Protegiendo a nuestras comunidades de la violencia armada

En promedio, hay 100 muertes relacionadas a las armas de fuego diariamente en los Estados Unidos. Pasa en todas partes, desde nuestros hogares, a nuestras calles, a nuestros patios de recreo. Añade tu nombre si estás de acuerdo: Debemos tomar medidas para proteger a nuestras comunidades de la violencia armada.

Publicado originalmente el 10 de agosto de 2019

Columbine.

Sandy Hook.

Charleston. 

Pulse.

Las Vegas.

Parkland.

Pittsburgh.

Ahora El Paso. Dayton.

Estos son solo algunos de los nombres grabados en la conciencia estadounidense, recordándonos de las pérdidas sin sentido y el dolor duradero.

Ha pasado una semana desde los últimos ataques y, en promedio, cada día, 100 personas mueren a causa de armas de fuego—en tiroteos que ocurren en nuestros hogares, en nuestras calles, en nuestros patios de recreo.

Las víctimas son nuestros vecinos y nuestras amistades. La mamá o el papá de alguien, el hijo/a de alguien, el hermano/a de alguien. 

No faltan estadísticas para demostrar la epidemia causada por la violencia causada por las armas de fuego. 

  • Nuestra tasa de homicidios con armas de fuego es 25 veces mayor que la de otros países comparables.

  • Nuestra tasa de suicidios con armas de fuego es casi 10 veces mayor.

  • Las mujeres en los Estados Unidos tienen 21 veces más probabilidades de ser asesinadas a tiros que las mujeres en otros países comparables, y la mayoría son asesinadas por una pareja íntima.

  • 21 niños y adolescentes son baleados diariamente.

La lista continúa.

Añade tu nombre si estás de acuerdo

Debemos tomar medidas para proteger a nuestras comunidades de la violencia armada.

Y mientras la mayoría de los estadounidenses—incluyendo la mayoría de los propietarios de armas—están a favor de la legislación sensata sobre las armas de fuego, hasta las propuestas más básicas, como las verificaciones universales de antecedentes, están constantemente bloqueadas por ideólogos de la derecha extrema en el Congreso que son comprados por la industria de armas, sus socios de la NRA y un ejército de cabilderos y abogados que los apoyan.

Ante una crisis de salud pública compleja, empeorada por la incapacidad continua de un gobierno corrupto para hacer algo al respecto, es fácil desesperarse. Pero no somos incapaces de resolver grandes problemas. Lo hemos hecho antes.

En 1965, más de cinco personas morían en accidentes automovilísticos por cada 100 millones de millas recorridas. Fue una crisis masiva. Como nación, decidimos hacer cambios. Algunos cambios eran obvios: cinturones de seguridad, parabrisas más seguros y tableros acolchados. Otras cosas se aclararon con el tiempo: cosas como las bolsas de aire y mejores sistemas de frenos. Pero hicimos cambios, vimos que funcionó y lo seguimos mejorando. A lo largo de cincuenta años, redujimos las muertes por milla conducida en casi un 80% y prevenimos 3.5 millones de muertes automovilísticas. Y seguimos intentando mejorar.

En 2017, casi 40,000 personas murieron por armas de fuego en los Estados Unidos. Mi objetivo como presidenta, y nuestro objetivo como sociedad, será reducir ese número en un 80%. Comenzaremos implementando soluciones que creemos que funcionarán. Continuaremos revisando y actualizando constantemente esas soluciones basándonos en nuevos estudios sobre la salud pública. Y haremos cambios estructurales para poner fin a la habilidad de los extremistas corruptos que impiden que nuestro gobierno defienda las vidas de nuestra gente—comenzando por eliminar el llamado “filibuster”.

Así es como lo haré:

  • Como presidenta, tomaré medidas ejecutivas de inmediato para controlar la industria de armas de fuego, y haré que los comerciantes y los fabricantes de estas armas rindan cuentas por la violencia promovida por sus productos.

  • Romperé con el dominio de la NRA sobre el Congreso al aprobar una legislación anticorrupción radical y eliminaré el llamado “filibuster” para que nuestro país no siga siendo rehén de un grupo pequeño de extremistas bien financiados que han dejado perfectamente claro que nunca pondrán la seguridad del pueblo estadounidense primero.

  • Enviaré legislación comprensiva al Congreso para la prevención de la violencia armada. Firmaré esta ley dentro de mis primeros 100 días. Revisaremos esta ley cada año, añadiendo nuevas ideas y ajustando las ideas vigentes basándonos en nuevos datos, para reducir continuamente la cantidad de muertes por armas de fuego en Estados Unidos.

Acción ejecutiva para reducir la violencia armada

Los defensores de la reforma de armas de fuego conocen los cambios que se pueden lograr mediante la acción ejecutiva. Debemos intentar seguir estas soluciones al mayor alcance de la ley, al redefinir a cualquier persona "involucrada en el negocio" de tráfico de armas de fuego para incluir la gran mayoría de las ventas de armas fuera de los intercambios de familia a familia. Esto ampliará los requisitos, no solo para la verificación de antecedentes, sino también todas las reglas federales de armas, para cubrir todas esas ventas. Esto incluye:

  • Requerir verificaciones de antecedentes. Haremos que la gran mayoría de las ventas privadas, incluso en ferias de armas de fuego y por internet, sean incluídas en la verificación de antecedentes existente.

  • Informar sobre la compra de múltiples armas. Ampliaremos el requisito existente para informar sobre ventas a granel para incluir casi todas las ventas de armas. Extenderé los requisitos existentes sobre la compra masiva de ciertos rifles para incluir no solo a los estados fronterizos, sino también al resto de los estados en el país. 

  • Elevar la edad mínima. Ampliaremos el número de ventas que requieren que el comprador tenga al menos 18 años, manteniendo las armas fuera del alcance de los adolescentes.

Mi administración utilizará todas las autoridades a nuestra disposición para investigar y enjuiciar a todos aquellos que evadan o violen las leyes federales sobre las armas de fuego. Esto incluye:

  • Enjuiciar a los traficantes de armas. El tráfico de armas a través de las fronteras estatales permite que las armas pasen de estados con menos restricciones a aquellos con  estándares de seguridad estrictos, y el tráfico de armas a través de nuestra frontera del sur contribuye a la violencia de pandillas que hace que los migrantes huyan hacia el norte. Instruiré a mi Fiscal General que se enfoque en proseguir el tráfico de armas interestatal y transnacional.

  • Revocar las licencias para traficantes de armas que infrinjan las reglas. Solo 1% de los traficantes de armas son responsables del 57% de las armas de fuego utilizadas en delitos criminales. Mi administración ordenará a la Oficina Federal de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego (ATF por sus siglas en inglés) que priorice la supervisión de los distribuidores con una serie de violaciones de cumplimiento, y luego utilizará su autoridad para revocar la licencia de los distribuidores que violen las reglas repetidamente.

  • Investigar a la NRA y sus amigos. Se le acusa a la NRA de aprovecharse de los vacíos legales en las leyes federales que gobiernan los gastos de las organizaciones sin fines de lucro para desviar pagos de membresía hacia pagos para los miembros de su junta directiva y sus ejecutivos. Designaré un Fiscal General comprometido a investigar este tipo de prácticas corruptas, y los bancos y proveedores externos—como Wells Fargo—que han permitido que la NRA evada las reglas durante tanto tiempo.

Para proteger a los más vulnerables, mi administración utilizará la autoridad reguladora existente de la ATF a su mayor alcance, incluyendo:

  • Proteger a los sobrevivientes de abuso doméstico. Cerraremos el llamado "vacío legal del novio" y definiremos como pareja íntima a cualquier persona con una previa condena por violencia doméstica que haya resultado de cualquier tipo de relación romántica.

  • Revertir los esfuerzos de la administración de Trump para debilitar las reglas existentes. Rescindiremos las reglas y políticas de la era Trump que debilitan nuestro régimen de seguridad respecto a las  armas de fuego, incluyendo las reglas que reducen los estándares para comprar un arma, y ​​aquellas que facilitan crear armas imposibles de rastrear o modificar armas de manera que evadan la ley. Esto incluye revocar las políticas de la era Trump que permiten pistolas impresas en 3-D, regular el 80% de los receptores como armas de fuego y revertir la decisión de la ATF que permite que un tirador convierta una pistola en un rifle de cañón corto.

  • Restringir el movimiento de armas a través de nuestras fronteras. Revertiremos los esfuerzos de la administración Trump para facilitar la exportación de armas fabricadas en Estados Unidos mediante la transferencia de exportaciones de armas de fuego semiautomáticas y municiones del Departamento de Estado al Departamento de Comercio, y evitaremos la importación de armas de asalto fabricadas en el extranjero.

El tiroteo en El Paso nos recuerda que debemos llamar al nacionalismo blanco por lo que es: terrorismo doméstico. En lugar de un presidente que se queda de brazos cruzados mientras el nacionalismo blanco se fortalece en este país, necesitamos un presidente que use todas las herramientas disponibles para prevenirlo. Es incompatible con nuestros valores estadounidenses, es una amenaza para la seguridad de nuestro país, y un Departamento de Justicia de la administración de Warren lo proseguirá al mayor alcance de la ley.

Cambios estructurales para aprobar la legislación de seguridad de armas

El próximo presidente tiene la obligación moral de usar cualquier autoridad ejecutiva que tenga para abordar la crisis de las armas de fuego. Pero la acción ejecutiva no es suficiente. Una reforma duradera requiere legislación, pero en este momento es imposible. ¿Por qué? Por una mezcla virulenta de corrupción y abuso de poder.

El dinero tiene mucho poder en Washington. Y la NRA es un ejemplo nocivo de corrupción en Washington. Durante las últimas dos décadas, la NRA ha gastado más de $200 millones cabildeando el Congreso, influyendo las elecciones y comprando a los políticos, y eso es solo el comienzo. La NRA gasta millones llenando nuestro discurso político con propaganda odiosa y alimentada por la conspiración, bloqueando reformas apoyadas por el 90% de los votantes estadounidenses.

En pos de raíz de la masacre de Sandy Hook, el pueblo estadounidense se unió por exigir reformas. El presidente Obama sugirió varios cambios legislativos serios. El Senado rechazó la prohibición de armas de asalto. Rechazó una propuesta de verificación de antecedentes, a pesar de que 54 senadores de ambos partidos votaron por ella, debido a un “filibuster” de la derecha. Estos eran los pasos mínimos que necesitábamos tomar. Seis años después, el Congreso aún no ha actuado.

Este patrón se sigue repitiendo en nuestro gobierno. Cuando el dinero y la influencia tienen el poder de anular la voluntad de la gran mayoría de los estadounidenses, eso es corrupción—simple y sencillamente. 

Es hora de luchar. He propuesto el conjunto más amplio de reformas anticorrupción desde Watergate, un conjunto de cambios grandes y estructurales que incluyen terminar con el cabildeo tal como lo conocemos y cerrar la puerta giratoria. Mi primera prioridad cuando sea electa presidenta es promulgar estas reformas para que nuestro gobierno comience a trabajar para todos otra vez. 

Pero legislación anticorrupción por sí sola no será suficiente. Después de décadas de inacción, los demócratas se han unido para apoyar una serie de reformas de regulaciones para las armas de fuego. Si seguimos permitiendo que los extremistas comprados en el Senado sigan impidiendo la voluntad de la gente, nunca avanzaremos estas reformas.

Ya basta. La reforma duradera de las armas requiere la eliminación del “filibuster.”

Legislación para reducir la violencia armada

Cuando sea presidenta, enviaré al Congreso legislación comprensiva que incluya nuestras mejores ideas sobre las acciones que funcionaran para reducir la violencia armada.

Comenzará con garantizar que la posesión segura y responsable sea el estándar para todos los que eligen poseer un arma. Haremos eso al:

  • Crear un sistema de licencia federal. Los estados con requisitos estrictos tienen tasas más bajas de tráfico de armas y violencia. Se requiere una licencia para conducir un automóvil, y el Congreso debe establecer un sistema federal de licencias similar para la compra de cualquier tipo de arma de fuego o municiones.

  • Requerir verificaciones universales de antecedentes. Ampliaré las verificaciones de antecedentes a través de acción ejecutiva—pero el Congreso debe ordenar las verificaciones universales de antecedentes, permanentemente. Presionaré al Congreso para que cierre el llamado "vacío legal de Charleston" que permite que se continúe la venta de una venta de armas luego de tres días, aún cuando la verificación de antecedentes no ha sido completada.

  • Aumentar los impuestos a los fabricantes de armas. Desde 1919, el gobierno federal ha designado un impuesto especial para los fabricantes e importadores de armas y municiones. Las pistolas tienen un impuesto de un 10% y otras armas y municiones tienen un impuesto del un 11%. Estos impuestos recaudan menos ingresos que el impuesto federal sobre cigarrillos, vino o boletos aéreos. Es hora de que el Congreso aumente esas tasas, a un 30% para las armas y a un 50% para las municiones, tanto para reducir las ventas de armas y municiones como para generar ingresos nuevos federales que podamos usar para la prevención de la violencia armada y la aplicación de las leyes existentes.

  • Establecer un período de espera real. Los períodos de espera previenen la violencia impulsiva con armas, reducen los suicidios con armas de fuego en un 7–11% y los homicidios con armas en un 17%. En los últimos 5 años, un período de espera nacional habría detenido al menos 4,550 muertes por armas de fuego. El gobierno federal debe establecer un período de espera de una semana para todas las compras de armas de fuego.

  • Limitar las compras de armas de fuego. Aproximadamente una de cada cuatro de las armas de fuego recuperadas en la escena de un crimen fueron parte de una compra a granel. El Congreso debería limitar la cantidad de armas que se pueden comprar a una por mes, similar a una ley de Virginia que redujo la probabilidad de que las armas compradas ahí se usen en actividades delictivas.

  • Creación de una ley federal contra el tráfico de armas. El Congreso debe dejar en claro que el tráfico de armas de fuego o la participación en "straw purchases"—cuando un individuo compra un arma en nombre de un comprador prohibido—son delitos federales. Esto le daría a la policía nuevas herramientas para combatir el tráfico de armas y para mantener las armas de fuego fuera de las manos equivocadas.

  • Elevar la edad mínima para la compra de armas. Extenderé los requisitos existentes de edad mínima a todas las ventas, pero la ley federal actual es conflictiva; por ejemplo, una persona debe tener 21 años para comprar una pistola de un distribuidor con licencia federal, pero solo 18 años para comprar un rifle. El Congreso debería establecer la edad mínima federal a 21 años para todas las ventas de armas.

Podemos hacer más para mantener las armas de asalto de estilo militar fuera de nuestras calles. Haremos eso al:

  • Aprobar una nueva prohibición federal de armas de asalto. La prohibición federal de armas de asalto de 1994 redujo las muertes por armas de fuego, pero expiró 10 años después. El Congreso debería prohibir nuevamente la producción, venta e importación futura de armas de asalto de estilo militar, y exigir a las personas que ya poseen estas armas que las registren bajo la ley Nacional de Armas de Fuego. Tal como lo hicimos con las ametralladoras después de la aprobación de esa ley, deberíamos establecer un programa de recompra para permitir que aquellos que lo deseen devuelvan su arma para su eliminación, y las personas que no se registren o no devuelvan su arma de asalto enfrentarán sanciones.

  • Prohibición de los tambores de municiones de alta capacidad. Se utilizaron tambores de alta capacidad en el 57% de los tiroteos masivos entre 2009 y 2015, lo que permitió a los tiradores apuntar a un gran número de personas sin tener que detenerse para recargar. El Congreso debería aprobar leyes  que prohiban a nivel federal los tambores de gran capacidad en todas las armas de fuego para así limitar la letalidad de estas armas

  • Prohibir los accesorios que hacen que las armas de fuego sean más letales. Los fabricantes de armas venden accesorios cada vez más letales, incluyendo silenciadores, manivelas de disparo y otros mecanismos que aumentan la velocidad de disparo o hacen que las armas semiautomáticas sean completamente automáticas. El Congreso debería prohibir estos accesorios peligrosos.

También debemos hacer todo lo posible para mantener las armas fuera del alcance de las personas con mayor riesgo de violencia. Haremos eso al:

  • Aprobar leyes de protección contra riesgos extremos. Las órdenes de protección contra riesgos extremos permiten que las familias y las fuerzas policiales soliciten restringir temporalmente el acceso a armas de fuego para personas en crisis o con un riesgo elevado de hacerse daño a sí mismos o a otros. El Congreso debería aprobar una ley federal de riesgo extremo y crear un sistema de subvenciones para incentivar a los estados a aprobar sus propias leyes que definan claramente el riesgo extremo.

  • Prohibir la posesión de un arma de fuego a cualquier persona condenada por un delito de odio. Con demasiada frecuencia, las armas se usan en actos de violencia masiva para provocar miedo en las comunidades minoritarias; más de 10,000 crímenes de odio involucran un arma cada año. Se debe prohibir, permanentemente, la posesión de un arma de fuego a cualquier individuo condenado por un delito de odio.

  • Proteger a los sobrevivientes de abuso doméstico. La violencia doméstica y la violencia armada están conectadas: en un mes promedio, más de 50 mujeres son asesinadas a tiros por una pareja íntima. Cerraré el llamado “vació  legal de los novios”, pero el Congreso debería hacer esto permanente, y ampliar la ley para incluir a las personas con órdenes de restricción o que han sido condenadas por acoso.

  • Asegurar nuestras escuelas. Los padres no deberían tener que comprar mochilas a prueba de balas para sus hijos: las armas no tienen lugar en nuestras escuelas. El Congreso debería mejorar la Ley de Zonas Escolares Libres de Armas para incluir planteles universitarios, y aplicarla a individuos con licencia de un estado o localidad para portar armas de fuego.

Si queremos un cambio real y duradero, debemos responsabilizar a la industria de armas, incluyendo a los sitios en línea que se hacen de la vista larga cuando los vendedores abusan de sus plataformas. Haremos eso al:

  • Derrogar la Ley de Protección del Comercio Legal de Armas. Casi todas las demás industrias tienen una responsabilidad civil por acciones irresponsables con sus productos, pero una ley de 2005 aísla a las armas de fuego y a los comerciantes de la responsabilidad civil cuando se usa un arma de fuego para cometer un delito, incluso en los casos en que los mismos comerciantes fueron irresponsables. Nadie debería estar por encima de la ley, y eso incluye a la industria de armas de fuego. El Congreso debería derogar esta ley, de inmediato.

  • Hacer que los fabricantes de armas sean estrictamente responsables por el daño que causan a través de un derecho de acción privado federal. Los fabricantes de armas obtienen miles de millones en ganancias vendiendo productos letales. Luego se libran por completo cuando individuos infligen daño a miles de víctimas cada año con sus productos letales. La ley estatal de responsabilidad civil ya reconoce que ciertos tipos de productos y actividades son tan peligrosos que las entidades encargadas de ellos deben ser responsabilizados cuando las personas resultan heridas. El Congreso debería codificar ese mismo principio a nivel federal para las armas mediante la creación de un nuevo derecho privado de acción que permita a los sobrevivientes de la violencia armada retener al fabricante del arma que los perjudicó por daños compensatorios a la víctima o su familia.

  • Fortalecer el ATF. La NRA siempre ha tratado de obstaculizar a la ATF, abogando en contra del aumento de personal y fondos para la agencia y haciendo que sus aliados del Congreso le imponga restricciones absurdas, aun cuando la agencia batalló por cumplir con sus responsabilidades básicas. El Congreso debería financiar por completo los programas de ATF y eliminar las restricciones que le impiden hacer su trabajo.

  • Regular las armas de fuego para la seguridad del consumidor. Hoy en día no existen normas federales de seguridad para las armas de fuego producidas en los Estados Unidos. Podemos retirar productos inseguros del mercado como trampolines u otros productos, pero no pistolas defectuosas. El Congreso debería derogar la provisión que impide que la Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor regule la seguridad de las armas de fuego y sus accesorios.

  • Supervisar estrictamente a los comerciantes de armas. No existe un requisito para que las tiendas de armas con licencia federal tomen medidas para evitar que las armas caigan en las manos equivocadas. El Congreso debe aprobar normas básicas de seguridad que estos comerciantes de armas deban seguir, incluyendo las verificaciones de antecedentes de los empleados, armarios cerrados bajo llave e inventarios actualizados.

  • Hacer a los ejecutivos corporativos de la industria de armas rendir cuentas. He propuesto una ley que impondría responsabilidad penal y tiempo en la cárcel para los ejecutivos corporativos cuando su empresa sea declarada culpable de un delito o su negligencia cause daños graves a familias estadounidenses, y eso incluye a los ejecutivos de la industria de armas.

Tragedias como los tiroteos que vimos en El Paso y Dayton captan nuestra atención y dominan la conversación sobre la reforma de armas. Pero son solo una parte de la violencia armada en los Estados Unidos. Todos los días, perdemos cien estadounidenses por la violencia armada, con cientos más heridos físicamente e innumerables más traumatizados mentalmente y emocionalmente. Y los afroamericanos y latinx han sido los más afectados por la violencia armada en nuestro país.

En el pasado, esas estadísticas se han utilizado para justificar el aumento de la vigilancia y las leyes de sentencia estrictas. Las comunidades ya traumatizadas por la violencia armada fueron doblemente víctimas de las políticas que encerraron a sus jóvenes sin darles una segunda oportunidad. Este es el momento de demostrar que hemos aprendido del pasado y trazar un nuevo camino. Esto comienza al reconocer que la violencia armada es una crisis de salud pública, una que no puede ser resuelta únicamente por el sistema de justicia penal.

Podemos comenzar a hacerlo invirtiendo en programas de intervención comunitaria. Los fondos de subvenciones federales de hoy se centran en la aplicación de la ley y el encarcelamiento, en lugar de intervenciones diseñadas para detener la violencia armada antes de que ocurra. Los datos en las comunidades urbanas indican que la mayoría de la violencia es perpetrada por un pequeño número de delincuentes, y muchas ciudades han tenido éxito con programas que identifican a las personas con mayor riesgo de convertirse en víctimas o perpetradores de un delito violento con armas de fuego y luego emplean estrategias para interrumpir el ciclo de violencia antes de que se intensifique. Programas que involucran a la comunidad circundante, emplean la mediación para evitar represalias, crean confianza con las fuerzas policiacas y proporcionan los servicios sociales necesarios a largo plazo para reducir drásticamente las tensiones y la violencia. Como presidenta, estableceré un programa de subvenciones para invertir y pilotar este tipo de programas de intervención basados ​​en evidencia.

Estudios anuales y reautorización anual 

Históricamente, cuando el Congreso ha trabajado para abordar grandes problemas nacionales, no simplemente aprobamos una ley y cruzamos los dedos esperando que todo funcione. Más bien continuamos analizando y pensando--ideas para nuevas políticas y las consecuencias de nuestras políticas existentes--y luego actualizamos la ley regularmente.

No hacemos esto con las armas de fuego. No solo no hemos aprobado un proyecto de ley significativo en casi una generación, sino que gracias a la NRA, durante décadas el Congreso prohibió el uso de fondos federales para promover la seguridad de las armas, congelando efectivamente casi todos los estudios sobre métodos para reducir la violencia armada. El año pasado, el Congreso finalmente aclaró que la CDC podría realizar estudios sobre la violencia armada, pero no se le proporcionaron fondos para hacerlo.

Esto termina cuando sea presidenta. Mi presupuesto incluirá una inversión anual de $100 millones para que el Departamento de Justicia y el Departamento de Salud y Servicios Humanos realicen investigaciones sobre las causas fundamentales de la violencia armada y las formas más efectivas para prevenirla, mediante el análisis de los patrones de tráfico de armas e investigando nuevas tecnologías para mejorar la seguridad de las armas. Estos fondos también se utilizarán para estudiar las reformas que promulgamos, para ver qué está funcionando, qué nuevas ideas deberían agregarse y qué políticas existentes deberían ajustarse. Y cada año, enviaré al Congreso un conjunto de reformas actualizadas basadas en esta nueva información. Así es como alcanzaremos nuestro objetivo.

La conversación sobre la violencia armada en Estados Unidos está cambiando, pero no solo porque hemos visto un aumento en la violencia impulsado por la NRA y la retórica extremista de la administración Trump. También se debe al trabajo incansable de activistas, organizadores y líderes comunitarios que han estado luchando por la reforma a nivel estatal y local.

Si necesitas pruebas de que la mayoría de los estadounidenses apoyan una reforma de armas sensata, mira lo que sucede en las legislaturas estatales y los ayuntamientos municipales de todo el país. Madres, estudiantes y líderes religiosos han llenado las salas de audiencias y recuperado los espacios que antes estaban reservados para los grupos de la NRA. Los sobrevivientes de tiroteos masivos están haciendo el trabajo crítico de dirigir nuestra atención a la violencia armada diaria en ciudades que no aparecen en los titulares.

Y está funcionando. Los estados que pasan las verificaciones de antecedentes expandidas ven tasas más bajas de muertes relacionadas con las armas y el tráfico de armas. Los estados que desarman a los abusadores domésticos ven tasas más bajas de violencia armada por parte de sus parejas. Los estados con leyes de riesgo extremo han tenido éxito en la reducción de los suicidios con armas de fuego y las han utilizado para prevenir posibles tiroteos masivos. Los programas de intervención comunitaria están apareciendo en ciudades por todo el país.

Juntos, podemos aprovechar este movimiento que va en caminoPodemos construir un movimiento de base comunitaria para recuperar el Senado, eliminar el “filibuster” y aprobar una legislación federal sobre seguridad de armas que salvará vidas. Y desde la Casa Blanca, me aseguraré de que la NRA y sus amigos rindan cuentas con la acción ejecutiva. Si convertimos nuestra angustia y nuestra ira en acción, sé que podemos tomar el poder de la NRA y los legisladores quienes han comprado y devolverlo al pueblo.