Proteger el derecho de las mujeres a decidir sobre sus propios cuerpos

Publicado originalmente el 17 de mayo de 2019:

Los legisladores republicanos de la derecha extrema en Alabama acaban de promulgar la prohibición del aborto más extrema en más de 40 años. La nueva ley prohíbe el aborto en todas las etapas del embarazo, sin excepciones para los embarazos productos de una violación o incesto, y podría, incluso, penalizar a los doctores que realicen un aborto con  hasta 99 años de cárcel. Los republicanos en Missouri tienen un proyecto de ley similar.

No son sólo los estados de Alabama y Missouri. Este año, cuatro estados han aprobado leyes que prohibirían el aborto antes de que muchas mujeres sepan que están embarazadas. Hasta el momento, se han presentado 55 leyes en las legislaturas estatales que prohibirían todos o la mayoría de los abortos. Y 18 estados tienen leyes que podrían restringir el aborto en caso de que Roe v. Wade sea revocado.

Hace 46 años, Roe v. Wade se estableció como el derecho constitucional de la mujer a buscar un aborto seguro y legal. Los legisladores republicanos extremistas saben que esto es ley, pero no les importa. Quieren retroceder en el tiempo, prohibir el aborto y negarle a las mujeres el acceso al cuidado de la salud reproductiva. Y esperan que la Corte Suprema respalde sus acciones radicales.

Seré directa: eso podría funcionar. El presidente Trump ha llenado los tribunales con jueces extremistas. Los republicanos en el Senado se robaron un asiento en la Corte Suprema y apresuraron la confirmación del juez Kavanaugh el año pasado para cimentar una mayoría conservadora que estaría en contra del derecho de las mujeres a decidir sobre sus propios cuerpos. 

Aun si la  Corte Suprema decide no invalidar Roe de inmediato, podrían usar estas leyes como una excusa para debilitar este precedente. Eso ha estado sucediendo durante décadas, y ya ha tenido un gran efecto. Desde el 2014, el 90% de los condados en los Estados Unidos no tenían una clínica de aborto. El acceso a servicios de salud reproductiva de calidad, incluyendo el aborto seguro y legal, es esencial para la salud y la seguridad económica, pero barreras sistémicas limitan el acceso a mujeres de bajos ingresos y de color. Se prohíbe el uso de fondos federales para el aborto, lo que afecta desproporcionadamente a mujeres de color que tienen más probabilidades de tener embarazos no deseados y más probabilidades de solicitar abortos. Mientras tanto, la administración Trump ha sido implacable en sus esfuerzos para debilitar el acceso al cuidado de salud de las mujeres. Han tratado de quitarle fondos a Planned Parenthood, difundiendo educación sólo sobre la abstinencia y limitando el acceso a anticonceptivos—acciones que probablemente darán como resultado más embarazos no planificados. Quieren silenciar a los médicos, difundir información errónea y apoyar a los  llamados "centros de crisis de embarazo" donde dan información engañosa e incompleta sobre el cuidado de salud reproductiva.

Este es un momento oscuro. La gente está asustada y enojada. Y tienen razón. Pero este no es momento para retroceder, es tiempo de luchar. Los desafíos judiciales continuarán. Y la próxima presidenta puede comenzar a deshacer parte del daño al nombrar jueces justos e imparciales que realmente respeten la ley. Aparte de estas luchas judiciales, el Congreso también tiene un papel que desempeñar.

El Congreso debería aprobar nuevas leyes federales que protejan el acceso a la atención reproductiva. Leyes federales que aseguran el acceso a métodos anticonceptivos y la atención médica para el aborto a quien lo desee. Leyes federales que permanecerán vigentes sin importar lo que haga la Corte Suprema.

Así es como se vería:

• Establecer derechos federales paralelos al derecho constitucional establecido en Roe v. Wade. Los extremistas detrás de propuestas como la ley de Alabama no reflejan la opinión pública en Estados Unidos. Datos de encuestas muestran que el 71% de los estadounidenses se oponen a anular Roe, incluyendo 52% de los republicanos. El Congreso debe hacer su trabajo y proteger a sus constituyentes al establecer derechos legales que sean paralelos a Roe vs. Wade. Estos derechos tendrían dos componentes claves. Primero, se debe prohibir que los estados interfieran con la capacidad de un proveedor médico a proporcionar atención médica, incluyendo los servicios de aborto. En segundo lugar, deben prohibir que los estados interfieran con la habilidad de un paciente a tener acceso a atención médica, incluyendo servicios de aborto, de cualquier proveedor que lo ofrezca.

Bajo la Cláusula de Supremacía de nuestra Constitución, la ley federal es más poderosa que la ley estatal. Por eso, el establecimiento de estos derechos legales federales invalidaría las leyes estatales contradictorias, como las prohibiciones de Alabama, Georgia y Ohio. También terminaría con los juegos de los tribunales de la derecha para debilitar las protecciones de Roe. Y porque estas protecciones federales serían válidas por razones constitucionales, garantizarían que el derecho de escoger siga siendo la ley, aun si la Corte Suprema anula Roe.

• Aprobar leyes federales para evitar esfuerzos estatales que limitan el acceso al cuidado de salud reproductiva. Los estados han aprobado innumerables regulaciones dirigidas a proveedores de servicios de aborto (TRAP), que están diseñadas para limitar y eliminar el acceso de las mujeres a los servicios médicos del aborto sin infringir, técnicamente, sobre Roe. Restricciones y requisitos geográficos, físicos y de procedimiento. Restricciones al aborto con medicamentos. Este tipo de restricciones son innecesarios y existen con un sólo propósito: eliminar el acceso al aborto. Un proyecto de ley ya propuesto en el Congreso, la Ley de Protección de la Salud de la Mujer, crearía el mecanismo para bloquear este tipo de esquemas inventados para negarles a las mujeres el acceso al cuidado de salud. El Congreso debería aprobarlo.

• Requerir pre-autorización para los estados y gobiernos locales con un historial de prácticas inconstitucionales. Algunos gobiernos locales y estatales tienen un historial comprobado de intentar negarle a las personas sus derechos reproductivos. Necesitamos herramientas adicionales para evitar que estos gobiernos puedan negarle a las personas el acceso a servicios de salud cruciales. La senadora Kamala Harris ha sido una líder en este aspecto. Es por esto que me comprometo a luchar por su propuesta que le requeriría a los estados y los municipios locales con un historial de violar  las protecciones establecidas por Roe v. Wade, a obtener aprobación federal antes de implementar cualquier ley o práctica relacionada a los derechos reproductivos. 

Varios estados, incluyendo a Texas, Arizona y Mississippi, han intentado aprobar leyes que restringen los derechos reproductivos en violación a las protecciones establecidas bajo Roe v. Wade, para luego tener esas leyes derogadas en las cortes federales. Cuando los estados y las localidades tienen un patrón de restringir ilegalmente el acceso a los servicios de aborto, el gobierno federal debe intervenir antes de que la salud y la libertad económica de las personas se ponga en riesgo. Se le debe prohibir a estas jurisdicciones hacer cumplir cualquier ley o práctica relacionada con el aborto sin la certificación del Departamento de Justicia (DOJ por sus siglas en inglés) para asegurar que dichas leyes sean compatibles con la decisión del caso Roe v. Wade y la Ley de Protección de la Salud de Mujeres. A través de una pre-autorización, el Departamento de Justicia intervendrá antes de que un estado pueda acabar con el acceso a derechos constitucionales. La administración Warren garantizaría que las comunidades locales puedan opinar sobre esto y actuar como un control del Departamento de Justicia al permitir que las personas y los proveedores de salud impugnen la aprobación del DOJ de una ley ante los tribunales.

Sabemos que una pre-autorización puede ser efectiva en la lucha contra las restricciones ilegales estatales y locales. Durante casi 50 años, la estipulación de pre-autorización de la Ley de Derecho al Voto impidió que los estados y los municipios locales aprobaran reglas que parecían ser neutrales, pero que en realidad estaban destinadas a suprimir el derecho al voto. Aunque la Corte Suprema anuló las estipulaciones de la pre-autorización de la Ley de Derecho al Voto en el 2013 bajo la premisa de que la fórmula para determinar su cobertura estaba desactualizada, la Corte señaló el camino para desarrollar requisitos de pre-autorización que resistirían el escrutinio legal. La pre-autorización le daría al gobierno federal la capacidad de detener leyes y prácticas ilegales antes de que causen daño. Esa es una herramienta poderosa en la lucha por la justicia reproductiva.

• Garantizar la cobertura de salud reproductiva como parte de la cobertura de salud general. Todas las mujeres, sin importar dónde vivan, de dónde vengan, cuánto dinero ganen o el color de su piel, tienen derecho a acceder  cuidado de salud reproductiva de alta calidad. Hacer esto una realidad comienza con la derogación de la Enmienda Hyde, que actualmente bloquea la cobertura del aborto para mujeres bajo los programas de atención médica financiados con fondos federales como “Medicaid”, el “VA” y el Servicio de Salud Indígena. El Congreso también debe ampliar los servicios e información cultural y lingüísticamente apropiados e incluir a las mujeres inmigrantes en las conversaciones sobre cobertura y acceso. El Congreso también debe aprobar la Ley “EACH Woman”, que además prohibiría las restricciones al aborto en el seguro privado. Debemos asegurarnos de que toda la cobertura de salud futura, incluyendo “Medicare” para todos, incluya la cobertura de anticonceptivos y aborto.

• Garantizar la igualdad de acceso y justicia reproductiva. Asegurar los derechos federales bajo Roe y asegurar que el cuidado de la salud reproductiva esté disponible para todas las mujeres en Estados Unidos es solo el comienzo. Debemos reparar el daño hecho por la administración actual que intenta socavar el acceso de las mujeres al cuidado de la salud reproductiva, incluyendo la finalización de la regla de Trump que prohíbe debatir este tema,  y apoyar plenamente la financiación de la planificación familiar del Título X. Debemos tomar medidas contra la violencia en las clínicas de aborto y asegurarnos de que las mujeres no sean discriminadas en el trabajo ni en ningún otro lugar por las decisiones que toman. 

Y estos problemas son más grandes que Roe. Las mujeres de color que han defendido el movimiento de justicia reproductiva nos enseñan que debemos ir más allá del derecho de escoger para garantizar un acceso útil para todas las mujeres en Estados Unidos, no solo para las privilegiadas. Debemos ir más allá del aborto, para garantizar el acceso a los anticonceptivos, la prevención y el cuidado de las enfermedades de transmisión sexual, la educación sexual comprensiva, el cuidado de las madres embarazadas, las viviendas y lugares de trabajo seguros, los salarios adecuados y mucho más. Debemos construir un futuro que proteja el derecho de todas las mujeres a tener hijos, el derecho de todas las mujeres a no tener hijos y el derecho a criar a los niños en un hogar seguro y saludable.

Cuando estaba creciendo, mucho antes de Roe, las mujeres ya se sometían a procesos de aborto. Algunas tuvieron suerte. Otras no. Para todas, fue un infierno. 

La gran mayoría de los estadounidenses no desean volver a la época antes de Roe v. Wade. Por eso, el momento de actuar es ahora. Es inspirador ver a tantas mujeres unirse a esta lucha—y deben continuar esta conversación compartiendo  experiencias reales. Los hombres también deben hacerse escuchar. Y los estadounidenses indignados por estos esfuerzos deberían postularse para cargos políticos y hacer que los legisladores republicanos de la derecha extrema enfrenten las consecuencias de sus actos.

Nuestra democracia no debe ser tomada como rehén por los tribunales de la derecha, y las mujeres no deben amarrarse a la idea  de que Brett Kavanaugh y la Corte Suprema de Donald Trump respeten la ley. El Congreso debe actuar para garantizar que la voluntad del pueblo siga siendo la ley del país.