Un país fuerte como Estados Unidos requiere de comunidades rurales fuertes. Las comunidades rurales constituyen un hogar para 60 millones de personas, cientas de naciones tribales y un número creciente de nuevos inmigrantes que representan el 37% del crecimiento de la población rural. Estas comunidades fortalecen a nuestra nación y están liderando al país en energía sostenible, generando el 99% de la energía eólica estadounidense y creando oportunidades para emplear la energía solar.
Pero las corporaciones estadounidenses y los líderes en Washington han ignorado a las personas que viven en nuestras comunidades rurales y en su lugar han priorizado los intereses de las compañías gigantes y a Wall Street. Abrumados por la deuda estudiantil, los jóvenes abandonan las comunidades rurales para buscar trabajo en otros lugares. Las grandes compañías de banda ancha excluyen a comunidades enteras—especialmente a comunidades tribales y comunidades rurales de color—del acceso al internet de alta velocidad. Las comunidades rurales están perdiendo el acceso al cuidado médico de alta calidad. El cambio climático, desde inundaciones más severas hasta olas de calor extremo, está cambiando la forma de vida rural. Y los agricultores se ven obligados a competir con los agronegocios gigantes que tienen una enorme ventaja sobre ellos.
Nuestro fracaso en invertir en áreas rurales está deteniendo a millones de familias, debilitando nuestra economía y minimizando nuestros esfuerzos para combatir el cambio climático. Es tiempo de arreglar esto.
Proteger el acceso al cuidado médico en las comunidades rurales
El cuidado de salud es un derecho humano. Pero las personas no pueden acceder a este derecho en su totalidad en las comunidades donde faltan servicios básicos como el cuidado primario, de emergencia o de maternidad. Esto es lo que está sucediendo en las comunidades rurales estadounidenses, donde la prevalencia de enfermedades crónicas como enfermedades cardíacas y diabetes es mayor, al igual que el riesgo de morir por las causas principales de muerte en el país en comparación con zonas urbanas. Las barreras a la cobertura de salud, la desaparición de las instalaciones de salud y la escasez de profesionales de la salud están negando a las comunidades rurales la atención médica de alta calidad que merecen.
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Es hora de restaurar oportunidades en comunidades rurales.
La cobertura del seguro médico continúa fuera de alcance para muchas personas que viven en comunidades rurales, pero incluso para aquellos con cobertura, las comunidades rurales rápidamente se están convirtiendo en un desierto médico. En menos de una década, 112 hospitales rurales han cerrado y cientos más están cerca de cerrar. Aquellos que permanecen abiertos operan con márgenes muy limitados de atención no compensada, menor volumen de pacientes y reembolso insuficiente.
Es por eso que apoyo Medicare para todos, para que cada persona tenga acceso asequible al cuidado médico sin importar donde vivan. Esto significa acceso al cuidado primario y costos más bajos al cuidado de salud para pacientes, y una atención menos compensada para los hospitales, lo que ayudará a los hospitales a mantenerse a flote. También necesitamos aumentar las tasas de reembolso para los hospitales y aliviar las restricciones innecesarias que dificulta proporcionar sus servicios en la comunidad. Medicare actualmente tiene designaciones especiales disponibles para los hospitales rurales, pero deben ser actualizados para que correspondan a la realidad de las áreas rurales. Crearé una designación nueva que reembolsará a los hospitales rurales a una tasa más alta, aliviará los requisitos de distancia y ofrecerá flexibilidad de servicios evaluando las necesidades de sus comunidades.
Pero no debemos parar ahí. Las tasas más altas de consolidación tanto para hospitales con fines de lucro como sin fines de lucro dificultan el acceso al cuidado médico. Pero sin embargo, muchos hospitales pueden evadir la aplicación antimonopolio federal ya sea porque el valor de la fusión es demasiado pequeño como para provocar una revisión obligatoria o porque la competencia de la Comisión Federal de Comercio (FTC, por sus siglas en inglés) sobre los hospitales sin fines de lucro está limitada. La integración vertical también está aumentando a medida que más hospitales adquieren prácticas individuales y algunos estados han protegido deliberadamente a los hospitales de la acción antimonopolio federal. Mejoraré la supervisión del gobierno federal sobre las fusiones y el comportamiento anticompetitivo para asegurar que compañías del cuidado de salud cumplan con las reglas y prioricen las necesidades de los pacientes.
Dirigiré a la FTC a que bloquee todas las fusiones futuras entre hospitales a menos que las compañías que fusionan puedan demostrar que la entidad recientemente fusionada mantendrá o mejorará el acceso a la atención médica. Si una fusión propuesta ayuda a mantener o mejorar el acceso a la atención médica, está bien. Pero cuando es un primer paso para cerrar hospitales o recortar servicios básicos, la administración de Warren no lo permitirá.
También propondré un grupo de reformas para fortalecer la supervisión a organizaciones del cuidado médico, incluso estableciendo nuevas regulaciones federales y dirección para requerir que todas las fusiones que involucren centros de atención médica se reporten a la FTC. Autorizaré a la FTC a evaluar a hospitales sin fines de lucro sobre el comportamiento anticompetitivo, actualizar la guia del Departamento de Justicia para las fusiones verticales y tomar medidas enérgicas contra las compañías del cuidado médico integradas verticalmente que están aumentando los costos sin mejorar la calidad del cuidado. También trabajaré con los estados para derogar los estatutos del Certificado de Ventaja Publica (COPA, por sus siglas en inglés) que protejan a las organizaciones del cuidado médico de la revisión antimonopolio federal y pueden conducir a la creación de grandes monopolios con poca o ninguna supervisión.
También tenemos la responsabilidad de asegurar que los lugares que han tenido una pérdida de servicios o que están desatendidos médicamente puedan brindar mejor atención a las necesidades de sus comunidades. Es por eso que aumentaré los fondos para los Centros de Salud Comunitarios (conocidos como CHCs, por sus siglas en inglés) en un 15 por ciento anualmente durante los próximos cinco años. También estableceré un fondo de capital de $25 mil millones de dólares para apoyar una variedad de opciones para mejorar el acceso a la atención médica en áreas de escasez de profesionales de la salud, incluyendo: Construir una nueva instalación como un Centro de Salud Comunitario, una clínica de salud rural, un centro de salud escolar o un centro de maternidad; Ampliar la capacidad o los servicios de una clínica existente; Establecer servicios de farmacia o un programa de telemedicina; Apoyar un programa educativo de autocontrol de la diabetes; Mejorar la transportación al hospital más cercano; o modelos pilotos como clínicas móviles y programas comunitarios de paramedicina.
La lucha continúa
Las comunidades rurales se han visto particularmente afectadas por la epidemia de opioides y la tasa de muertes por sobredosis de opioides ha sido mayor allí que en las zonas urbanas en los últimos años. Estoy abogando por $100 mil millones durante 10 años para poner fin a la crisis de los opioides, incluyendo $2.7 mil millones para los condados y ciudades más afectados y $800 millones en fondos directos para gobiernos tribales y organizaciones indígenas. La financiación se puede utilizar para servicios de prevención e intervención temprana en centros de salud calificados a nivel federal, clínicas de salud rurales y para capacitar a profesionales de la salud en el tratamiento de trastornos por uso de sustancias en áreas rurales y otras áreas médicamente desatendidas.
Para asegurar el acceso a servicios de alta calidad, también debemos cerrar las brechas en la fuerza laboral de atención médica en las comunidades rurales estadounidenses. Casi el 60% de las áreas de escasez de profesionales de la salud, aquellas que carecen de suficientes médicos de atención primaria, asistentes médicos, enfermeras, dentistas, farmacéuticos, técnicos de emergencias médicas y asistentes de salud en el hogar, se encuentran en regiones rurales. Se necesitan más de 3,600 médicos adicionales para cerrar el déficit de la fuerza laboral de médicos rurales hoy en día, pero los límites impuestos por el Congreso a las residencias médicas y la financiación inestable del Cuerpo Nacional de Servicios de Salud (NHSC, por sus siglas en inglés) han hecho que esta brecha sea casi imposible de cerrar. Es más, esta escasez está aumentando rápidamente a medida que los médicos rurales se acercan a la jubilación y cada vez menos estudiantes de medicina entrantes planean practicar en áreas rurales.
Como Presidenta, me asegurare de ampliar nuestra fuerza laboral de cuidado de salud al invertir más recursos en el desarrollo de profesionales médicos en áreas rurales. Esto comienza al ampliar drásticamente los programas de aprendizaje según lo propuesto en mi plan de patriotismo económico para apoyar las asociaciones entre sindicatos, escuelas secundarias, colegios comunitarios y una amplia gama de profesionales de la salud para crear una fuerza laboral de cuidado de salud que esté arraigada en la comunidad. Aumentaré el límite de la colocación residencial por 15,000. Y debido a que es más probable que los residentes practiquen en los sitios donde son entrenados, centralizaré la mitad de las nuevas colocaciones residenciales en áreas con servicios médicos limitados, como programas de residencia rural, programas de residencia con programación de entrenamiento rural, y el Servicio de Salud para Indígenas (IHS, por sus siglas en inglés), mientras trabajamos con programas rurales para garantizar que puedan aprovechar al máximo estos aumentos. También ampliaré significativamente el programa de reembolso de préstamos del NHSC a $15 mil millones y el programa de reembolso de préstamos del IHS a mil millones de dólares en los próximos 10 años para cubrir el reembolso total del préstamo por 5 años de servicio y aumentar la cantidad de profesionales de la salud que brindan servicios a las comunidades indígenas y rurales estadounidenses.
Construir seguridad económica en las comunidades rurales estadounidenses
Mi plan no para con el cuidado de salud. Cada estadounidense tiene el derecho a una seguridad financiera básica sin importar donde vivan. Pero las personas que viven en comunidades rurales enfrentan desafíos que pueden afectar esa seguridad. Mis planes están diseñados para abordar estos desafíos y permitir que personas en comunidades rurales puedan prosperar económicamente.
Por ejemplo, el cuidado infantil: Hoy, a la mayoría de comunidades rurales les falta suficiente acceso al cuidado infantil. En promedio, familias rurales gastan más de sus ingresos en cuidado infantil que familias en áreas urbanas. Mi plan para el cuidado infantil universal proporcionará acceso al cuidado infantil de alta calidad a cada comunidad al ser gratis para millones de familias y asequible para todas. El gobierno federal también trabajará estrechamente con los proveedores locales y los gobiernos tribales para asegurarse de que haya opciones de cuidado infantil de alta calidad disponibles en cada comunidad, incluyendo los servicios de cuidado infantil en el hogar, que las familias rurales tienen más probabilidades de usar.
Las comunidades rurales también enfrentan desafíos de vivienda únicos. Más de 150 condados rurales tienen una necesidad severa de viviendas de alquiler asequibles y el 38% de los condados rurales tienen necesidad moderadamente severa de viviendas de alquiler. El valor de las viviendas en las zonas rurales también se ha recuperado más lentamente de la crisis financiera reciente. Mi plan de vivienda invierte $523 millones para crear 380,000 viviendas de alquiler asequibles en comunidades rurales y proporciona $2 mil millones adicionales para ayudar con sus hipotecas a los propietarios que aún están luchando por recuperarse de la crisis financiera. También invierte $2.5 mil millones para construir o rehabilitar 200,000 hogares en tierras tribales, donde la superpoblación, la falta de vivienda y las viviendas deficientes han alcanzado niveles de crisis.
Adicionalmente, la crisis de la deuda por préstamos estudiantiles afecta a las áreas rurales mucho más. En parte debido a la enorme carga de la deuda estudiantil, los adultos jóvenes abandonan las comunidades rurales para buscar trabajo en las ciudades. Solo el 52% de los prestatarios de préstamos estudiantiles rurales permanecen en una comunidad rural, en comparación con el 66% de los que no solicitaron préstamos. Los que tienen más deuda tienen más probabilidad de mudarse. Mi plan para cancelar hasta $50,000 en deuda por préstamos estudiantiles significará que los recién graduados no necesitarán acudir en masa a los centros urbanos para encontrar trabajos que los ayuden a pagar estos préstamos. Y mi plan de proporcionar una educación superior pública gratuita garantizará que ningún estudiante vuelva a estar en esta situación. Necesitamos hacer posible que los estudiantes vean a las comunidades rurales como lugares de oportunidad donde puedan vivir, trabajar y construir un futuro para ellos mismos.
Una opción pública para el internet de banda ancha
Una de las mejores herramientas para crear oportunidades económicas y avances en el cuidado médico, como la telemedicina, es el acceso fiable al internet de alta velocidad. En el siglo XXI, cada hogar debe tener acceso a esta tecnología, pero no estamos cerca de lograr esto hoy. Según la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, por sus siglas en inglés), en el 2017 un 26.4% de las personas que viven en áreas rurales y el 32.1% de las personas que viven en tierras tribales no tenían acceso a banda ancha de velocidad mínima (25 Mbps/3 Mbps), en comparación con el 1.7% en las áreas urbanas. Y dadas las vacios legales notorios en los requisitos de informes de la FCC, estas cifras subestiman la brecha.
Al mismo tiempo, aunque es más probable que las áreas urbanas tengan acceso a la banda ancha con fibra óptica, muchos residentes no pueden darse el lujo de conectarse a ella. Casi el 27% de los hogares en Detroit y Cleveland no tenían acceso al internet en el 2017, y los hogares con ingresos inferiores a $35,000 que constituyen el 60% de los hogares no tienen acceso a la banda ancha, a pesar de representar el 31% de la población nacional.
No es la primera vez que hemos enfrentado este tipo de problema. Antes de finalizar la década de 1930, las compañías eléctricas privadas ignoraban a las comunidades rurales que creían que ofrecían oportunidades de ganancias mínimas, dejando a las familias que vivían allí literalmente en la oscuridad. Al igual que las compañías eléctricas hace ochenta años, los proveedores de servicios de internet (ISPs, por sus siglas en inglés) más grandes de hoy han dejado a gran parte del país sin servicio o con servicio deficiente.
No solo eso, restringieron deliberadamente a la competencia, mantuvieron altos los precios y utilizaron sus numerosos cabilderos para convencer a las legislaturas estatales que prohibieran a los municipios construir sus propias redes públicas. Mientras tanto, el gobierno federal ha invertido miles de millones de dólares de los contribuyentes en ISP privados en un esfuerzo por ampliar la banda ancha a áreas remotas, pero estos proveedores han hecho lo mínimo con estos recursos, ofreciendo velocidades de internet muy por debajo del mínimo de la FCC.
Esto terminará cuando sea presidenta. Me aseguraré que cada hogar en Estados Unidos tenga una conexión de banda ancha con fibra óptica a un precio que las familias puedan pagar. Esto significa que las redes serán de propiedad y operación pública, y que ningún ISP gigante podrá huir con el dinero de los contribuyentes. Mi plan hará lo siguiente:
Hará claro en los estatutos federales que municipios tienen el derecho a construir sus propias redes de banda ancha. Muchos ciudades pequeñas y áreas rurales se han cambiado a redes municipales para proveer acceso a banda ancha en lugares donde el mercado privado ha fallado con el servicio. Pero hoy, por lo menos 26 estados han aprobado leyes que hacen difícil o que prohíben a municipios crear su propia infraestructura de banda ancha, con tal de proteger los intereses de las compañías gigantes de telecomunicaciones. Revocarémos estas leyes y devolveré este poder a los gobiernos locales.
Creará una Oficina de Acceso a la Banda Ancha dentro de mi Departamento de Desarrollo Económico que dirigirá un nuevo programa federal de subvenciones de $85 mil millones para ampliar drásticamente el acceso a la banda ancha a través del país. Bajo mi plan solo los cooperativos de electricidad y teléfono, organizaciones sin fines de lucro, tribus, ciudades, condados y otras subdivisiones de estados serán elegibles para recibir subvenciones de este fondo. Y todas las subvenciones serán usadas para construir la infraestructura de fibra necesaria para ofrecer banda ancha a las áreas desatendidas e ignoradas o a las áreas con competencia mínima. El gobierno federal pagaría 90 centavos por cada dólar para la construcción bajo estas subvenciones. A cambio, los solicitantes deberán ofrecer banda ancha pública de alta velocidad directamente a cada hogar en su área de aplicación. Los solicitantes deberán ofrecer al menos un plan con velocidades de 100 Mbps/100 Mbps y un plan de internet con descuento para clientes de bajos ingresos con una función prepagada o una tarifa mensual baja. De estos fondos, $5 mil millones se destinarán específicamente para subvenciones federales del 100% a naciones tribales para ampliar el acceso de banda ancha en las tierras indígenas. Además de la infraestructura necesaria de la "última milla", las tribus podrán solicitar fondos para construir las 8,000 millas restantes de fibra de media milla en tierras tribales.
Nombrará comisionados a la FCC que restablecerán la neutralidad de la red. Designaré comisionados de la FCC que restablecerán la neutralidad de la red, regularán a los proveedores de servicios de internet como "operadores comunes" y mantendrán el acceso abierto al internet. También requeriré que todos los servicios de telecomunicaciones contribuyan de manera justa al Fondo de Servicio Universal para apoyar programas esenciales de servicio universal que brinden subsidios a personas, escuelas y bibliotecas de bajos ingresos para aumentar la implementación de banda ancha, incluida la firma y la construcción de la ley conocida como el “Tribal Connect Act”, para que podamos trabajar para que todas las bibliotecas tribales tengan acceso a banda ancha.
Fortalecerá la Oficina de Asuntos y Política Indígenas de la FCC. Esta oficina ofrece capacitaciones, asistencia técnica y consultas para las comunidades indígenas estadounidenses. Proporcionarle mayores fondos dedicados a ampliar su capacidad ayudará a cerrar la brecha digital.
Mejorará la precisión de los mapas de banda ancha. La débil supervisión de la FCC ha permitido a los ISPs exagerar en gran medida la cantidad de hogares a los que sirven y ha permitido que los ISPs minimicen sus fallas y se protejan de la regulación. Para proporcionar acceso de banda ancha universal y tomar medidas enérgicas en contra de los comportamientos anticompetitivos, el gobierno debe saber qué tan extensos son los problemas. Nombraré comisionados de la FCC que exigirán a los ISPs que informen sobre el servicio y las velocidades al nivel del hogar, así como datos de precios agregados, y trabajaré con las partes interesadas de la comunidad, incluyendo las naciones tribales, para asegurarnos de que este proceso sea correcto. Después, pondremos estos datos a disposición del público y realizaremos auditorías periódicas para garantizar informes precisos.
Prohibirá la gama de maniobras furtivas que utilizan los proveedores privados gigantes para eliminar injustamente a la competencia, mantener a los gobiernos como rehenes y aumentar los precios. Es hora de tomar medidas enérgicas contra todos los comportamientos anticompetitivos que los ISPs gigantes han utilizado para impulsar la competencia. Devolveremos el control de los postes y conductos de servicios públicos a las ciudades, prohibiremos que los propietarios hagan tratos con los ISPs privados para limitar las opciones en sus propiedades y prohibiremos a las compañías limitar el acceso a los cables dentro de los edificios. Nos aseguraremos que todos los edificios nuevos estén preparados para fibra óptica, de modo que cualquier red pueda prestar servicios allí, y también promulgarémos políticas llamadas “Dig Once” para exigir que se instale el conducto cada vez que se abra el terreno para un proyecto de infraestructura pública.
Asegurará que cada persona tenga las habilidades necesarias para participar plenamente en nuestra economía en línea. Incluso cuando hay acceso a internet de banda ancha, e incluso cuando está disponible a un precio asequible, es posible que las personas aún no lo aprovechen porque no saben cómo usarlo. Es por eso que trabajaré para aprobar la Ley de Equidad Digital, que invertiría $2.5 mil millones durante diez años para ayudar a los estados a desarrollar planes de equidad digital y a lanzar proyectos de inclusión digital.
Crear y defender empleos en las comunidades rurales estadounidenses
Ampliando la banda ancha es solo el primer paso para aumentar la oportunidad económica en las comunidades rurales. Necesitamos hacer más para traer empleos de alta calidad a las áreas rurales y ciudades pequeñas y negociar acuerdos comerciales para que los empleos se mantengan en los Estados Unidos, en vez de irse al extranjero. Es por eso que me he comprometido a crear una Estrategia Nacional de Empleo centrada específicamente en las economías regionales y las tendencias que afectan desproporcionadamente a las áreas rurales y las pequeñas ciudades. Y por eso invertiría $2 billones en investigación ecológica y la fabricación y exportación para crear más de un millón de nuevos empleos, revirtiendo las pérdidas de fabricación que muchas comunidades rurales han vivido en las últimas dos décadas.
También solicitaré $400 mil millones para el estudio y desarrollo de energía limpia, fondos que se destinarán a universidades que se les otorgan tierras, áreas rurales y áreas que han sufrido las peores pérdidas de empleos en los últimos años. Ampliaré drásticamente los programas de capacitación de trabajadores, invertiremos $20 mil millones en aprendizaje e instituiré nuevos programas de capacitación sectorial para impulsar las oportunidades de empleo para las personas que viven en áreas rurales a través del país.
La inmigración también está revitalizando las economías locales y revirtiendo el declive de la población en varias comunidades rurales. He pedido ampliar la inmigración legal—de una manera que sea consistente con nuestros valores y principios—para crecer nuestra economía, reunir a las familias y satisfacer nuestras demandas del mercado laboral. Mi plan de inmigración aumentará los salarios para todos y garantizará que las empresas no puedan salirse con la suya con trucos que reducen los salarios.
Y crearé una nueva estrategia para nuestra politica fiscal para asegurar que los nuevos empleos de alta calidad se queden aquí en los Estados Unidos. Como parte de mi nuevo plan, cambiare fundamentalmente el proceso de negociación para que las comunidades rurales sean representadas explícitamente y para usar nuestra ventaja para demandar más para los trabajadores y agricultores al aumentar los estándares globales.
Apoyar negocios pequeños y locales
Los negocios pequeños son una parte crucial de la vitalidad económica de las comunidades rurales, pero las personas en estas áreas enfrentan desafíos para tener acceso a capital y servicios financieros para empezar sus negocios. El número de condados rurales sin un banco comunitario local se ha duplicado desde 1994, y 86 desiertos bancarios rurales nuevos han aparecido desde el 2008, dejando a estas comunidades sin ningún servicio bancario dentro de 10 millas a la redonda. Es por eso que he propuesto permitir que el Servicio Postal de los Estados Unidos se asocie con bancos comunitarios locales y cooperativas de crédito para proporcionar acceso a servicios bancarios básicos de bajo costo en línea y en oficinas postales.
Además, el 25% de los desiertos bancarios rurales nuevos están en comunidades de color. Obtener crédito y préstamos pequeños es vital para iniciar y crecer una pequeña empresa, pero las distancias más largas entre un prestatario y su banco se asocian con más denegaciones de crédito y tasas de interés más altas en los préstamos. Es por eso que estableceré un fondo de $7 mil millones para cerrar la brecha en el capital inicial para emprendedores de color, que respaldará a 100,000 nuevos negocios pertenecientes a minorías, proporcionará más de un millón de nuevos empleos e impulsará aún más el desarrollo económico en las áreas rurales.
Las firmas de capital privado han perjudicado aún más a las empresas locales, comprando todo, desde parques de casas móviles hasta hospitales, hogares para personas de la tercera edad y periódicos locales, abrumándolas con deudas, absorbiéndolas y dejando a los trabajadores a lidiar con las consecuencias. Voy a limitar a Wall Street para responsabilizar a las empresas de capital privado y evitar que destruyan negocios que brinden oportunidades económicas, y empleos a los pueblos pequeños y comunidades rurales de todo el país. Es hora de priorizar los intereses a largo plazo de los trabajadores estadounidenses, no los intereses a corto plazo de las grandes instituciones financieras.
Construir una nueva economía agrícola
Las comunidades rurales estadounidenses también son el hogar del sector agrícola de nuestra nación, pero hoy en día los agricultores se ven presionados por los agronegocios gigantes que devoran más tierras y reducen los precios. En 1935, había 6.8 millones de granjas en los Estados Unidos, pero en el 2017, había poco más de 2 millones. Además, a medida que el número de granjas ha disminuido, el tamaño de cada granja restante ha crecido dramáticamente: De un promedio de 155 acres por granja en 1935 a un promedio de 444 acres por granja hoy. Mientras tanto, la cantidad que el agricultor gana por cada dólar que los estadounidenses pagan en comida se ha caído a sólo 14.6 centavos en 2017, la cifra más baja desde que el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés) comenzó a reportar esta cifra en 1993.
Es por eso que me comprometí a abordar la consolidación en el sector agrícola al revisar y revertir las fusiones anticompetitivas y a deshacer las grandes empresas agrícolas que se han integrado verticalmente. También apoyaré un derecho nacional de reparar la ley para los agricultores, reformar la etiqueta del país de origen y restringir la propiedad extranjera de empresas agrícolas estadounidenses y tierras de cultivo.
El costo de todas y cada una de estas inversiones está totalmente compensado por mis planes para hacer que las grandes corporaciones y los ricos paguen más impuestos. Estos planes incluyen mi impuesto anual de dos centavos sobre fortunas de más de $50 millones y mi plan para asegurar que las corporaciones estadounidenses demasiado grandes y lucrativas no puedan salirse con la suya al pagar cero impuestos. Las nuevas inversiones que estoy anunciando hoy para el acceso universal de banda ancha y las opciones del cuidado de salud en las áreas rurales se pueden compensar al cambiar las leyes fiscales que alientan a las empresas a fusionarse y reducir la competencia.
Yo quiero que Washington funcione para todas las comunidades en nuestro país. Desde ampliar el acceso a la banda ancha hasta impulsar la inversión en empleos de calidad, juntos podemos hacer un gran cambio estructural para crear nuevas oportunidades en todas las comunidades rurales estadounidenses.