Asistí a escuelas públicas en Oklahoma cuando era niña. Después de graduarme de la Universidad de Houston, donde solo pagué $50 por semestre, mi primer trabajo fue como maestra de educación especial de una escuela pública en Nueva Jersey. Luego, asistí a una escuela de leyes pública.
Creo en las escuelas públicas estadounidenses. Y creo que todos los estudiantes estadounidenses deberían tener el mismo acceso a una educación pública de alta calidad—sin importar donde vivan, el color de su piel o cuánto dinero ganan sus padres.
No estamos cumpliendo con esta promesa. El financiamiento de la educación pública del kinder hasta el grado 12 (K-12, por sus siglas en inglés) es inadecuada e inequitativa. He estado preocupada por mucho tiempo sobre la forma en que los sistemas escolares dependen de manera sustancial de los impuestos locales a la propiedad, aportando menos fondos a los estudiantes en áreas de bajos ingresos y condenando a las comunidades afectadas por un espiral de valores de propiedad decrecientes y escuelas en declive. A pesar de la expectativa nacional que hemos progresado, las escuelas públicas están más segregadas hoy que hace treinta años. El vínculo entre el financiamiento escolar y el valor de las propiedades perpetúa los efectos negativos de las políticas de vivienda racistas y discriminatorias—como la política conocida como “redlining”, que limitó la compra de viviendas para los afroamericanos.
Exigimos tanto de nuestros maestros, paraprofesionales y personal escolar. Pero en lugar de tratarlos como profesionales, pagándoles bien, escuchándolos y brindándoles el apoyo que necesitan, imponemos medidas y responsabilidades extremas que los castigan por factores que no pueden controlar. Desviamos fondos públicos de las escuelas tradicionales que los necesitan, dejamos a nuestros estudiantes vulnerables a las empresas explotadoras que se aprovechan de los recursos limitados en las escuelas para obtener ganancias y permitimos que la corrupción socave la calidad de la educación que reciben nuestros estudiantes.
Y todo esto ha empeorado bajo Betsy DeVos, la secretaría de educación que cree que las escuelas públicas tradicionales son un “callejón sin salida.”
Podemos mejorar las circunstancias para nuestros estudiantes, nuestros maestros y nuestras comunidades. Comenzaré con lo que prometí en mayo: Reemplazaré a DeVos como secretaria de educación con alguien que haya sido un maestro o una maestra en el sistema de escuelas públicas, que crea en la educación pública y que escuche a nuestros instructores, padres y estudiantes de escuelas públicas.
Esto es solo el comienzo. Como ya bien saben los maestros del sistema de educación pública en todo el país, nuestras escuelas no tienen los recursos necesarios para poder brindar una educación pública de alta calidad para cada estudiante. Es por eso que mi plan invierte cientos de miles de millones de dólares—pagado por un impuesto de dos centavos sobre las grandes fortunas de más de $50 millones—en nuestras escuelas públicas y realiza una serie de cambios legislativos y administrativos para lograr cinco objetivos:
Financiar las escuelas públicas de manera adecuada y equitativa para que todos lo estudiantes tengan acceso a una educación pública de alta calidad.
Renovar la lucha contra la segregación y la discriminación en nuestra escuelas.
Proveer un ambiente escolar alegre, seguro y un ambiente acogedor para todos los estudiantes.
Tratar a nuestros maestros y empleados como los profesionales que son.
Detener la privatización y la corrupción de nuestro sistema de educación pública.
¿Qué significaría este plan para las familias en Estados Unidos? Los padres no tendrían que gastar todos sus ingresos para vivir en ciertos vecindarios exclusivos solo para asegurar que sus hijos reciban una buena educación. Los padres de hijos con discapacidades no tendrían que luchar a diario para que sus hijos reciban los servicios a los que tienen derecho y que necesitan. Los maestros y el personal escolar tendrían más seguridad financiera y más libertad para usar su experiencia para enseñar a sus estudiantes. Y cada estudiante tendría la oportunidad de ir a una escuela pública segura y enriquecedora desde el pre-kinder hasta el grado 12.
Financiar las escuelas de manera adecuada y equitativa
Todos los estudiantes deben tener los recursos que necesitan para obtener una educación pública excelente, pero esto no está sucediendo hoy en día. Las estadísticas muestran que una mayor inversión financiera en nuestras escuelas mejora significativamente el rendimiento de los estudiantes, especialmente para los estudiantes de bajos ingresos. Sin embargo, nuestro acercamiento actual al financiamiento de nuestras escuelas a nivel federal, estatal y local subfinancea a nuestras escuelas provocando que muchos estudiantes de bajos ingresos reciban menos fondos que otros estudiantes. Mi plan hará una nueva inversión federal histórica en las escuelas públicas y presionará tanto al gobierno federal como a los gobiernos estatales a dedicar más recursos a las escuelas y a los estudiantes que más lo necesiten.
Los fondos estatales y locales forman aproximadamente el 90% del total de los presupuestos para la educación de kinder hasta el grado 12. El gobierno federal proporciona casi el 10% restante de los fondos, principalmente a través del Título I de la Ley de Educación Primaria y Secundaria del año 1965 (ESEA, por sus siglas en inglés).
Ambas inversiones tienen deficiencias serias. Por parte del estado, aún cuando los estados proporcionan fondos suplementarios sustanciales para las comunidades con más necesidad, la dependencia de los ingresos del impuesto a la propiedad local significa que las comunidades más ricas pueden invertir más dinero en sus escuelas públicas que las comunidades más pobres. Desde el 2015, sólo 11 estados han adoptado una fórmula de financiamiento progresiva, una que adjudica más dinero por estudiante a los distritos escolares de alta pobreza. Los estados restantes usan una fórmula de financiamiento que básicamente distribuye la misma cantidad de dinero por estudiante o que le asignan menos dinero por estudiante a los distritos con altos índices de pobreza. En algunos estados, los estudiantes en los distritos con altos índices de pobreza obtienen menos de 75 centavos por cada dólar que obtienen los estudiantes en los distritos escolares más ricos.
También hay problemas con el financiamiento federal. La Ley de Educación Primaria y Secundaria es una ley de derecho civil que el Congreso implementó para brindar apoyo suplementario a los estudiantes de bajos ingresos o aquellos que necesitan apoyo adicional, como los estudiantes que están aprendiendo inglés (ELL, por sus siglas en inglés) y los estudiantes sin hogar o en cuidado foster. La mayoría de los distritos escolares y el 70% de las escuelas reciben algo de dinero del Título I, pero la inversión actual de $15.8 mil millones al Título I no es suficiente para compensar las inequidades de financiamiento a nivel estatal. Y el financiamiento del Título I en sí se distribuye a base de una fórmula que no siempre garantiza el apoyo adecuado para las escuelas y los estudiantes que más lo necesitan.
La manera en que manejamos el financiamiento de K-12 no solo está produciendo disparidades en la educación entre estudiantes pobres y ricos. También está ayudando a producir desigualdades raciales en la educación.
Los estudiantes afroamericanos y latinos tienen probabilidades más altas de asistir a escuelas de bajos recursos. Las escuelas bajo el umbral del Buró de Educación Indígena (BIE, por sus siglas en inglés) también están mal financiadas.
Mi plan aborda cada uno de los aspectos de que forman parte de este problema. Comienza con cuadruplicar los fondos del Título I—$450 mil millones adicionales por los próximos 10 años—para ayudar a garantizar que todos los estudiantes obtengan una educación pública de alta calidad.
Pero debemos ir más allá de simplemente aumentar los fondos. También debemos asegurarnos que los fondos federales lleguen a los estudiantes y a las escuelas que más lo necesitan. Es por eso que me comprometo a trabajar con líderes de la educación pública y expertos en finanzas escolares para mejorar la forma en que el gobierno federal asigna estos nuevos fondos del Título I. Adicionalmente, impondría requisitos de transparencia a este nuevo financiamiento para que podamos entender cuáles inversiones están funcionando y adaptar nuestra estrategia apropiadamente.
También estoy comprometida a utilizar esta nueva inversión federal para presionar a los estados a que adopten mejores estrategias de financiamiento. Como condición para acceder este financiamiento adicional exigiré que los estados provean más ayuda, adopten fórmulas de financiamiento más progresistas y que asignen fondos de manera consistente con estas nuevas fórmulas. Esto asegurará que el gobierno federal y los gobiernos estatales pongan de su parte para financiar de manera progresiva y equitativa a las escuelas públicas mientras garantizan que ningún estudiante reciba menos fondos de lo que están recibiendo actualmente.
Mi plan también cumple con nuestros compromisos colectivos para los estudiantes con discapacidades. La Ley Educativa para Personas con Discapacidades (IDEA, por sus siglas en inglés) protege los derechos civiles de estudiantes discapacitados, garantizando su derecho a una educación pública gratuita y adecuada. Cuando el Congreso aprobó la versión original de IDEA en el año 1975 prometió cubrir el 40% de los costos adicionales de educar a los estudiantes con discapacidades.
Hoy en día, el Congreso está fallando enormemente en el cumplimiento de esta obligación. El año pasado el gobierno federal cubrió menos del 15% de estos costos. Este fracaso ha trasladado la responsabilidad a los estados y distritos escolares que simplemente no pueden conseguir el dinero para compensar esta diferencia. ¿El resultado? Estudiantes con discapacidades son negados los recursos que necesitan para alcanzar su potencial.
Esto terminará bajo mi administración. Cumpliré con la promesa original del gobierno federal del 40% del financiamiento al comprometer $20 mil millones adicionales al año a las subvenciones del programa IDEA. También ampliaré los fondos de IDEA para los niños de 3 a 5 años de edad y para servicios de intervención temprana para infantes.
Además de asegurar que todos los estudiantes tengan los recursos que necesitan para una educación pública de alta calidad, les daré a las escuelas la oportunidad de invertir en los programas y recursos que identifiquen como más importantes para sus estudiantes. Es por eso que mi plan invertirá $100 mil millones adicionales durante los próximos diez años en "Subvenciones de excelencia" para cualquier escuela pública. Eso equivale a $1 millón para cada escuela pública del país para invertir en aquellas opciones que las escuelas y los distritos identifiquen como necesarias para ayudar a sus estudiantes. Estos fondos se pueden utilizar para desarrollar y construir laboratorios modernos, restaurar programas extracurriculares de arte , implementar programas de tutoría para estudiantes en las escuelas y más. Trabajaré con las escuelas y con los líderes escolares para desarrollar la mejor manera de estructurar estas subvenciones para satisfacer sus necesidades.
Estos fondos también pueden ser utilizados para invertir en el desarrollo de escuelas comunitarias sostenibles y la administración Warren tendrá como meta ayudar a 25,000 escuelas públicas a realizar la transición al modelo de escuelas comunitarias para el año 2030. Las escuelas comunitarias son centros de conexión para la comunidad. A través de los coordinadores escolares, conectan a los estudiantes y a sus familias con organizaciones comunitarias para proporcionar oportunidades, apoyo y servicios dentro y fuera de la escuela. Estas escuelas se centran en servicios integrales, participación familiar y comunitaria, programas extracurriculares, tiempo de aprendizaje ampliado y estructuras de liderazgo colaborativo. Los estudios demuestran que cada dólar invertido en las escuelas comunitarias genera hasta $15 en retorno económico a la comunidad.
Finalmente mi plan proporcionará un aumento de inversión en instalaciones e infraestructuras escolares. Aproximadamente 50 millones de estudiantes y 6 millones de adultos pasan sus días de semana en edificios escolares públicos. Demasiadas de estas escuelas están lidiando con techos con goteras, sistemas de calefacción que no funcionan, tuberías de plomo, moho negro y otros problemas graves de infraestructura. Según los datos más recientes, más de la mitad de nuestras escuelas públicas necesitan reparaciones para estar en "buenas" condiciones. Nuestra infraestructura escolar deficiente tiene graves efectos sobre la salud, los resultados académicos de los estudiantes y el bienestar de los maestros, el personal administrativo y otros empleados.
Esta desigualdad en las instalaciones de las escuelas públicas es inaceptable y constituye una amenaza para la educación pública. No podemos llamar a nuestras escuelas legítimamente "públicas" cuando algunos estudiantes cuentan con aulas modernizadas mientras otros estudiantes ni tan siquiera cuentan con servicios sanitarios consistentes. El gobierno federal tiene que intervenir.
Es por eso que, como presidenta, invertiré un mínimo de $50 mil millones en infraestructura para las escuelas públicas en todo el país, especialmente en aquellas que más lo necesitan—adicional a los fondos existentes para remodelaciones escolares y mejoras establecidos en el resto de mis planes. Por ejemplo, mi plan de “Energía limpia para los Estado Unidos” compromete miles de millones de dólares para modernizar nuestros edificios para aumentar la eficiencia energética y para invertir en autobuses escolares de cero emisiones. Igualmente, mi plan de vivienda compromete $10 mil millones en subvenciones competitivas que las comunidades pueden usar para hacer reparaciones. Mi plan de justica ambiental establece un programa de subvenciones enfocado en las escuelas. Mi plan titulado “Invertir en las comunidades rurales estadounidenses” se compromete a establecer internet de banda ancha de manera universal para que cada estudiante en el país pueda tener acceso al internet en su escuela. Y financiaré completamente las escuelas del Buró de Educación Indígena para ayudar con los proyectos de construcción y reparaciones acumuladas.
Renovar la lucha contra la segregación y la discriminación en las escuelas públicas
Mientras Donald Trump trata de dividirnos, los estadounidenses saben que nuestra diversidad nos hace más fuertes. Como dijo mi querido amigo, el congresista Elijah Cummings, a principios de este año antes de su fallecimiento: “Estados Unidos siempre ha dado lo mejor de sí cuando entendemos que la diversidad es nuestra promesa, no nuestro problema”. Las comunidades y escuelas integradas ayudan a crear una sociedad basada en el respeto y la comprensión.
La amplia afirmación pública de la decisión del caso “Brown v. Board of Education” en los 1950s y los recientes debates sobre políticas históricas de la eliminación de la segregación racial han oscurecido una verdad incómoda: Nuestras escuelas públicas están más segregadas hoy que hace treinta años.
Solo hicimos un progreso pequeño hacia la integración en los años posteriores a la decisión de “Brown v. Board”. Pero a mediados de la década de los 80, gracias a la abogacía de los líderes de derechos civiles, una inversión sostenida y supervisión del gobierno federal, la segregación escolar disminuyó.
Desafortunadamente, hemos retrocedido. La Corte Suprema redujo las herramientas correctivas de los tribunales para disminuir la segregación—algo que yo noté en ese momento como estudiante de leyes—y esto afianzó la segregación, particularmente en las escuelas urbanas del norte. Para empeorar las cosas, las administraciones de Nixon y Reagan redujeron las inversiones en esfuerzos de integración y aflojaron la supervisión federal—llevándonos por un camino de mayor segregación. Durante el mismo periodo, la segregación de estudiantes latinos se afianzó aún más.
Las escuelas integradas producen mejores resultados educacionales para estudiantes de todas las razas. Las escuelas integrales son exigidas por la garantía constitucional de igual protección para todas las personas en este país. En la administración Warren, lograremos este objetivo.
El primer paso para integrar a nuestras escuelas es integrar a nuestras comunidades.
Hoy, en Estados Unidos, las comunidades residenciales están altamente segregadas. Algunos creen que es el resultado de personas que eligen vivir cerca de otras personas que se parecen a ellos. La segregación residencial ha sido creada en parte por la desigualdad de ingresos y por los padres que buscan los mejores distritos escolares posibles para sus hijos. Al invertir más dinero en nuestras escuelas públicas y asegurar que todas las escuelas públicas sean excelentes, mi plan abordará uno de los principales impulsores de la segregación residencial.
Más allá, mi plan de “Vivienda para los Estados Unidos” establece un programa de subvención competitiva de $10 mil millones que le ofrece a los estados y las ciudades dinero para construir parques, carreteras y escuelas, si eliminan los tipos de leyes de zonificación restrictivas que pueden fomentar la segregación racial. También incluye un nuevo e histórico programa de asistencia para ayudar con el pago inicial de una casa que ayudará a integrar mejor a los residentes de áreas afectadas por la política de “redlining” mediante asistencia económica para el pago inicial de una casa en cualquier comunidad que elijan.
Mi plan también utilizará fondos federales para la educación para exhortar a los estados a integrar aún más sus escuelas. Según la ley actual, los estados pueden usar una porción de los fondos del Título I para implementar intervenciones para las escuelas de bajo rendimiento. Los datos demuestran que los estudiantes en las escuelas integradas muestran mejor desempeño por lo que, si el Congreso no toma acción al respecto, mi administración usará estas disposiciones para alentar a los estados a usar esa porción del dinero del Título I para servir como apoyo en sus esfuerzos de integración. En total, eso sumará a miles de millones de dólares al año que los estados pueden usar para promover la integración de las escuelas residenciales y públicas, incluso a través del uso de escuelas públicas especializadas, también conocidas como escuelas "magnet". Y para asegurar que los distritos escolares no tengan que decidir entre integración y financiamiento federal, mi plan garantizará que los distritos retendrán el acceso a los fondos del Título I, incluso si el éxito de sus esfuerzos de integración causa que los distritos caigan por debajo de los umbrales actuales de financiamiento del Título I.
Los incentivos para integrar a las comunidades y las escuelas motivará a muchos distritos a hacer lo correcto y seguir el ejemplo de las escuelas integradas. Pero esto no será suficiente en todas partes. Es por eso que me comprometo a fortalecer el Título VI de la Ley de Derechos Civiles del 1964, que prohíbe la discriminación por motivos de raza en cualquier programa o actividad que reciba fondos federales y a revivir la implementación robusta de sus términos. Betsy DeVos y la administración Trump han retrocedido en la implementación de los derechos civiles, aparentando estar satisfechos con que los estados y distritos usen miles de millones de dólares de los contribuyentes para empeorar la segregación racial en las escuelas. Esto terminará bajo la administración Warren. Haremos lo siguiente:
Fortalecer el Título VI: Según el precedente actual de la Corte Suprema sobre el Título VI, el gobierno puede impugnar cualquier política que perjudique desproporcionadamente a los estudiantes de color, pero los estudiantes y los padres sólo pueden presentar una demanda bajo el Título VI por discriminación intencional. Los estudiantes y sus padres deberían tener el derecho de luchar contra la discriminación sistemática que perpetúa la segregación escolar. Es por esto que lucharé para ampliar el derecho a tomar acción legal privada bajo el Título VI para cubrir reclamos contra los estados y distritos escolares por desigualdad. También lucharé para otorgarle al Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés), en coordinación con la agencia de financiamiento correspondiente, la autorización para presentar reclamos de impacto y desigualdad bajo el Título VI, y para darle al DOJ el derecho de emitir citaciones y demandas de investigación civil bajo el Título VI para fortalecer su capacidad investigativa.
Revitalizar y financiar La Oficina de Derechos Civiles (OCR, por sus siglas en inglés) del Departamento de Educación: OCR es responsable de hacer cumplir las leyes federales de derechos civiles en nuestras escuelas públicas. Betsy DeVos derogó docenas de directrices que tenían como propósito prevenir la discriminación. Además limitó la capacidad del OCR para darle la importancia necesarias a las quejas recibidas. Mi administración restaurará y ampliará la capacidad de OCR, restablecerá y actualizará las reglas y directrices revocadas por DeVos, presionará para obtener nuevas protecciones para los estudiantes y dará órdenes estrictas al OCR para erradicar la discriminación donde sea que se encuentre.
Hacer que los intentos de crear distritos “separados” estén sujetos a un escrutinio de cumplimiento adicional: desde el 2000, ha habido al menos 128 intentos de separar una parte de un distrito escolar existente para crear su propio distrito escolar. Estos distritos "separados" a menudo son más ricos y más blancos que el distrito que dejan atrás y, por lo general, crean desigualdades de financiamiento masivas entre el distrito nuevo y el antiguo. Bajo mi liderazgo, el Departamento de Educación y el Departamento de Justicia someterán cualquier intento de crear un distrito separado a un escrutinio cuidadoso y llevarán a cabo las acciones apropiadas para asegurar el cumplimiento del Título VI.
Mejorar la recopilación de datos federales para asegurar mejores resultados: Activistas, académicos y legisladores confían en la recopilación de datos de la división de Derechos Civiles del Departamento de Educación (CRDC, por sus siglas en inglés) para monitorear y solucionar los problemas en nuestro sistema de educación pública. Pero hay un retraso de años en el proceso de recopilación de datos, ocasionando que pasen por alto detalles importantes. Aumentaré los fondos para el CRDC para que podamos ampliar los tipos de datos recopilados, proporcionar capacitación sobre la recopilación de datos a nivel estatal y en los distritos y producir datos de manera más rápida.
También estoy comprometida a terminar con la discriminación contra todos los estudiantes. Mi administración implementará de manera estricta el derecho de los estudiantes con discapacidades a una educación pública gratuita y adecuada. Lucharé para ampliar sobre las políticas de la era de Obama al escribir nuevas reglas para ayudar a garantizar que los estudiantes de color con discapacidades reciban un trato justo al momento de identificar discapacidades, ubicación en el aula, servicios de acomodación razonable y disciplina. Me opongo al uso de la restricción y el aislamiento en las escuelas, y lucharé para que haya suficiente capacitación para garantizar la seguridad de los estudiantes, los maestros y el personal. Protegeré el derecho de los estudiantes a ser educados en un entorno menos restrictivo. Y en acuerdo con la decisión unánime de la Corte Suprema en el caso “Endrew F. v. Douglas County School District” que afirmó el derecho de cada niño a tener la oportunidad de alcanzar objetivos desafiantes, mi Departamento de Educación ayudará a las escuelas y distritos a desarrollar e implementar ambiciosos planes educativos individuales para todos los estudiantes con discapacidades. Esto incluye defender el derecho a una educación pública justa y apropiada para los estudiantes en centros de detención juvenil, que son desproporcionadamente estudiantes con discapacidades.
También lucharé para proteger los derechos de estudiantes que pertenecen a la comunidad LGBTQ+. Cuando Gavin Grimm demandó a su distrito escolar para defender los derechos de los estudiantes transgénero, él defendió valientemente a muchos estudiantes LGBTQ+ que enfrentan acoso y discriminación en nuestras escuelas. Hoy en día, más de la mitad de los estudiantes LGBTQ+ reportan sentirse inseguros en la escuela y casi una quinta parte se han tenido que cambiar de escuela. Es por esto que lucharé para promulgar la Ley de Mejoramiento de Escuelas Seguras, que exige que los distritos escolares adopten códigos de conducta que prohíban específicamente el acoso y la intimidación basados en orientación sexual e identidad de género. También ordenaré al Departamento de Educación que restablezca la directriz derogada bajo la administración Trump sobre los derechos de los estudiantes transgénero bajo el Título IX. Y haré claro que las leyes federales de derechos civiles prohíben las reglas anti-LGBTQ+ como los códigos de vestimenta discriminatorios, prohibir que los estudiantes escriban o discutan temas LGBTQ+ en clase o castigar a los estudiantes por traer parejas del mismo sexo a los eventos escolares. Además, afirmaré y haré cumplir las protecciones federales bajo el Título IX para todos los estudiantes que sean sobrevivientes de acoso y agresión sexual.
Me comprometo a proteger a los estudiantes que están aprendiendo inglés. Nuestras escuelas públicas albergan a casi 5 millones de estudiantes—aproximadamente el 10% de toda la población estudiantil—que están aprendiendo inglés, categorizados como ELL. En el 1974, la Corte Suprema dictaminó que negarles a los aprendices del idioma inglés una instrucción significativa era una violación de sus derechos civiles. Pero, el Departamento de Educación le está fallando a estos estudiantes bajo la dirección de Betsy DeVos. Como presidenta, afirmaré y fortaleceré las normas establecidas bajo la administración de Obama en el 2015 sobre los derechos civiles de los estudiantes que están aprendiendo inglés para incluir un acceso significativo a cursos rigurosos, maestros, servicios de educación especial e integración con el resto del cuerpo estudiantil, mientras mantienen su idioma nativo.
También me comprometo a proteger a los estudiantes inmigrantes y a sus familias.
La inmigración fortalece a los Estados Unidos de manera económica, social y cultural. Pero, debido a las políticas de inmigración inhumanas bajo la administración Trump, muchos estudiantes inmigrantes tienen miedo de asistir a la escuela y muchas familias tienen miedo de accesar recursos como el almuerzo escolar gratuito. Pondré fin a las políticas monstruosas de la administración Trump y promulgaré una reforma migratoria que sea justa, humana y que refleje nuestros valores. Me aseguraré de que los estudiantes inmigrantes no sean tratados como ciudadanos de segunda clase al ser dirigidos a programas de “GED” en lugar de aulas escolares. Protegeré “lugares sensibles”, como lo son las escuelas, de las acciones de agentes de inmigración. Y volveré a comprometer al OCR a hacer cumplir la decisión del caso “Plyler v. Doe”, que la administración Trump ha tratado de eliminar, para que todos los estudiantes inmigrantes tengan acceso a una educación de alta calidad, sin importar su idioma nativo, nacionalidad, estado migratorio o historial educativo.
Finalmente, nominaré a jueces diversos que están comprometidos a aplicar nuestras leyes de derechos civiles. Los tribunales a menudo tienen la última palabra en asuntos críticos de derecho civil. Donald Trump ha nombrado a jueces que son abrumadoramente blancos y abrumadoramente varones. Durante sus procesos de confirmación, docenas de sus candidatos se negaron a declarar públicamente que defenderían el dictamen del caso “Brown v. Board of Education”. Estoy comprometida a nombrar una lista diversa de jueces, incluyendo a aquellos que tienen experiencia en derechos civiles. Y aunque es sorprendente tener que hacer este compromiso, sólo nombraré a jueces que aplicarán la ley según lo establecido en “Brown v. Board of Education” y otras decisiones históricas de derechos civiles.
Proveer un ambiente escolar alegre, seguro y acogedor para todos nuestros niños
Todos los estudiantes merecen la oportunidad de ser educados en una escuela pública tradicional que sea acogedora y segura. Los estudios muestran que los estudiantes aprenden mejor cuando tienen relaciones de apoyo y enriquecedoras con maestros y administradores y cuando el aprendizaje no es solo académico sino también social y emocional. Con 46 millones de niños que experimentan algún tipo de trauma—ya sea pobreza, violencia en su comunidad o en el hogar, falta de vivienda, separación familiar o un cuidador encarcelado—no podemos esperar que las escuelas lidien con esta carga solas.
Además de mi objetivo de convertir 25,000 escuelas públicas en verdaderas escuelas comunitarias, mi plan garantizará que el gobierno federal desempeñe su papel al tratar de traer un ambiente positivo y enriquecedor a cada escuela.
Esto es lo que haremos:
Ampliar el acceso a servicios y educación para la primera infancia: mi plan para el “Cuidado Infantil Universal y el Aprendizaje Temprano” proporcionará cuidado infantil y aprendizaje temprano de alta calidad a 12 millones de niños en todo el país. Como parte de un sistema integral de educación de la primera infancia, me aseguraré de que todos los niños puedan asistir a un pre-kínder de alta calidad de manera gratuita. Esto significa que los maestros de pre-kínder estarán preparados, apoyados y compensados de manera justa, y que los programas estarán diseñados para asegurar que cada niño esté listo para el primer día de kínder y más allá.
Eliminar los exámenes estandarizados de alto impacto: el impulso hacia los exámenes estandarizados de alto impacto ha afectado tanto a los estudiantes como a los maestros. Las escuelas han eliminado cursos críticos que no están sujetos a exámenes obligatorios a nivel federal, como los estudios sociales y las artes. Pueden excluir a los estudiantes que no obtienen buenos resultados en exámenes. Los maestros se sienten presionados a enseñar basado en exámenes, en lugar de garantizar que los estudiantes tengan una rica experiencia de aprendizaje. Me opongo a los exámenes estandarizados de alto impacto y copatrociné una legislación exitosa en el Congreso para eliminar los exámenes estandarizados innecesarios y de baja calidad. Como presidenta, lucharé para prohibir el uso de exámenes estandarizados como un factor primario o significativo para cerrar una escuela, despedir a un maestro o tomar cualquier otra decisión de alto impacto y alentaré a las escuelas a usar evaluaciones auténticas que permitan a los estudiantes demostrar su aprendizaje de múltiples maneras.
Cancelar la deuda del desayuno y el almuerzo de los estudiantes y proporcionar comidas escolares gratuitas y nutritivas: Nadie debería endeudarse para obtener una comida nutritiva en la escuela. Ya he propuesto ampliar el programa de “la finca a la escuela” para que las escuelas tengan acceso a comidas frescas, locales y nutritivas. También presionaré para cancelar todas las deudas de comidas estudiantiles existentes y para aumentar los fondos federales para los programas de comida escolar para que todos los estudiantes obtengan desayunos y almuerzos gratuitos. Y para abordar de manera significativa la inseguridad alimentaria de los estudiantes, ordenaré a mi Departamento de Educación a trabajar con las escuelas para buscar formas de proporcionar cenas y comidas a los estudiantes que lo necesiten durante los fines de semana y durante los periodos vacacionales largos.
Invertir en seguridad escolar basada en evidencia: a pesar de que la evidencia señala que la militarización de nuestras escuelas no mejora la seguridad escolar, la administración Trump ha reforzado las políticas de militarización que solo hacen que los estudiantes, los maestros y los padres se sientan menos seguros. La promulgación de leyes básicas de seguridad de armas que la gran mayoría de los estadounidenses apoyan es un paso crítico para mejorar la seguridad escolar. Pero también debemos adoptar un enfoque diferente en nuestras escuelas: 14 millones de estudiantes asisten a escuelas con policías en sus instalaciones pero sin consejeros, enfermeras, psicólogos o trabajadores sociales. Haré todo los posible para cerrar la brecha de proveedores de salud mental para que cada escuela tenga acceso al personal necesario para apoyar a sus estudiantes. Y si los oficiales de seguridad tienen que estar en las escuelas, deben recibir capacitación sobre discriminación, desarrollo juvenil y tácticas de reducción de violencia. Los contratos entre distritos y agencias policiacas deben definir claramente las responsabilidades y limitaciones de los oficiales, al igual que los derechos de los estudiantes. Sobre todo, ningún maestro debería estar armado—punto.
Estudiantes en las escuelas con policía pero no...
Fuente: American Civil Liberties Union.
Poner fin a las políticas de disciplina de cero tolerancia: Las políticas de cero tolerancia requieren suspensiones o expulsiones de la escuela en la primera ofensa por una variedad de comportamientos. Estas políticas son ineficaces y perjudican desproporcionadamente a los estudiantes afroamericanos, latinos, indígenas, asiáticos del sudeste y de las islas en el Pacífico, y pueden servir como una ruta de la escuela a la prisión. Mi administración alentará a las escuelas a adoptar políticas de disciplina que atraigan a los estudiantes en lugar de expulsarlos, incluyendo los programas de justicia restaurativa, que han demostrado reducir drásticamente las tasas de suspensión y la brecha de disciplina entre los estudiantes blancos y afroamericanos. También presionaré para proveer directrices que limiten el uso de códigos discriminatorios de vestimenta y peinados de los estudiantes que hacen que los estudiantes de color pierdan tiempo valioso de aprendizaje y que a los estudiantes musulmanes se les niegue la participación en actividades escolares.
LA RUTA DE LA ESCUELA A LA PRISIÓN EN NÚMEROS
Establecer más centros de salud ubicados en las escuelas: Los estudiantes obtienen mejores resultados cuando tienen acceso a atención médica de calidad, pero los estudiantes de bajos ingresos son menos probables a tener acceso regular a proveedores de salud y atención preventiva. Los estudiantes en comunidades rurales y los que asisten a las escuelas del Buró de Educación Indígena también enfrentan dificultades para obtener acceso a la atención médica. Se ha demostrado que los centros de salud en las escuelas mejoran la promoción de grado, disminuyen las tasas de suspensión, aumentan las tasas de vacunación y la detección de problemas de audición y visión. Me he comprometido a establecer un fondo de capital de $25 mil millones para las comunidades en donde hay escasez de profesionales médicos para mejorar el acceso a la atención médica a través de proyectos como la construcción de centros de salud en las escuelas, o la expansión de la capacidad o los servicios en una clínica existente.
Expandir la implementación de un currículo comprensivo, culturalmente relevante y que incluya el aprendizaje social y emocional: Un currículo riguroso, culturalmente relevante y que reafirme la identidad puede aumentar la asistencia y el éxito académico de los estudiantes. Un currículo que incluya el aprendizaje social y emocional enfocado en la empatía, la toma de decisiones responsables y la importancia de relaciones positivas también produce un resultado positivo. Desafortunadamente, debido a los recortes presupuestarios, estos temas y programas a menudo se consideran prescindibles. Debemos invertir más para establecer un currículo que sea de interés para todos los estudiantes con una amplia selección de materias como los artes, disciplinas STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas), educación cívica y de salud, incluyendo la educación sexual basada en evidencia científica. Lucharé para financiar de manera completa y dirigiré mi atención a los programas que apoyan una educación culturalmente relevante y extensa, algunos de los cuales la administración Trump ha propuesto eliminar. Ya me he comprometido a apoyar programas para garantizar que el currículo de las escuelas públicas incluya la historia y cultura indígena como un componente central de la educación de todos los estudiantes. Además de estos programas, debemos asegurar de que todas las comunidades que componen nuestras escuelas públicas estén reflejadas en los currículos escolares. Y exigiré a los estados que reciben estas subvenciones que proporcionen el mismo currículo comprensivo y culturalmente relevante en escuelas alternativas y centros de detención juvenil.
Proporcionar un mejor acceso a la preparación para la universidad y el trabajo (CCR, por sus siglas en inglés): Como presidenta promulgaré legislación nueva para hacer que las universidades públicas de dos años, cuatro años y colegios técnicos sean gratuitas para todos los estudiantes. También debemos asegurarnos que los estudiantes puedan aprovechar esas oportunidades y que las escuelas secundarias estén bien financiadas y diseñadas para preparar a los estudiantes para la universidad, sus carreras, y el resto de sus vidas. Los estudiantes de bajos ingresos tienen menos probabilidad de tomar un curso de CCR antes de graduarse de la escuela secundaria en comparación con sus compañeros más ricos. De la misma manera, los estudiantes con discapacidades también tienen menos probabilidades de tener la oportunidad de inscribirse en cursos de CCR. He luchado en el Congreso para asegurar que los estudiantes de secundaria tengan acceso a la educación profesional y técnica sin tener que pagar de sus bolsillos. También he propuesto ampliar drásticamente los programas de aprendizaje de alta calidad con una inversión de $20 mil millones que servirá como apoyo para establecer asociaciones entre escuelas secundarias, colegios comunitarios, sindicatos y empresas. Trabajaré con la comunidad de discapacitados para alentar a las escuelas a comenzar el desarrollo de planes de transición postsecundaria, como lo requiere IDEA, de manera más temprana en la carrera escolar de un estudiante. Trabajaré con los estados para alinear los requisitos de graduación de la escuela secundaria con los requisitos de admisión a la universidad pública. Y también ordenaré al Departamento de Educación para que aconseje a las escuelas sobre los programas federales existentes para facilitar la preparación de la educación laboral y profesional.
Lidiar con la ausencia crónica sin castigar a los padres o a sus hijos: Aproximadamente 8 millones de estudiantes faltaron a al menos tres semanas de clases durante el año escolar 2015-2016. Los estudiantes afroamericanos y latinos tienen más probabilidades de ausentarse que sus compañeros blancos y asiáticos. En los grados más jóvenes, los estudiantes que están ausentes frecuentemente tienen menos probabilidades de cumplir con los estándares estatales de aptitud. En la escuela secundaria, la ausencia crónica es un indicio de la probabilidad de un estudiante de abandonar la escuela antes de completar la escuela secundaria. Me comprometo a despenalizar el ausentismo escolar y a trabajar para disminuir la tasa de ausencia crónica a través de otros medios. Mi plan para invertir en programas que promuevan el aprendizaje social y emocional, comidas escolares gratuitas y justicia restaurativa ayudaría a reducir la ausencia chronica. También aumentaré los fondos federales para los programas pilotos que implementen las mejores prácticas de reducción de ausentismo escolar, como enviar a los padres avisos fáciles para entender los efectos de la ausencia—herramientas que han demostrado una mejora en la asistencia en un 40%.
Las niñas afroamericanas son ocho o más veces probables de ser arrestadas que las niñas blancas en:
Fuente: American Civil Liberties Union
Tratando a los maestros de escuelas públicas como los profesionales que son
Los maestros, los paraprofesionales, el personal escolar y los líderes escolares son la base de nuestro sistema de educación pública. Sin embargo, la remuneración inadecuada, la reducción de los beneficios, las aulas con pocos recursos y los niveles peligrosamente altos de deuda estudiantil están presionando a los maestros y al personal. Confiamos en ellos para educar a nuestros hijos, pero no los tratamos con el respeto profesional que se merecen.
A pesar de estos desafíos, los educadores de nuestro país han tomado el asunto en sus propias manos, no solo en el aula sino también en la lucha por el futuro de nuestro país. Los maestros han estado luchando por priorizar las inversiones públicas en vez de la privatización y por priorizar la prosperidad compartida en vez de la riqueza y el poder concentrado. En particular, los educadores, especialmente las mujeres, en todo el país han llevado el movimiento “#RedforEd” desde las calles hasta los edificios de los capitolios estatales, yéndose en huelga no solo para obtener la compensación que merecen, sino para condenar el desvío de fondos de las escuelas públicas a las privadas, para aumentar los fondos para reducir el tamaño de las clases y mejorar sus escuelas, y para ampliar los servicios que harán que las vidas de sus estudiantes sean más seguras y estables.
Los maestros han demostrado que se unirán y lucharán por lo que creen. Se merecen una presidenta que también luchará por ellos. Es por eso que como presidenta, haré lo siguiente:
Proporcionaré fondos para que las escuelas puedan aumentar los salarios y recibir el apoyo que necesitan todos los educadores de las escuelas públicas: Actualmente los salarios de nuestros educadores de las escuelas públicas son inaceptablemente bajos, causando una presión increíble que hace que muchos abandonen la profesión. Mi plan para cuadruplicar los fondos del Título I incentiva a los estados a cambiar sus fórmulas de financiamiento para mejor apoyar a los estudiantes de manera significativa; como aumentar el salario de los maestros con el objetivo de cerrar la brecha salarial y también pagar a los paraprofesionales y otros profesionales de apoyo educativo un salario más justo. También proveería fondos adicionales para garantizar que las aulas estén bien equipadas con los recursos necesarios para que los maestros no tengan que pagar de su bolsillo.
Fortaleceré la habilidad de los maestros, paraprofesionales y demás personal educativo de sindicalizarse y negociar por una compensación justa, por una voz en las políticas de educación y por una mayor inversión en la educación pública: Una de las mejores maneras de aumentar la paga de maestros de manera permanente y sostenible—y de darle a los maestros una voz en sus escuelas—es facilitar el derecho a poder unirse a un sindicato, negociar colectivamente y participar en una huelga como lo hicieron los educadores en 14 estados en el 2018-2019. He liderado el esfuerzo para eliminar la capacidad de los estados de aprobar leyes antisindicales sobre el derecho al trabajo y hacer este cambio será una prioridad principal. Como parte de mi plan para “Empoderar a los trabajadores estadounidenses”, me comprometí a establecer la “Ley de Libertad de Negociación en el Servicio Público”, que asegura que los empleados públicos, como los maestros, puedan sindicalizarse y negociar colectivamente en cada estado y autoriza la deducción voluntaria de cuotas para apoyar a un sindicato.
Aseguraré que cualquier persona pueda convertirse en maestro sin hundirse en deudas: Una generación de educadores se está jubilando y nuestro país enfrenta una inminente escasez de maestros. La crisis de la deuda por préstamos estudiantiles en nuestro país afecta mucho a los maestros. Combinada con salarios demasiado bajos, esa deuda hace más difícil para muchos educadores el poder continuar enseñando mientras batallan para cubrir todos sus gastos. Para empeorar las cosas, los programas de condonación de deudas que el gobierno le prometió a los maestros por sus años de servicio resultaron ser promesas vacías. Mi plan universitario eliminará la deuda de la mayoría de los maestros y hará que la colegiatura en las universidades públicas sea gratuita para que los futuros maestros nunca tengan que asumir deudas en primer lugar. También, presionaré a los estados a que ofrezcan una vía para que los maestros se certifiquen completamente gratis e inviertan en sus educadores y creen planes de retención de sus maestros. Aumentaré los fondos para los programas “Grow Your Own Teacher” que brindan oportunidades para que los paraeducadores o maestros sustitutos se puedan convertir en maestros con licencia. Y lucharé para financiar de manera completa el programa de la Asociación de Maestros de Calidad para apoyar los programas de residencia de maestros en áreas de alta necesidad, como comunidades rurales y en áreas donde se necesita una especialización como la educación especial y la educación bilingüe.
Crearé estructuras que ayuden a educadores diversos a tener la oportunidad de obtener puestos de liderazgo escolar: La diversidad entre el personal escolar es importante en las aulas y ayuda a todos los estudiantes. Los maestros de color pueden aumentar los resultados académicos de sus estudiantes y mejorar las tasas de graduación entre los estudiantes de color. Aunque la fuerza laboral de maestros se está diversificando, esta tendencia no está siguiendo el paso de los cambios en la demografía estudiantil. Los educadores de color solo son el 20% de la fuerza laboral de maestros, mientras los estudiantes de color ahora representan más de la mitad de estudiantes en escuelas públicas. Mi plan para cancelar la deuda por préstamos estudiantiles, proporcionará la educación universitaria pública de manera gratuita e invertirá un mínimo de $50 mil millones en Colegios y Universidades Históricamente Afroamericanas (HBCUs, por sus siglas en inglés) e Instituciones Dirigidas a Minorías (MSIs, por sus siglas en inglés) ayudará a más estudiantes afroamericanos, latinos, indígenas, asiáticos e isleños del Pacífico a convertirse en educadores y líderes escolares. Más del 38% de los maestros afroamericanos tienen títulos de universidades clasificadas como HBCU o MSI. Y las Instituciones al Servicio Hispano (HSIs, por sus siglas en inglés) están jugando un papel importante en cerrar la brecha demográfica entre el número de docentes y alumnos. También me he comprometido a aumentar significativamente la financiación del Buró de Educación Indígena para que estas escuelas puedan atraer y capacitar a los maestros, en particular los de las comunidades indígenas. Pero debemos hacer más. Abordaré los prejuicios y la discriminación que inhiben nuestra capacidad de crear estructuras que ayuden a educadores diversos a tener la oportunidad de obtener puestos de liderazgo escolar, como la discriminación salarial, al ampliar el alcance de OCR para investigar la discriminación sistémica en nuestras escuelas. Y me comprometo a aprobar la Ley de Igualdad, que establecería protecciones a miembros de la comunidad LGBTQ+ para no ser discriminados a base de su orientación sexual o su identidad de género, para garantizar la protección en el trabajo para los maestros y el personal que se identifiquen como parte de la comunidad LGBTQ+.
DIVERSIDAD DE MAESTROS VS. DIVERSIDAD DE ESTUDIANTES
Fuente: The National Center for Education
Proporcionaré oportunidades de educación continua y desarrollo profesional a todos los empleados de las escuelas: Las oportunidades continuas de desarrollo profesional de alta calidad para maestros, administradores y otros profesionales en el sector de educación, producen mejores resultados para los estudiantes. Como presidenta, aumentaré los fondos para programas esenciales de desarrollo profesional y para la educación continua sobre la instrucción efectiva, competencia cultural y desarrollo infantil para el personal escolar. También invertiré fondos en las investigaciones de la Institución Educacional de Ciencias (IES, por sus siglas en inglés) sobre las mejores prácticas y las más efectivas para el desarrollo profesional asegurando que los educadores estén más involucrados en la toma de decisiones sobre su propio aprendizaje.
Combatir la privatización y la corrupción de nuestras escuela públicas
Para mantener fuertes nuestros sistemas de escuelas públicas tradicionales, debemos resistir los esfuerzos para desviar los fondos públicos de las escuelas tradicionales. Los esfuerzos para ampliar la presencia de las escuelas chárter—a menudo sin siquiera asegurar que las escuelas chárter estén sujetas a los mismos requisitos de transparencia y protecciones que las escuelas públicas tradicionales—agotan los recursos de los distritos escolares y dejan atrás a los estudiantes, principalmente estudiantes de color. Además, la financiación inadecuada y una industria creciente de tecnología educativa ha abierto la puerta a la privatización y la corrupción de nuestras escuelas públicas tradicionales. Más de la mitad de los estados permiten que las escuelas públicas sean administradas por compañías con fines de lucro. Mientras tanto, las corporaciones están aprovechando su poder en el mercado y el deseo de las escuelas de mantenerse al día con la última tecnología para extraer ganancias a expensas de los estudiantes más vulnerables.
Esto no es justo. Tenemos una responsabilidad de proporcionar escuelas excelentes en cada vecindario a cada estudiante. Debemos luchar contra la privatización, la corporatización y la especulación en las escuelas de nuestro país. Lo hice cuando me opuse a una medida en Massachusetts para aumentar el límite en el número de escuelas chárter, incluso cuando los grupos adinerados gastaron millones en apoyo de la medida. Y iré más lejos como presidenta:
Aseguraré que las escuelas chárter existentes estén sujetas al mismo nivel de transparencia y responsabilidad que las escuelas públicas tradicionales: Muchas escuelas chárter existentes no están sujetas a los mismos requisitos de transparencia y responsabilidad que las escuelas públicas tradicionales y esto no es justo. Es por eso que apoyo las recomendaciones de la Asociación Nacional para el Avance de las Personas de Color (NAACP, por sus siglas en inglés) de permitir que solo los distritos escolares sirvan como autorizadores de escuelas chárter. También recomiendan empoderar a los distritos escolares a que rechacen las solicitudes que no cumplan con los estándares de transparencia y responsabilidad, a considerar el impacto fiscal y la presión sobre los recursos del distrito y establecer políticas agresivas para la supervisión de las escuelas chárter. Algunos estados ya están tomando medidas para controlar el desvío de fondos públicos de las escuelas públicas tradicionales. Mi administración se opondrá a la autorización de nuevas escuelas chárter que no cumplan con estos estándares. Mi administración también tomará medidas contra los intentos de suprimir la sindicalización, contra las prácticas discriminatorias en la matriculación, suspensión y expulsión en las escuelas chárter y exigirá que las juntas directivas estén formadas por padres y miembros del público, no solo por fundadores, familiares o proveedores de servicios con fines de lucro.
Le pondré fin a los fondos federales para la expansión de las escuelas chárter: El Programa Federal de las Escuelas Chárter (CSP, por sus siglas en inglés), una serie de subvenciones federales establecidas para promover nuevas escuelas chárter, ha sido un fracaso absoluto. Un informe reciente demostró que el gobierno federal ha malgastado hasta mil millones de dólares en escuelas chárter que nunca abrieron, o que abrieron y luego cerraron debido a una gestión pobre y otras razones. Incluso, la agencia de vigilancia del Departamento de Educación ha criticado la supervisión del CSP. Como presidenta, eliminaré este programa de escuelas chárter y pondré fin a los fondos federales para la expansión de las escuelas chárter. También examinaré si otros programas federales o créditos fiscales subsidian la creación de nuevas escuelas chárter y limitaré el uso de esos programas para este propósito.
Prohibiré las escuelas chárter con fines de lucro: Nuestras escuelas públicas deberían beneficiar a los estudiantes y no solo a los intereses financieros o ideológicos de los patrocinadores ricos como las familias DeVos y Walton. Lucharé para prohibir las escuelas chárter con fines de lucro y a las escuelas chárter que externalizan sus operaciones a compañías con fines de lucro.
Ordenaré al Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés) que investigue las escuelas que dicen ser sin fines de lucro pero que están violando los requisitos legales para las organizaciones sin fines de lucro: Muchas de las llamadas escuelas sin fines de lucro, incluyendo las escuelas chárter, operan junto a proveedores de servicios con fines de lucro. Otras son administradas por compañías con fines de lucro que hacen ganancias de estudiantes y contribuyentes. El IRS debe investigar el estatus de estas escuelas y remitir los casos a la División de Fraude Fiscal del Departamento de Justicia cuando corresponda. También aplicaré mi prohibición de las escuelas chárter con fines de lucro a cualquiera de estas escuelas que dicen ser "sin fines de lucro" pero realmente sirven intereses con fines de lucro. Y mi plan prohibiría que las los intereses poderosos se beneficien de las escuelas sin fines de lucro para evitar que los fundadores y administradores canalicen recursos a proveedores de servicios que son propiedad de o son administrados por sus familiares.
Ampliaré la aplicación de las acciones de denuncias contra las escuelas que cometen fraude a los contribuyentes: Nuestras leyes federales permiten a los denunciantes tomar acción para combatir el fraude y recuperar el dinero federal robado. El Departamento de Justicia debería ampliar su investigación de estas denuncias para enfrentar el fraude que parece demasiado común en algunas escuelas chárter, incluyendo las escuelas chárter en línea que falsifican o inflan sus números de inscripción. También es hora de poner fin a la captura corporativa de nuestro sistema educativo y tomar medidas contra la corrupción y las prácticas anticompetitivas en la industria de la educación. Así es cómo podemos comenzar:
Solicitar a las empresas que cabildean a los sistemas escolares que reciben fondos federales que cumplan con las restricciones federales de cabildeo y los requisitos de divulgación: Los cabilderos corporativos gastan millones de dólares para manipular a los funcionarios estatales. Si las compañías hacen cabildeo para recibir contratos de las escuelas que reciben fondos federales, deberían estar sujetas a nuestras reglas federales de cabildeo, incluso cuando cabildean a los funcionarios estatales. Es por eso que mi plan requeriría a todas las compañías que cabildean por estos contratos que cumplan con las nuevas propuestas federales de cabildeo en mi plan titulado “Ponerle fin a la corrupción en Washington”. Esto significa que los conglomerados de educación tendrán que revelar los detalles de sus reuniones con todos los funcionarios públicos, sus grupos de cabildeo no podrán donar o recaudar fondos para candidatos federales. Estos grupos de cabildeo no podrán entrar en nuestro gobierno federal como antes. Igualmente las compañías de educación como Pearson, que a menudo gastan más de $500,000 en un solo año en cabildeo, estarán sujetas a mi nuevo impuesto de cabildeo.
Prohibir compartir, almacenar y vender los datos de estudiantes: Varias investigaciones han revelado que las compañías de tecnología educativa, las escuelas con fines de lucro y otras entidades educativas están vendiendo información y datos de estudiantes a corporaciones. Mi plan ampliará la Ley de Derechos Educativos y Privacidad Familiar (FERPA, por sus siglas en inglés) para prohibir el compartir, almacenar y vender datos de estudiantes que incluya nombres u otra información que pueda identificar a estudiantes individualmente. Estas violaciones deben ser castigadas con sanciones civiles y penales.
Dirigir a la Comisión Federal de Comercio (FTC, por sus siglas en inglés) a que tome medidas contra las prácticas anticompetitivas de extracción de datos por parte de compañías de tecnología educativa: Grandes compañías como Facebook y Google y compañías más pequeñas como Class Dojo, ya han recopilado datos de estudiantes para comercializar productos o venderlos a compañías con el mismo fin. Como presidenta, ordenaré a la FTC que tome medidas contra estas prácticas anticompetitivas de extracción de datos por parte de compañías de tecnología que participan en estas prácticas en el espacio educativo, incluso mediante la revisión y bloqueo de fusiones de compañías que han aprovechado la consolidación de datos.
Solicitar a las compañías que elaboran los exámenes estandarizados de alto impacto que pongan a disposición del público todos los materiales de prueba anteriormente publicados: Las compañías que elaboran estos exámenes de alto impacto crean sus propias compañías de preparación de exámenes utilizando materiales patentados o venden estos materiales directamente a aquellos que pueden pagarlos. Esto les da a algunos estudiantes una clara ventaja en esos exámenes. Mi plan prohibirá que las compañías con contratos del gobierno federal vendan preguntas a individuos o compañías con fines comerciales.
Es tiempo de cumplir con la promesa de brindar una educación de alta calidad para cada estudiante. Mi plan proporciona grandes cambios estructurales que ayudarán a cada estudiante a recibir los recursos necesarios para prosperar.