveedores de salud mental que están en las escuelas y asegurar que los empleados de escuelas sean entrenados en cuidado de competencia cultural e informacion de trauma, para que todos los planteles de escuelas, colegios y universidades obtengan los recursos necesarios para atender a sus estudiantes adecuadamente. También lucharé contra las políticas de cero tolerancia que encaminan a los jóvenes LGBTQ+ de color y jóvenes LGBTQ+ discapacitados hacia la prisión.

Las políticas federales también deben apoyar a personas LGBTQ+ con una estructura familiar única. Muchos miembros de la comunidad LGBTQ+ forman íntimas relaciones familiares con personas que pueden no ser sus familiares legales o de sangre, una relación que comúnmente se conoce como una familia elegida. Como presidenta, me aseguraré que los programas familiares federales como el permiso familiar pagado cubran a los miembros elegidos de la familia y a las personas que toman un licencia de ausencia para cuidar a un miembro de la familia elegida. Calificarían para el crédito del cuidador bajo mi plan del Seguro Social. Mi plan de cuidado infantil universal también proporcionará el cuidado infantil gratuito para millones de familias, incluyendo a las familias LGBTQ+, que según un estudio del 2013 muestra que tienen 2-3 veces más probabilidades de reportar que viven en o están cerca de la línea de pobreza, haciéndolo más asequible para todos.

Además debemos cuidar al más de millón de ancianos LGBTQ+, un tercio de los cuales son de bajos ingresos. Los ancianos LGBTQ+ tienen más del doble de probabilidades de vivir solos y experimentar aislamiento social. También tienen más probabilidades de sufrir discriminación en hogares de ancianos y centros de atención a largo plazo y esto es vergonzoso. Como presidenta, me aseguraré de que los centros de enfermería y de atención a largo plazo prohíban la discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género. También trabajaré con el Congreso para aprobar la Ley LGBT para Ancianos Estadounidenses, que incluiría a los ancianos LGBTQ+ como una "población vulnerable" con la mayor necesidad económica y social bajo la Ley para Personas Mayores LGBT y establecería un Centro Nacional de Recursos sobre el Envejecimiento LGBT.

Finalmente, tenemos que respaldar a aproximadamente 3 millones de personas LGBTQ+ que viven en comunidades rurales a través del país, incluyendo muchas persona de color LGBTQ+. Individuos LGBTQ+ que viven en lugares rurales enfrentan desafíos únicos y necesitamos afrontar estos problemas directamente para asegurar que todos tengan la libertad de escoger donde vivir sin miedo a ser discriminados. Es por eso que tengo un plan para invertir en las comunidades rurales, incluso ampliando el acceso a la banda ancha y aumentando nuestras inversiones en trabajos de alta calidad.

VIVIENDA ASEQUIBLE 

Como todas las personas, estadounidenses LGBTQ+ merecen una vivienda segura y asequible. Pero el 23% de personas transgénero reportan haber vivido discriminación de vivienda y más del 40% de afroamericanos transgénero no han tenido vivienda en algún punto de sus vidas. Estar sin hogar es un tema particularmente urgente para la juventud LGBTQ+ quienes enfrentan altas tasas de rechazo familiar y son más probables de estar sin hogar en comparación a jóvenes heterosexuales o cisgenero. Las consecuencias son devastadoras: Tasas más altas de agresión física y sexual, mayor riesgo de salud mental y obstáculos adicionales para el éxito educativo.

Debemos hacer más para romper los patrones de rechazo familiar que llevan a jóvenes LGBTQ+ a dormir en la calle o a que queden atrapados en el sistema de justicia criminal.

Para comenzar, mi plan de vivienda asequible invertirá $500 mil millones en los próximos diez años para construir, preservar y rehabilitar millones de unidades de vivienda, reduciendo los alquileres en un 10% y creando 1.5 millones de nuevos empleos. Incrementaremos drásticamente el suministro de unidades de vivienda asequible, al mismo tiempo que fortaleceremos las disposiciones de no discriminación en la Ley de Equidad de Vivienda al prohibir específicamente la discriminación de vivienda sobre la base de la orientación sexual, la identidad de género y la fuente de ingresos, como un comprobante de vivienda, porque los propietarios no deberían poder rechazar a los inquilinos en función de su aspecto, cómo se identifican o a quién aman.

Actuaremos para reducir drásticamente la cantidad de jóvenes sin hogar. Como presidenta, desarrollaré un programa comprensivo de prevención de la falta de vivienda para la comunidad LGBTQ+ dentro del Concilio Interinstitucional de Ayuda a Desamparados de Estados Unidos (USICH, por sus siglas en inglés) para darle a este problema la atención nacional que merece. El programa investigará las vías hacia la falta de vivienda que afectan desproporcionadamente a las personas LGBTQ+, como el rechazo familiar y trabajará directamente con los jóvenes LGBTQ+ de color y jóvenes transgénero que experimentan la falta de vivienda para recopilar información sobre los obstáculos que enfrentan. También lucharé por programas que ayudan a jóvenes LGBTQ+ que se quedan sin hogar, incluyendo la reautorización y la financiación total de la Ley de Jóvenes Fugados y sin Hogar para garantizar que incluyan protecciones sólidas contra la discriminación. Y apoyaré programas que ayudan a personas sin hogar a obtener empleo y oportunidades educativas para evitar que vuelvan a quedarse sin hogar.

También necesitamos derogar las leyes que penalizan estar sin hogar. Estas leyes afectan desproporcionadamente a las comunidades de color y LGBTQ+ y como resultado se enredan más en el sistema de justicia. En lugar de eso, necesitamos hacer más para asegurarnos que las personas sin hogar reciban los servicios que necesitan para recuperarse.

EMPODERANDO A LOS TRABAJADORES LGBTQ+

Los trabajadores LGBTQ+, y especialmente los trabajadores transgénero, enfrentan extensa discriminación. El diecinueve por ciento de las personas transgénero reportan haber sido despedidas, denegadas a una promoción o rechazadas para un trabajo debido a su identidad o expresión de género en el transcurso de solo un año y casi un tercio de las personas transgénero reportan que viven en la pobreza. Devolver el poder a la gente trabajadora será el objetivo general de mi presidencia y lucharé para asegurar que las personas LGBTQ+ compartan por igual en una economía que funcione para todos.

Como presidenta, usaré la acción ejecutiva para combatir la discriminación LGTBQ+ en el lugar de trabajo. Haré cumplir el orden ejecutivo del presidente Obama la cual requiere que contratistas federales tengan una política LGBTQ+ de no discriminación laboral. Mi administración también nombrará comisionados de EEOC y miembros de la Junta Nacional de Relaciones del Trabajo (NLRB, por sus siglas en inglés) para que apoyen a los trabajadores LGBTQ+. También emitirán regulaciones que afirmen los derechos iguales de las personas LGBTQ+ en el empleo y harán que esos derechos sean exigibles al prohibir a los contratistas federales el uso de arbitraje forzado y exenciones de acción colectiva que no dejan que trabajadores LGBTQ+ puedan demandarlos si son discriminados en el trabajo.

Presionaré para obtener nuevas protecciones antidiscriminatorias para los trabajadores. Lucharé para promulgar la Ley BE HEARD in the Workplace, una legislación para poner fin al acoso sexual en el lugar de empleo y extender las protecciones contra el acoso a contratistas y trabajadores independientes en empresas con menos de 15 empleados. Las personas LGBTQ+ enfrentan acoso por motivos de género en porcentajes asombrosos y es hora de poner fin a los tecnicismos que permiten a las empresas esconder el acoso.

También debemos ampliar los programas de aprendizaje y entrenamiento para ayudar a los trabajadores en su área laboral—incluyendo a trabajadores LGBTQ+—a asegurar oportunidades de empleo de alta calidad.  Me he comprometido a invertir $20 mil millones en programas de aprendizaje y dirigiré al Departamento de Trabajo a establecer programas de aprendizaje en industrias a través de todo el país, incluso en el cuidado de personas a domicilio, enfermería y hospitalidad. 

Trabajaré con el Congreso, utilizaré acción ejecutiva audaz y aprovecharé el proceso de adquisición federal para conseguir la agenda más progresista y comprensiva para los trabajadores desde el “New Deal”. También lucharé por la seguridad económica de los trabajadores LGBTQ+ en todas las formas que pueda. Apoyo el aumento del salario mínimo a $15 por hora y ya me he comprometido a obtenerlo para los contratistas federales. Prohibiré que los contratistas pidan a los solicitantes de empleo información salarial pasada e historial criminal. Debido a que las personas LGBTQ+ son criminalizadas desproporcionadamente y enfrentan altas tasas de discriminación salarial, estas políticas también perjudican a los trabajadores LGBTQ+. También me aseguraré que las parejas del mismo sexo sean tratadas por igual bajo nuestro código fiscal al aprobar mi Ley de Igualdad de Reembolso, que permite a las parejas del mismo sexo, casadas, modificar sus declaraciones de impuestos federales y recuperar el dinero que no deberían haber tenido que pagar si el gobierno federal reconociera sus matrimonios. También estoy abierta a despenalizar el trabajo sexual. Los trabajadores sexuales, como todos los trabajadores, merecen autonomía y son particularmente vulnerables al abuso físico y financiero al igual que otras dificultades.

TERMINAR CON LA DISCRIMINACIÓN DE PERSONAS LGBTQ+

El sistema de justicia criminal debería trabajar para promover la seguridad de todos. De acuerdo con un estudio del 2015, las mujeres transgénero son dos veces más probables de ser encarceladas que la población estadounidense en total y casi la mitad de todos los afroamericanos transgénero son encarcelados durante sus vidas. Mi plan para reformar nuestro sistema de justicia criminal reconoce que individuos LGBTQ+, particularmente personas LGBTQ+ de color, enfrentan riesgos únicos y son desproporcionadamente lastimados bajo las normas actuales.

Los oficiales de policía locales son a menudo el primer punto de contacto de una persona con el sistema legal y juegan un papel importante en determinar qué tan bien se trata a una persona en el sistema. Pero el sesgo implícito puede contribuir a percepciones inexactas y perjudiciales de las personas LGBTQ+, en particular las personas de color LGBTQ+, lo que lleva a una mayor vigilancia y un mayor riesgo de futuras interacciones con el sistema de justicia criminal. Es por eso que mi plan aumenta los fondos para el entrenamiento sobre prejuicios implícitos y garantiza que las mejores prácticas sobre capacitación en cumplimiento de la ley estén ampliamente disponibles en todo el país.

También triplicaré los fondos de la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia para permitir un ampliación en las investigaciones de departamentos policiales y revertir e invertir la orientación del ex fiscal general Jeff Sessions que limita el uso de decretos de consentimiento. Y apoyo la limitación de la "inmunidad calificada", una norma legal que bloquea demandas en contra de funcionarios de gobierno por mala conducta. La norma ha sido criticada por todo el espectro ideológico y limitarla ayudará a que departamentos de policía se responsabilicen más.

Adicionalmente, debemos acabar con las prácticas que se benefician de las personas encarceladas, como el dinero de la fianza y honorarios para cuidado médico. La comunidad LGBTQ+, y especialmente personas de color e individuos de bajos ingresos, experimentan tasas de encarcelación desproporcionadas. Debemos erradicar los incentivos de ganancias en nuestro sistema de justicia criminal que llevan a la gente a la cárcel con más frecuencia y los mantienen allí por más tiempo. También apoyó la prohibición de la defensa legal que permite al acusado usar la orientación sexual o identidad de género de una víctima para justificar un asalto. La defensa legal de pánico LGBTQ+ es inherentemente discriminatoria, disminuye el valor de las personas LGBTQ+ y no tiene lugar en nuestro sistema de justicia.

También debemos poner fin al aislamiento y otras prácticas que hacen que las prisiones sean inseguras para las personas LGBTQ+. Durante su encarcelación, personas LGBTQ+ experimentan amenazas únicas a sus seguridad. Pero estas condiciones no deben ser una excusa para enviar a prisioneros LGBTQ+ a un aislamiento ya que esto los pone en riesgo de una angustia psicológica aún mayor. Eliminaré el aislamiento, implementaré un programa de auditoría riguroso para asegurar que las prisiones estén cumpliendo con la Ley para la Eliminación de la Violación en las Prisiones (PREA, por sus siglas en inglés) y procesaré a los empleados que participen en mala conducta. Dirigiré al Buró de Prisiones a que elimine la política peligrosa de la administración de Trump que encarcela a personas transgénero en instalaciones basadas en su sexo asignado al nacer y garantizaré que todas las instalaciones satisfagan las necesidades de las personas transgénero, incluso proporcionando atención médica necesaria, como cirugías relacionadas con la transición, mientras están encarcelados.

LUCHAR POR EL CUIDADO DE SALUD EQUITATIVO, INCLUYENTE Y CON ATENCIÓN DE AFIRMACIÓN DE GÉNERO

Décadas de discriminación contra las personas LGBTQ+ significa que muchos enfrentan obstáculos para obtener atención médica cuando la necesitan. Como resultado, las personas LGBTQ+ a menudo viven condiciones de salud más complicadas y dificultosas que las personas heterosexuales y cisgénero. El estigma social, la violencia y el rechazo de sus comunidades y familias, combinados con la discriminación estructural en la cobertura de atención médica y el lugar de trabajo, han creado una disparidad en la salud de los estadounidenses LGBTQ+.

Tenemos que mejorar. Como presidenta, lucharé para asegurar que cada persona LGBTQ+ pueda obtener cuidado de salud que sea equitativo y culturalmente competente, y la atención de afirmación de género que necesiten.

El primer paso para eliminar las disparidades de salud en la comunidad LGBTQ+ es asegurando que todos tengan cobertura de salud de alta calidad y esto significa Medicare para todos. Las personas LGBTQ+ tienen más probabilidades de no tener seguro médico y de posponer la atención médica porque no pueden pagarla. Bajo nuestro sistema de seguro privado, solo el 63% de los empleadores que ofrecen seguro a cónyuges del sexo opuesto también lo ofrecen para cónyuges del mismo sexo. Esto no es justo: tu jefe no debería poder decidir si el matrimonio de una pareja "cuenta" para obtener cobertura.

Medicare para todos asegura que las personas LGBTQ+ puedan recibir atención médica sin importar donde vivan. Mi plan para las comunidades rurales estadounidenses crea una nueva designación que reembolsa a los hospitales rurales con una tasa más alta que la que está disponible actualmente. Además, aumenta la supervisión del gobierno federal sobre las fusiones y el comportamiento anticompetitivo para mantener abiertos los hospitales locales.

Trabajaré de inmediato para derogar la terrible regla propuesta por la administración Trump que permite la discriminación contra las personas LGBTQ+ en la atención médica. Esta nueva regla, si entra en vigor, permitiría a los médicos discriminar a los pacientes LGBTQ+, equivocar el género de los pacientes transgénero durante el curso de la atención médica y negar la cobertura de los procedimientos de afirmación de género. Como presidenta, aseguraré que las personas LGBTQ+ reciban atención segura y afirmativa de todos los proveedores. Esto significa cubrir toda la atención médica necesaria para pacientes LGBTQ+ bajo Medicare para todos y permitir que los proveedores tengan a discreción considerar que los procedimientos de afirmación de género sean médicamente necesarios en función de una evaluación individualizada. También me aseguraré que los niños intersexuales y transgénero tengan algo que decir en su cuidado de salud, especialmente cuando se trata de decisiones que afectan si sus cuerpos coinciden con su identidad de género.

También protegeré la atención de la salud reproductiva de los ideólogos de la derecha. Las personas LGBTQ+ están profundamente afectadas por las amenazas a los servicios de salud reproductiva. Debemos derogar la enmienda Hyde y la regla de mordaza doméstica discriminatoria de la administración Trump, apoyar plenamente la financiación de la planificación familiar del Título X y presionar por la educación sexual incluyente LGBTQ+. También he pedido al Congreso que apruebe nuevas leyes federales que garanticen el acceso a anticonceptivos y la atención del aborto para todas las personas. Lucharé por la atención reproductiva integral en virtud de Medicare para todos.

La comunidad LGBTQ+ también tiene un mayor riesgo de problemas de salud mental. Bajo Medicare para todos, cada persona tendrá una cobertura comprensiva de salud mental. Más del 41% de las personas transgénero han intentado suicidarse en algún momento, en comparación con sólo el 4% de la población general, por lo que también presionaré para fortalecer la Red Nacional de Prevención del Suicidio para servir mejor a las poblaciones en riesgo, como los jóvenes LGBTQ+, al redirigir las llamadas de personas LGBTQ+ a organizaciones con personal capacitado para manejar las presiones y problemas únicos que enfrentan las personas que llaman.

También es hora de poner fin a la prohibición discriminatoria de la donación de sangre de hombres gay y bisexuales. Durante décadas, la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) ha prohibido a los hombres homosexuales y bisexuales donar sangre. Esta prohibición está desactualizada, es discriminatoria y reduce el suministro de sangre que ya es escaso. Ayudé a liderar la lucha contra esta prohibición discriminatoria y presioné a la FDA para que cambiara sus políticas. Aunque este cambio fue una mejora, no ha llegado lo suficientemente lejos. Como presidenta, revocaré esta prohibición completamente y aseguraré que cualquier restricción alrededor de donaciones de sangre sea basada en ciencia y factores de riesgo individual.

Finalmente, apoyaré más diversidad en investigaciones médicas. Las personas LGBTQ+ —particularmente individuos homosexual y transgénero—han sido especialmente mal representados en ensayos clínicos, haciéndolo más difícil poder identificar y abordar sus disparidades de salud. Como presidenta, dirigiré al FDA a que trabaje con compañías farmacéuticas para aumentar la inscripción de poblaciones mal representadas en ensayos clínicos, asegurando que los tratamientos funcionen para todos.

ACABANDO CON LA EPIDEMIA DE VIH/SIDA

Hemos logrado increíbles avances médicos para acabar con la epidemia del VIH/SIDA, pero el VIH/SIDA se mantiene como una crisis de salud pública, con 1.1 millones de personas que continúan viviendo con VIH en los Estados Unidos hoy. La mayoría de estas personas son LGBTQ+, de comunidades de color y están luchando contra varias barreras que los limitan a recibir el cuidado que necesitan. Debemos hacer más por ellos y por sus futuros. 

Primero, lucharé para aumentar los fondos para programas federales de VIH/SIDA y de investigación, como el programa de Ryan White, así como la Iniciativa sobre VIH/SIDA para las Minorías y las investigaciones sobre el tratamiento y remedio del VIH/SIDA en el Instituto Nacional de Salud (NIH, por sus siglas en inglés). Mientras Medicare para todos ayudará significativamente a las personas con VIH/SIDA a obtener cuidado médico, todavía es importante continuar con un financiamiento para estos programas. 

También debemos despenalizar la transmisión del VIH. En el 2018, 26 estados todavía tienen leyes que criminalizan la exposición a VIH. Estas leyes están completamente en desacuerdo con los avances científicos de las últimas dos décadas, que han mejorado drásticamente el tratamiento para el VIH y eliminado la probabilidad de transmisión en personas que se adhieren al tratamiento y han suprimido el virus. Estas leyes contribuyen a una mayor estigmatización, discriminación y disuaden aún más a las personas a hacerse la prueba y recibir tratamiento. Como presidenta, trabajaré para aprobar la Ley de Derogación de las Políticas Existentes que Alientan y Permiten la Discriminación Legal contra el VIH, para revisar las leyes y regulaciones federales y estatales que discriminan y criminalizan a las personas que viven con el VIH. 

También debemos utilizar recursos significativos para combatir la epidemia de opioides, que ha contribuido a aumentar las tasas de transmisión del VIH en comunidades donde el uso de drogas inyectables está aumentando. Mi colega el Representante Elijah Cummings, y yo, hemos introducido una legislación integral para poner fin a la crisis de opioides y luchar contra el abuso de sustancias. La Ley CARE (por sus siglas en inglés), compromete más de $100 mil millones durante 10 años, incluyendo $2.7 mil millones para las comunidades más impactadas y $1.1 mil millones para las organizaciones que están trabajando con poblaciones afectadas, como aquellos que conviven con el VIH. Estos fondos también apoyarán a las organizaciones de salud comunitaria en su trabajo relacionados con otros problemas tales como abuso de sustancias y el uso creciente de metanfetaminas en la comunidad LGBTQ+.

Y debemos fabricar PrEP públicamente, reduciendo los costos y poniendo el medicamento a disposición de más personas. Profilaxis Pre-Exposición (PrEP) es un medicamento que puede reducir el riesgo de contraer el VIH por actividad sexual hasta en un 99%. Pero Truvada, que hasta hace poco era la única forma de PrEP aprobada por la FDA, puede costar casi $2,000 por mes. Mi Ley de Fabricación de Medicamentos Asequibles le permite al Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS, por sus siglas en inglés) fabricar medicamentos genéricos cuando ninguna compañía los está haciendo, cuando menos de tres compañías están fabricando el medicamento y el precio se ha disparado, cuando hay una escasez de este medicamento o cuando el medicamento está clasificado como esencial por la Organización Mundial de la Salud (OMS, por sus siglas en inglés) y lo fabrican menos de tres empresas con un precio que impide que los pacientes lo obtengan. En mi primer año como presidenta, hare posible la fabricación pública  de PrEP, poniendo fin a esta desmesurada exageración de precios en la transición a Medicare para todos. Nadie debería contraer el VIH porque no pueden pagar el medicamento para prevenirlo.

LUCHAR PARA LOS DERECHOS DE LA COMUNIDAD LGBTQ+ EN NUESTRA POLÍTICA EXTERIOR

La influencia de los Estados Unidos en el extranjero está arraigado en nuestros valores; la tolerancia y diversidad son unas de nuestras mayores fortalezas. Pero la administración Trump ha buscado derogar las protecciones para los estadounidenses LGBTQ+ en todos lados, incluso para personas LGBTQ+ alrededor del mundo. Esto es vergonzoso y bajo la administración Warren terminará. 

Nuestra seguridad nacional es más débil cuando se excluye a los estadounidenses LGBTQ+. Desde el principio me opuse a la vergonzosa prohibición por parte de la administración Trump a los miembros del servicio transgénero y la revertiré en mi primer día como presidenta. Lo único que debería importar cuando se trata de permitir que el personal militar sirva es si pueden o no hacer el trabajo. Esto también es cierto para los miembros del servicio con VIH. Los avances en la atención médica y el tratamiento han hecho posible que las personas que viven con el VIH presten su servicio y las políticas del Pentágono deberían ser actualizadas para reflejar estos avances en la ciencia médica.

Además me aseguraré que los niños nacidos de parejas del mismo sexo en el extranjero y con al menos uno de los padres que sea ciudadano estadounidense, puedan recibir los derechos de ciudadanía a los que tienen derecho al igual que cualquier otro niño nacido de un ciudadano estadounidense. Tomaré todas las medidas necesarias para garantizar que las parejas del mismo sexo de diplomáticos extranjeros puedan acceder a sus derechos diplomáticos plenos mientras están en los Estados Unidos, y al mismo defender los derechos de nuestros diplomáticos de servir a nuestro país en el extranjero con sus parejas del mismo sexo.

Estados Unidos fue uno de los primeros países en aceptar solicitudes de asilo basadas en la orientación sexual y la identidad de género, pero las crueles políticas antiinmigrantes y de refugiados de la administración Trump han dificultado la reubicación para todos los solicitantes de asilo, incluyendo los solicitantes de asilo LGBTQ+, forzandolos a regresar a lugares donde corren un mayor riesgo de violencia sexual y de género.

Como presidenta, afirmaré las protecciones para las solicitudes de asilo basadas en la identidad de género y la orientación sexual y me aseguraré que los solicitantes de asilo LGBTQ+ no sean detenidos innecesariamente. También me he comprometido a aumentar el límite de refugiados, dando la bienvenida a 125,000 refugiados en mi primer año y al menos 175,000 refugiados por año al final de mi primer mandato. Reduciré significativamente la detención de inmigrantes, donde las personas LGBTQ+ indocumentadas y particularmente las mujeres trans de color son altamente vulnerables.

La administración Trump ha debilitado el liderazgo de nuestra nación en cuanto a la igualdad global de la comunidad LGBTQ+, pero como presidenta, adoptaré una estrategia multilateral para apoyar los derechos LGBTQ+, incluso al regresar a los Estados Unidos al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y volviéndonos a comprometer con el Fondo de Igualdad Global para apoyar los movimientos LGBTQ+ en otros países. También enfocaré los esfuerzos del Departamento de Estado hacia la protección de los derechos humanos para las personas LGBTQ+ a nivel mundial. Esto significa nombrar un enviado especial para los Derechos Humanos de las Personas LGBTI (parte de la Federación Internacional de Derechos Humanos) y asegurar que el trabajo de promoción de los derechos LGBTQ+ se incorpore en las agencias regionales. Dirigiré a mi Departamento de Estado a que desarrolle un índice global de amenaza  para priorizar nuestros esfuerzos programáticos en áreas donde la amenaza para las comunidades LGBTQ+ es más severa. Presionaré al Congreso para que amplíe las autoridades de sanciones de Estados Unidos para incluir a personas que hayan cometido abusos contra los derechos humanos en contra de personas LGBTQ+ y mi nuevo enfoque comercial requerirá que cualquier país que desee celebrar un acuerdo comercial con los Estados Unidos defienda los derechos humanos internacionalmente reconocidos, incluyendo los derechos de las personas LGBTQ+.

También continuaré presionando para ampliar los fondos para el Plan de Emergencia del Presidente para la Mitigación del SIDA (PEPFAR, por sus siglas en inglés), que financia servicios vitales para individuos que viven con el VIH/SIDA en el extranjero y revocar la cruel ley mordaza de la administración Trump, la cual prohíbe a organizaciones recibir fondos de asistencia del extranjero a menos que se comprometan a no conducir o referir pacientes al aborto. Debido a que las organizaciones que no están de acuerdo con la regla de Trump tampoco son elegibles para PEPFAR, esta política está perjudicando a las personas LGBTQ+ que dependen de clínicas que obtienen estos fondos para recibir atención. También es hora de derogar la enmienda Helms, que limita la efectividad de la asistencia de los Estados Unidos al extranjero así como la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés) que requiere que los beneficiarios apliquen un análisis de género a sus propuestas de proyectos. Requeriré que todos los beneficiarios de asistencia extranjera describan cómo sus actividades propuestas ayudarán a avanzar los derechos LGBTQ+ y la igualdad. Y prohibiré que los beneficiarios discriminen a las personas en función de su orientación sexual o identidad de género al implementar cualquier programa financiado por los contribuyentes.

MEJORAR LA RECOPILACIÓN DE DATOS SOBRE LA COMUNIDAD LGBTQ+

El ataque de la administración Trump sobre las regulaciones ha sido acompañada por una eliminación deliberada de la comunidad LGBTQ+ en encuestas y sitios web del gobierno. Como presidenta, comenzaré a trabajar de inmediato con nuestros aliados LGBTQ+ para restaurar la información sobre temas LGBTQ+ en los sitios web del gobierno. También volveré a convocar al Grupo Federal Interinstitucional para Mejorar la Medición de la Orientación sexual y la Identidad de Género—de la era de Obama—para incluir estas medidas en las encuestas federales. Así podemos continuar desarrollando las mejores prácticas en torno a la recopilación de datos. Garantizaré que estos métodos se utilicen en las encuestas en todo el gobierno federal, incluyendo el Censo de los Estados Unidos y la Encuesta sobre la Comunidad Estadounidense (ACS, por sus siglas en inglés).

ACABANDO CON LOS ASESINATOS DE LAS MUJERES TRANSGÉNERO DE COLOR 

Por lo menos 25 personas trans y no binarias han sido asesinadas en el 2019 y la mayoría han sido mujeres trans afroamericanas. Dana Martin. Jazzaline Ware. Ashanti Carmon. Claire Legato. Muhlaysia Booker. Michelle ‘Tamika’ Washington. Paris Cameron. Chynal Lindsey. Chanel Scurlock. Zoe Spears. Brooklyn Lindsey. Denali Berries Stuckey. Kiki Fantroy. Pebbles LaDime ‘Dime’ Doe. Tracy Single. Bailey Reeves. Bee Love Slater. Bubba Walker. Itali Marlowe. Brianna 'BB' Hill. Yahira Nesby. Y Johana Medina, Layleen Polanco, y Jamagio Jamar Berryman. Deberían estar vivas hoy. Los datos en esta área son tan poco confiables que los expertos creen que este número subestima la profundidad de la crisis. Es hora de que una presidenta diga sus nombres y honre su memoria, luchando todos los días por un país donde las mujeres trans de color puedan prosperar sin discriminación.

Como he señalado, utilizaremos todas las herramientas legales disponibles para prohibir la discriminación que enfrentan las mujeres transgénero de color en todas partes. También me he comprometido a utilizar la acción ejecutiva para combatir la discriminación por motivos de raza, etnia y origen nacional y así luchar contra la discriminación en las intersecciones de género y raza. Mi EEOC emitirá la primera guía de su tipo sobre el cumplimiento de reclamos que involucran discriminación racial y de género interseccional. También fortaleceré y haré cumplir la Regla de Acceso Equitativo del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD, por sus siglas en inglés), revirtiendo la escandalosa propuesta de Ben Carson de permitir que los refugios para personas sin hogar discriminen a las mujeres transgénero, por lo que si una mujer trans sobreviviente de color pierde su hogar debido a la violencia de la pareja, no enfrentará discriminación generalizada en los refugios para personas sin hogar.

Finalmente, crearé un nuevo programa de subvenciones dentro de la Oficina de Violencia contra las Mujeres que canalizará específicamente los recursos hacia las organizaciones por y para personas transgénero, especialmente personas de color. Más de un tercio de las personas trans informan haber sufrido violencia física por parte de una pareja íntima, incluido el 44% de las personas transgénero afroamericanas y el 61% de las personas transgénero indígenas. Sin embargo, solo un pequeño porcentaje de los fondos autorizados por la Ley sobre Violencia contra la Mujer (VAWA, por sus siglas en inglés) para proporcionar servicios a las sobrevivientes de violencia sexual y doméstica, se dirigen a organizaciones dedicadas a lidiar con las necesidades únicas de las sobrevivientes LGBTQ+. Debemos hacer un mejor trabajo al dirigir los recursos federales hacia las organizaciones desarrolladas por y para las poblaciones a las que buscamos servir y en el caso de la violencia de pareja íntima, las organizaciones específicas de LGBTQ pueden ser más exitosas al abordar los riesgos que se enfrentan en esta comunidad.

El camino hacia la igualdad LGBTQ+ está lejos de terminar pero unidos, lucharé por la igualdad LGBTQ+ en solidaridad con los líderes y organizadores que han estado al frente desde el principio. Porque cuando nos organizamos, luchamos y persistimos juntos, podemos ganar.