Publicado originalmente el 21 de junio de 2019:
El mes pasado, Caliburn Internacional, una compañía con fines de lucro cuya subsidiaria opera Homestead—el centro de detención más grande para niños migrantes—contrató a John Kelly, el ex jefe de gabinete de Trump. Caliburn se ha beneficiado de las políticas inhumanas de la administración Trump, mientras los niños en Homestead se mantienen en condiciones insalubres, similares a las de una prisión. Ahora John Kelly también se está beneficiando.
La representante Pramila Jayapal y yo hemos exigido respuestas. Este es solo un ejemplo de cómo las compañías de prisiones privadas extraen miles de millones de dólares de los contribuyentes federales. He estado luchando para que estas empresas aclaren sus prácticas y abusos de derechos humanos. Cada respuesta solo genera más preguntas.
No llegamos aquí por casualidad. Washington trabaja mano a mano con compañías de prisiones privadas, que gastan millones en cabilderos y contribuciones de campaña, todo para convertir nuestras políticas criminales y de inmigración en políticas que prioricen hacerlas ricas. Desde el 2000 al 2016, la población carcelaria privada creció cinco veces más rápido que la población carcelaria general. También se multiplicaron los especuladores: hoy, casi 4,000 corporaciones ganan dinero de el encarcelamiento masivo.
El presidente Obama tomó medidas para reducir la tasa de encarcelamiento y frenar las cárceles privadas, pero el momento en que Donald Trump ocupó la Casa Blanca, la suerte de las compañías de prisiones privadas mejoró. Con Trump, esas compañías vieron su oportunidad de hacer lo mismo con nuestro sistema de inmigración. Invirtieron dinero en cabildeo para "alternativas" a los centros de detención de ICE. Estos centros han ganado millones implementando las crueles políticas de inmigración de Trump, ya que el número de niños detenidos se quintuplicó en solo un año. Hoy, el 73% de los inmigrantes detenidos están en centros de detención privados.
Las compañías que dirigen estas cárceles y centros de detención sacrifican regularmente la seguridad para aumentar sus ganancias. Las instalaciones privadas tienen tasas más altas de asaltos que las prisiones federales. Violan las reglas federales al poner a las personas encarceladas en confinamiento solitario para llenar las instalaciones con más personas. Imponen labores forzadas a inmigrantes, con tal de ganar dinero. Varios detenidos se han suicidado. Y ahora, bajo Trump, bebés se enferman y mueren en sus centros de detención.
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Es hora de prohibir las prisiones privadas y los centros de detención privados y acabar la crueldad con fines de lucro contra las personas encarceladas.
El gobierno ha permanecido en silencio mientras los contratistas privados implementan esquemas de extorsión para ganar millones de la labor de las personas encarceladas. Las compañías telefónicas de prisión cobran hasta $25 por una llamada de 15 minutos, lo que obliga a las familias a endeudarse solo por mantenerse en contacto con sus seres queridos. Contratistas del comisario aumentan sus precios, y compañías obligan a los confinados a trabajar por tan solo un dólar al día para cubrir necesidades básicas como pasta de dientes.
Mientras los contratistas que reciben fondos federales reducen sus gastos para maximizar sus márgenes, el gobierno se ha hecho de la vista larga. Compañías de alimentos ganan millones, pero sirven comida infestada para ahorrar dinero. La investigación de una compañía de transporte penitenciario que permitió al menos cinco muertes y una agresión sexual no ha sido resuelta.
La explotación no acaba cuando las personas salen de prisión. La ley actual pone dinero en manos de compañías de monitoreo con fines de lucro, muchas de las cuales son administradas por las mismas corporaciones privadas de prisiones. Estas empresas se enriquecen al hacer que las personas que acaban de salir de la cárcel, a menudo con enormes deudas, paguen tarifas escandalosas por servicios de monitoreo como monitores de tobillo. Algunos han amenazado a las personas con el reencarcelamiento.
Esto es explotación, simple y sencillamente. Nuestro sistema criminal y de inmigración está destrozando comunidades de color y devastando a los de bajos ingresos, incluyendo a los niños. Las mujeres, especialmente las de color, están abrumadas con la carga financiera. Necesitamos reformas tanto en el sistema de justicia criminal como en el sistema de inmigración, para poner fin al encarcelamiento masivo y a todas las formas de detención crueles y punitivas de inmigrantes que se han arraigado en la administración Trump.
El primer paso es poner fin a las ganancias privadas asociadas con esta crueldad.
El gobierno tiene la responsabilidad básica de mantener a las personas bajo su custodia a salvo—de no usar su castigo como una oportunidad para obtener ganancias. Por eso, propongo mi plan para erradicar de una vez por todas los incentivos de ganancias que pervierten nuestro sistema de justicia criminal y de inmigración.
Esto es lo que haré:
Prohibiré las prisiones privadas y los centros de detención privados. No debería existir oportunidad en Estados Unidos para sacar provecho de poner a más personas tras las rejas. Es por eso que suspenderé el uso de instalaciones federales de detención privadas al terminar todos los contratos que la Oficina de Prisiones, ICE y el servicio de alguaciles federales tienen con proveedores privados de detención. Extenderé estas prohibiciones a los estados y localidades al poner una condición: los fondos federales de seguridad pública deben usarse en instalaciones públicas.
Evitaré que los contratistas cobren por servicios esenciales. Las empresas no deberían poder aprovecharse de las personas encarceladas. Deberíamos prohibir que ellos le cobren a las personas detenidas por servicios básicos, como llamadas telefónicas, transferencias bancarias y atención médica. También evitaré que los contratistas impongan precios ridículamente altos por servicios de comisaría o de paquetería. También prohibiré a las compañías cobrar por los servicios de reingreso, supervisión y libertad condicional, porque nadie debería tener que pagar por su propio encarcelamiento.
Haré responsables a los contratistas al incrementar su supervisión. Es hora de que sus acciones salgan a la luz. Acabaré con el vacío legal de la FOIA que permite a los subcontratistas de prisiones privadas operar en las sombras. Instalaré un Monitor de Condiciones de Prisión independiente dentro de la Oficina del Inspector General del Departamento de Justicia. El Monitor ayudará a prevenir que los contratistas recorten sus gastos solo para ganar dinero al establecer estándares de calidad exigibles, auditará e investigará regularmente a los contratistas y rescindirá sus contratos si se quedan cortos. Dirigiré al Departamento de Justicia para que enjuicie a las empresas que violen la ley. Y me aseguraré de que las empresas rindan cuentas sin importar quién esté en la Casa Blanca, al permitir que las personas presenten demandas contra contratistas abusivos que violen sus derechos.
Washington le entrega miles de millones de dólares a corporaciones que se benefician de políticas inhumanas de detención y encarcelamiento mientras ignora a las familias que son destruidas en el proceso. Tenemos que llamarlo por lo que es: corrupción. Encarcelar y detener a millones con fines de lucro no nos mantiene a salvo. Es tiempo de cambiarlo.